La Comunidad de Madrid disfruta desde este lunes de las libertades relativas que concede la fase 1 al territorio. La temporada de terrazas fue inaugurada por Begoña Villacís y las calles empiezan a llenarse de ciudadanos que ya no están obligados a pasear con solo un acompañante y que pueden sociabilizar con amigos y familiares. Por el momento, tal y como ha asegurado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la región se decanta por esperar una semana más para pedir avanzar a la fase 2, respetando así los 14 días de plazo que el Gobierno considera preceptivos para saber cómo avanza la situación epidemiológica en cada nuevo escenario.

Calma que difiere con la actitud mostrada por Isabel Díaz Ayuso y su núcleo duro a lo largo del último mes. Siempre que ha tenido opción, y aunque la situación sanitaria no fuera proclive al avance en la desescalada, el Gobierno autonómico ha solicitado a Sanidad pasar a la fase 1. Si Castilla y León o Cataluña han sobresalido por su cautela, pidiendo solo el avance de ciertas áreas sanitarias con una situación idónea, el Ejecutivo madrileño ha arremetido contra la administración central por cada ‘no’ que ha recibido. Pedro Sánchez ha sido el foco de todas las críticas, llegando a ser responsabilizado de tener “rehenes” y “secuestrados” a los ciudadanos madrileños.

Pero, a tenor de los informes técnicos de cada comunidad autónoma que ha hecho públicos este martes el Ministerio de Sanidad -ya están disponibles en su página web-, las críticas de Pablo Casado y su brazo ejecutor, Isabel Díaz Ayuso, no responden a una realidad científica. De hecho, incluso podría decirse que el Gobierno ha sido más indulgente con la Comunidad de Madrid que con otras provincias, promocionando a su región a la fase 1 con una Incidencia Acumulada (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) mucho mayor de la que tenían otros territorios a los que no se les permitió avanzar de fase.

1.Informe que avala el paso de Madrid a fase 1 el lunes 25 de mayo
 

La Incidencia Acumulada (IA) es uno de los indicadores que rigen las decisiones de los expertos que deciden qué provincias dan un paso más hacia la nueva normalidad. Una foto fija que marca cuántos casos tiene el territorio por cada 100.000 habitantes, analizando así de dónde parte cada territorio en el momento en el que solicita el cambio de fase. ¿Y cuál era el de Madrid? El 11 de mayo Sanidad no aceptó los propósitos de Ayuso por apreciar un IA de 58,6 en los últimos 14 días; el 18 de mayo se volvió a negar la fase pese al descenso hasta el 39,74. Finalmente, la solicitud madrileña contó con el ‘sí’ de Sanidad con un IA de 35,88 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes.

Un descenso progresivo que, sin embargo, y teniendo en cuenta la media nacional, era insuficiente. Pese a esto, el Ministerio de Sanidad, que ha explicado que otras fortalezas pueden paliar una desventaja a la hora de avanzar hacia la nueva normalidad, aceptó el requisito de Madrid amparándose en el fortalecimiento de la Atención Primaria para rastrear casos de covid-19, la capacidad de asistencia hospitalaria, sus camas UCI (por encima de la media), el descenso de la presión hospitalaria, el incremento de su capacidad para hacer pruebas PCR y las mejoras de atención en residencias.

¿Situación privilegiada?

Las acusaciones de Ayuso y de la derecha al Gobierno central han sido feroces. El PP ha llegado a decir que las decisiones de los expertos de la desescalada respondían a una cuestión política, no amparada en motivos técnicos y científicos. Al margen de que hacían esta crítica mientras Murcia (gobernada por el PP) pasaba a fase 1 y Castilla-La Mancha (regida por el PSOE) veía cómo la mayoría de su territorio se quedaba en fase 0, tampoco contaban cuál era la incidencia del virus en su territorio, muy por encima de otras provincias que también se quedaban en fase 0.

Así las cosas, basta comparar el número de casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes que tenían otros territorios con el mismo patrón con el que Madrid consiguió avanzar. Mientras la Comunidad de Madrid pasó a fase 1 este lunes 25 de mayo con un IA de 35,88 en los últimos 14 días, provincias que lo pidieron el pasado 11 de mayo como Albacete (14,9), Ciudad Real (9,5), Toledo (11,7), Málaga (7,2) o Granada (21,1) vieron sus solicitudes denegadas tiempo atrás.

En el caso de las dos provincias andaluzas, se argumentaba que había distritos sanitarios en una situación peor que el resto de la provincia, pero, a tenor de la localización geográfica (colindaban con el resto de las áreas), era preferible que la totalidad de sendas provincias se quedaran en fase 0.

Así, tanto Málaga como Granada tuvieron que esperar una semana más para pasar a la fase 1 y disfrutar de las mismas libertades que los ciudadanos del resto de provincias andaluzas. En el momento en el que lo hicieron, el lunes 18 de mayo, su IA había descendido: Málaga registraba 3,8 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes y Granada 7,8.

También se paralizó el avance de ciertas áreas sanitarias de la Comunidad Valenciana en su primera petición al apreciar que algunas áreas sanitarias rondaban los 50 casos/100.000 habitantes. No se dejó avanzar a todo el territorio hasta la semana del lunes 18 de mayo, cuando el indicador se redujo drásticamente en las tres provincias valencianas: Alicante, con un 15,9; Valencia, con un 10,41; y Castellón, con un 11,2.

Por su parte, tanto Cataluña como Castilla y León, conscientes del alto impacto del virus en las principales ciudades de sus comunidades autónomas, únicamente solicitaron el avance a fase 1 de zonas sanitarias con una IA por debajo de la media y con apenas impacto de la pandemia. Mientras el Gobierno de Fernández Mañueco solicitaba la desescalada para 26 áreas sanitarias de ámbito rural y el de Quim Torra lo hacía para cuatro áreas alejadas de las grandes urbes, Díaz Ayuso pedía que la ciudad con mayor número de afectados en toda España -todavía por encima que cualquier otra en contagios por 100.000 habitantes- pasara directamente a fase 1.

Dos semanas después, lo ha conseguido. Aunque, a tenor de la incidencia del virus, se prevé capital que la capacidad de rastreo de la atención primaria se realice a la perfección para evitar un nuevo brote.