El Gobierno da un paso más en la lucha por los derechos de los ciudadanos, en este caso especialmente de aquellos con algunas discapacidades y sus familias. La coalición ha alcanzado un acuerdo con el PDeCAT para impulsar una reforma fiscal a nivel estatal con el objetivo de proteger el patrimonio de personas con discapacidad en todas las comunidades autónomas, incluido Cataluña y Navarra. En concreto, se trata de la modificación de la ley de protección patrimonial así como del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria para que las aportaciones en bienes y capital se beneficien del mismo régimen fiscal en toda España, algo que no sucedía en estas dos regiones.
Reforma para aunar la fiscalidad
Este miércoles, en medio del ruido generado por la fallida moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, se han producido nuevos avances en pro de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y es que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo para modificar la Ley General Tributaria en transposición de una directiva europea relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. El objetivo: unificar los beneficios fiscales de los patrimonios protegidos en favor de las personas con discapacidad en todo el territorio español, incluido Cataluña y Navarra. Hasta ahora estas dos autonomías cuentan con un régimen fiscal propio debido a que se rigen por un derecho civil propio.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa en el Congreso de los diputados el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, quien ha alcanzado el acuerdo con la coalición en el marco de la ponencia para modificar la Ley General Tributaria. El representante catalán ha explicado que en 2003 se estableció una ley a nivel estatal para la protección patrimonial de las personas con discapacidad pero en 2011 Cataluña modificó su código civil enmarcado en su vecindad catalana propia para establecer sus mecanismos de constitución de patrimonios protegidos para este colectivo. De esta forma, a aquellos que entraban en la legislación autonómica "se les negaban los beneficios fiscales" que estaban contemplados en la ley nacional.
Cataluña y Navarra, las excepciones
A raiz de esta modificación, la Agencia Tributaria realizó "una interpretación" -dice Bel- por las que los beneficios fiscales fijados en la legislación estatal únicamente eran aplicables a aquellas personas que constituyeran patrimonios protegidos de acuerdo con la misma, por lo que a aquellos que no se podrían acoger a estas por formar parte de las otras dos regiones no podrían deducirse la cantidad total de la base imponible del IRPF y, por lo tanto, tributaban. "En Cataluña, en cambio, no podían hacer esto. Una situación muy similar a lo que pasaba con la legislación foral de Navarra, que también tiene su código civil", ha añadido el portavoz parlamentario.
Al hilo, Bel ha puesto de ejemplo para ahondar en la situación el caso de unos padres que hacen una aportación al patrimonio protegido de sus hijos de 10.000 euros al año para que, cuando ellos falten, sus descendientes puedan hacerse cargo del pago de una residencia o de una persona cuidadora. "Estos 10.000 euros de una persona en el resto del estado español se deducían de la base imponible del IRPF y no tributaban, en cambio los catalanes no podían hacer esto", ha sostenido. Por ello, la formación ha propuesto al Ejecutivo introducir una disposición a la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria para revertir la situación y equipararla.
Un "agravio" comparativo
Con ello buscan que "todos los beneficios fiscales establecidos en esta ley, o en cualquier otra norma tributaria estatal, relativos a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad constituidos con arreglo a la misma" puedan ser "aplicables a los formalizados de acuerdo con las respectivas leyes que regulen esta figura con la misma finalidad en las distintas comunidades autónomas". "Hasta ahora la AEAT negaba los beneficios fiscales al patrimonio protegido por personas con discapacidad constituido en base al Código Civil catalán. Acabamos con un agravio para muchos catalanes con familiares con discapacidad", ha sostenido ante los medios de comunicación Bel, que ha celebrado el acuerdo con el Gobierno.
"Esto es, esencialmente, hacer política porque todas aquellas familias con personas con discapacidad en Cataluña van a saber que gracias a la intervención del Partido Demócrata se les van a poder aplicar los mismos beneficios fiscales que se aplican en el resto de España y no van a tener ningún tipo de contingencia con la Administración Tributaria", ha concluido. Ahora, la Comisión de Hacienda tendrá que votar este acuerdo la próxima semana para que continúe con su trámite en el Senado.
