Ni la Oficina de Conflictos de Intereses, ni la Fiscalía, ni la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ven indicios de delito en las actuaciones de Begoña Gómez. A pesar de ello, el juez que abrió diligencias contra la mujer de Pedro Sánche, Juan Carlos Peinado, insiste en continuar con la investigación y maniobra en vísperas de las elecciones europeas. Así se desprende de las informaciones de las últimas horas, a partir de las cuales se ha podido conocer que el magistrado ha citado a seis testigos tres días antes de los comicios al continente. En concreto, cinco de ellos declararán el 6 de junio y un sexto el día siguiente -justo dos antes de la nueva llamada a las urnas- a raíz de la denuncia del pseudosindicato de extrema derecha Manos Limpias.
De la Oficina de Conflictos a la UCO
Por orden cronológico, primero fue la Oficina de Conflictos la que, en su caso, archivó un documento interpuesto por el PP a mediados de marzo por la presunta relación del rescate de Air Europa en 2020 y los “vínculos de naturaleza económica y profesional” de la esposa de Sánchez. La entidad fue muy clara: “No se da el supuesto previsto en la norma que permita considerar que el presidente del Gobierno haya podido incurrir en una causa de abstención que obligue a iniciar un procedimiento de investigación”.
Más de un mes después se pronunció la Fiscalía. El órgano jurídico presentaba un recurso contra la decisión, ya sí, del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de abrir una investigación contra Gómez a instancias del texto elevado por Manos Limpias basado en recortes de prensa. La entidad emitió que la denuncia no aporta ningún indicio que pudiera justificar la apertura de una causa penal.
Si el hecho anterior se producía en medio de la decisión del líder del Ejecutivo de parar cinco días para reflexionar si seguir o no en la presidencia tras las acusaciones sobre su entorno, recientemente -los últimos días de hecho- y en plena crisis diplomática con Argentina por los exabruptos de Javier Milei. la UCO ha dado una nueva estocada a PP y Vox.
El pasado martes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a la que tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abacal ignoran, emitía un informe con el que negaba apreciar indicios de delito en las actuaciones de la esposa de Sánchez ni prueba alguna de que ésta tuviera un papel destacado en el rescate de Air Europa.
No es un dato menor, más allá de la entidad a la que se refiere, porque fue el propio Peinado quien encargó a la UCO un informe sobre las presuntas operaciones en las que habría influido Begoña Gómez, dando pie así a un posible delito de tráfico de influencias que, hasta la fecha, la oposición, por más que lo ha intentado, no ha sido capaz de demostrar.
El hecho obedece al rescate de la aerolínea aprobado por el Consejo de Ministros en plena pandemia a través de dos préstamos de 475 millones de euros y las ayudas a la compañía Red.es, dependiente en aquel momento del ministerio de Economía y cuyo propietario es Juan Carlos Barrabés, quien habría engrosado la nómina de profesores del máster de Transformación Social Competitiva de la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Su sociedad InnovaNext SLU también fue adjudicataria del Ayuntamiento de Madrid bajo el mandato de José Luis Martínez-Almeida. Y al consistorio de Cibeles hay que sumar otras tantas compañías privadas y partes de la Administración Pública.
Este último documento supone un nuevo jarro de agua fría para las fuerzas conservadoras. En él, los investigadores resuelven que no han apreciado el más mínimo indicio de tráfico de influencias en contra de lo que Manos Limpias refrendaba basándose en informaciones de unos pocos medios a los que no tardó en dejar solos. Desglosando un poco el texto, la UCO advirtió por un lado que no se ha podido acreditar ni se dispone de datos para ello, la influencia de la mujer del responsable de Moncloa en el hecho mencionado. Así las cosas, respalda que el único elemento que pudiera vincular a Gómez con la propietaria de Air Europa, Globalia, es que coincidiera con uno de sus principales directivos, Javier Hidalgo, en dos eventos que tuvieron lugar en 2020 y en los que participó la filial del mencionado grupo, Wakalua. No hay nada que pueda relacionar estos “hitos”, subrayan los encargados de analizar el documento, con lo aprobado en pandemia por el Consejo de Ministros.
En lo respectivo a la cartas de recomendación -enmarcadas en los concursos convocados por Red.es que se orientaron a distintos planes de formación de nuevas tecnologías y dos de cuyos lotes se adjudicó a InnovaNext-, el organismo dependiente de la Guardia Civil destaca que se incluyeron hasta 32 de empresas privadas y entidades púbicas, entre ellas el Consistorio de Cibeles. De hecho, se fraguaron un total de 28 contratos con la Administración Pública.
En otro orden de cosas, la UCO revela que no existe relación entre las personas que firmaron las calificaciones de la oferta y Gómez ni recepción de subvenciones alguna por parte de esta segunda.
El juez llama a declarar a seis personas -entre ella Barrabés- en víspera de las europeas
El juez ha citado a declarar el próximo 6 y 7 de julio a seis personas, entre ellas el propio Barrabés -este último en la segunda de las fechas-. El resto de personas a las que Peinado ha llamado son Luis Antonio Martín Bernardos, David Mateo Cerco Jiménez de Parga, Alberto Martínez Lacambra, Ignacio Especjo Saavedra Hernández y Luis Prieto Cuerdo.
Síguenos en Whatsapp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes.
