El bipartito del PP y Vox en la Comunidad Valenciana ha acordado posponer los trámites de la cuestionada ley de “concordia”, que derogará la ley de Memoria Democrática, hasta pasadas las próximas elecciones europeas, que tendrán lugar el 9 de junio. Y es que este jueves arranca la campaña para los comicios, por lo que la estrategia de ambos partidos – tanto en Consell como en las Cortes Valencianas- se ha intensificado durante los últimos días a través de ciertas maniobras. Una de ellas ha sido la de retrasar el debate sobre la ley de concordia y transparencia que, según han declarado ambos grupos, se retomará “muy probablemente” en el siguiente pleno, que será posterior a las europeas. Esto permitirá a los ‘populares’ evitar un debate en la Cámara, algo que la oposición ha señalado como un orden estratégico elegido por el PP, ya que "temen que les pase factura la dignificación de la dictadura".

De esta manera, el portavoz ‘popular’ en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, ha asegurado la “urgencia” que se debe tener para avanzar con la ley de libertad educativa, con el objetivo de instaurar una “paz lingüística”; así como con la relacionada con la televisión pública para conceder “seguridad jurídica” a la radiotelevisión pública valenciana.

“Estamos muy felices con la ley de concordia", ha afirmado. “Tanto para no haber presentado más que una enmienda que corrige un error en la tramitación”. Estas normas, impulsadas por PP y Vox también en Aragón y Castilla y León, constituyen, según ha señalado el Gobierno central un “blanqueamiento de la Dictadura franquista”, ya que no sólo sustituye a la Ley de Memoria Democrática de 2017, sino que no obliga a retirar símbolos franquistas, elimina los mapas de fosas comunes y retira subvenciones a organizaciones que lleven a cabo tareas en favor de la memoria democrática. La ley perteneciente a la Comunidad Valenciana cuenta tan sólo con cinco artículos, por los cuáles disuelve todos los organismos públicos derivados de ella, como el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, elimina las subvenciones a las asociaciones de memoria democrática y todos sus procedimientos, menos las exhumaciones que ya estén en marcha.

Por su parte, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha seguido la misma línea que su socio del PP, asegurando sobre el calendario electoral que “una semana o 15 días no cambia la celeridad, pero siempre hay prioridades”, ha expresado. 

Se acelera la reprobación de Teresa Ribera

A pesar del aplazamiento para debatir la cuestionada ley, las fuerzas del Consell sí han acelerado los trámites para poner sobre la mesa cuanto antes otra cuestión: la propuesta de reprobar a Teresa Ribera por “mentir” sobre las aportaciones de agua extraordinaria para el lago de l’Albufera de València. A diferencia de la ley de concordia, esta iniciativa sí se aprobará en mitad de la campaña de las elecciones europeas, a las que Ribera concurre como cabeza de lista del PSOE. 

Enmiendas a la ley de Educación y RTVV

Por otra parte, las modificaciones propuestas por PP y Vox para la ley de Educación pasa por cuestiones como que los padres o representantes legales del alumnado escojan en qué lengua se examina en todas las etapas educativas, sin tener en cuenta la lengua en la que se imparta la asignatura. De la misma manera, el alumnado que no haya sido evaluado en la asignatura de valenciano durante alguno de los tres últimos cursos escolares podrá solicitar la exención en esta materia.

Respecto a la corporación de la radiotelevisión valenciana, la modificación impulsada por las fuerzas del Consell, dictan que la producción de los informativos queda en la propia casa, aunque se abre al intercambio de contenidos. “No podrá contratar ni ceder a terceros la producción de los informativos, sin perjuicio del intercambio de contenidos, la producción conjunta de noticias y obras audiovisuales o la colaboración en transmisiones, que se puedan acordar con otras entidades según se establece en el artículo 3 de la presente ley”, dice una de las enmiendas conjuntas.

Otro de los textos presentados por ambos grupos políticos añade que “tanto el Gobierno de España como el de la Comunitat Valenciana podrán hacer que se difundan, por los medios cuya gestión corresponde a la Generalitat, cuantas declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público se estimen necesarias, con indicación de su origen; las cuales se expresarán en las dos lenguas oficiales, castellano y valenciano. Por razones de urgencia, apreciadas en su caso por el gobierno que haga uso de tal derecho, la obligación de difundir estos comunicados y declaraciones tendrá efecto inmediato”.

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