En plena crisis institucional entre Argentina y España a cuenta de las polémicas insinuaciones de Javier Milei sobre Begoña Gómez, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha enviado un informe al juez Peinado advirtiéndole de que no ve indicios de delito en sus actuaciones ni hay prueba alguna de que tuviese un papel destacado en el rescate de Air Europa. Un jarro de agua fría para el presidente de Argentina, para el PP y para Vox, que no han dudado en extender la sombra de la corrupción una y otra vez sobre la figura de la esposa del presidente del Gobierno.
Según publica El País, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no aprecia indicios de delito de tráfico de influencias en el informe remitido al titular del Juzgado Número 41 de Madrid que abrió diligencias contra Begoña Gómez tras la denuncia presentada por el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. El magistrado Juan Carlos Peinado admitió a trámite la querella y abrió la investigación el pasado 23 de abril contra la mujer del presidente del Gobierno. Una denuncia, cabe precisar, basada en recortes de noticias de diversos digitales, incluyendo algunas expresamente falsas.
El juez encargó a la UCO un informe sobre las presuntas operaciones en las que habría influido Begoña Gómez y que desembocaron en cuantiosas ayudas públicas a empresas privadas. Se trata del rescate de Air Europa en plena pandemia, aprobado por el Consejo de Ministros a través de dos préstamos de 475 millones de euros) y las ayudas de la empresa Red.es, dependiente del ministerio de Economía en aquel momento, a la empresa Innova Next. El propietario de esta firma, Juan Carlos Barrabés, habría engrosado la nómina de profesores del máster de Transformación Social Competitiva de la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense.
Ni rastro de delitos
Los investigadores analizan en el informe ambas ayudas, sin apreciar el más mínimo indicio de tráfico de influencias, contra el criterio del pseudosindicato ultra. Por un lado, indican que no se ha podido acreditar, ni disponen de datos para hacerlo, la influencia de Begoña Gómez en el rescate que el Gobierno aprobó en 2020 a la aerolínea. Refrendan que el único elemento que vincularía a la mujer de Pedro Sánchez con Globalia (propietario de Air Europa) es que coincidiera con uno de sus principales directivos, Javier Hidalgo, en dos eventos que tuvieron lugar en 2020 en los que participaba la filial del grupo mencionado, Wakalua. Según El País, los agentes del Instituto Armado subrayan que no hay constancia de que “estos hitos” pudieran estar relacionados con la decisión del Consejo de Ministros.
Por otro lado, desgranan los concursos convocados por Red.es orientados a distintos planes de formación en nuevas tecnologías, resaltando que dos de cuyos lotes se adjudicaron a la compañía de Juan Carlos Barrabés. En la oferta se incluyó hasta 32 cartas de recomendación de empresas privadas, pero también de entidades públicas; entre las que figura una firmada por Begoña Gómez y otra por la responsable de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. De hecho, los investigadores precisan en su informe que las firmas de Barrabés han suscrito hasta 28 contratos con la Administración pública en los últimos años, incluyendo un acuerdo con el Consistorio madrileño, bajo el gobierno del Partido Popular, de unos cuatro millones de euros. En este sentido, destacan que las adjudicaciones en los concursos de Red.es -cuya cifra total asciende a 10 millones- son las más copiosas de toda la historia de esta entidad.
La UCO puso la lupa sobre la composición de la mesa de contratación que adjudicó a la empresa de Barrabés dos de los lotes que salieron a concurso, así como a la participación de dos de sus componentes en las ponderaciones subjetivas del abanico de ofertas. Los agentes concluyen que no se han hallado vinculaciones entre las personas que firmaron las calificaciones de las ofertas y Gómez. Además, tampoco percibieron elementos diferenciadores en la valoración de propuestas del concurso que ganó Barrabés y el resto de expedientes “en lo que se refiere a los criterios dependientes de juicios de valor”. Así, sostienen que “no se han identificado” pruebas concluyentes que respalden la denuncia del sindicato de extrema derecha.
No hubo subvención pública
De la investigación se desprende que tampoco se ha identificado la recepción de subvención alguna por parte de Begoña Gómez. No consta así al menos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones consultada para la investigación. De este modo, tiran por tierra la información de The Objective que Manos Limpias incluyó en su denuncia y que acusaba al Gobierno de ocultar “el importe de una subvención a nombre” de la mujer del presidente del Gobierno y que la ilustraba una fotografía de la mujer de Sánchez.
La doctrina del Tribunal Supremo en lo relativo al tráfico de influencias indica lo siguiente: “El tipo penal exige la existencia de una relación personal del sujeto con una autoridad o funcionario público. Pero no es suficiente la existencia de la misma, sino que, además, es necesario que el sujeto actúe prevaliéndose de ella y que, de esa forma, influya en quien debe resolver. Precisamente, porque el tipo exige que esa influencia vaya orientada a conseguir una resolución, y no cualquier otra clase de comportamiento. La influencia ha sido entendida por la jurisprudencia como una presión moral eficiente sobre la voluntad del que debe resolver, con capacidad para alterar el proceso de motivación introduciendo en él elementos distintos del interés público al que debe atender”.
Sin embargo, valiéndose de esta jurisprudencia, ninguna de las exigencias reflejadas aparece en las investigaciones de la UCO, cuyo informe ya descansa en la mesa del magistrado Peinado. El instructor ya tomó declaración el pasado viernes a dos periodistas de los medios digitales que han publicado estas informaciones sobre Gómez, aunque según precisa El País, tampoco se desprenden de sus testificales indicios del tráfico de influencias que se investiga.
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