El Partido Popular (PP), sobre el que se sustenta en la actualidad la alcaldía de La Adrada (Ávila), -pueblo en el que se sitúa a su vez el chalet “ilegal” del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado- permitió la legalización de la vivienda. Lo hizo en 2016 y con la presunta ayuda de Juan José Tomás Esteban, antiguo alcalde, fundador de un partido independiente y condenado por prevaricación.
Aquel año se celebró un pleno extraordinario forzado por los ‘populares’ que permitió que el suelo sobre el que está edificada la espaciosa vivienda pasara de ser “urbanizable” a calificarse como “urbano” mientras que la vivienda llevaba una década construyéndose.
El plan urbanístico que se encontraba vigente en la localidad castellanoleonesa cuando el chalet de Peinado obtuvo la licencia de obra -el 28 de octubre de 2004- obedecían a las normas subsidiarias de 1996, que consideraban el terreno como “urbanizable”, pero en ningún caso urbano. Esto es, que en ese solar no se podía construir en aquel momento al no disponer de licencia de obra, sino que había que desarrollar un plan parcial que llegaría después, según ha explicado el anterior alcalde del municipio y encargado de paralizar las obras al magistrado, Hilario Gabriel Ruda, a ElPlural.com.
A pesar de las trabas legales, Peinado consiguió la licencia de obra y comenzó a construir el chalet a pesar de no realizar -a menos no consta- las cesiones para dotaciones comunes como zonas verdes o calles que obliga el plan parcial. Esto fue en 2006 y diez años más tarde el terreno pasó de ser “urbanizable” a ser “urbano” en un pleno extraordinario que tuvo lugar en junio de 2016 con los votos favorables del PP y el concejal socialista Juan José Tomás Esteban (PSOE) quien, incomprensiblemente, se sitúa al frente del partido a nivel local en la actualidad.
El cambio de nomenclatura del solar salió adelante ante la inminente entrada en vigor de la normativa autonómica a partir de la cual “todo el suelo urbanizable pasará a suelo rústico común” en apenas unas semanas, tal y como advirtió el grupo ‘popular’. Los socialistas, por su parte, quedaron en minoría y se abstuvieron.
Condenado por prevaricación
Juan José Tomás Esteban fue alcalde de La Adrada por el PSOE entre 1999 y 2005, momento en el que fue condenado por prevaricación administrativa y en consecuencia inhabilitado durante un periodo de nueve años y tres meses.
Pese a ello, en 2023 encabezó la lista de los socialistas al municipio de Ávila, algo que a muchos les causó sorpresa no solo por la sentencia, sino porque en 2015 fundó un partido independiente que respondía a las siglas de USIA. No obstante, el propio Tomás aseguró que nunca había dejado de ser afiliado socialista y que volvió a ser militante una vez terminó su inhabilitación.
En la actualidad ha facilitado la alcaldía al PP a pesar de que Nuestra Tierra -formación local y progresista- tuvo más votos en los comicios.
Juan Carlos Peinado fue condenado a pagar a una constructora de la provincia de Ávila 75.366,61 euros por realizar obras en su chalet, según se desprende de una sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Madrid en respuesta a un recurso de apelación ante la sentencia dictada anteriormente por el Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid.
Según pudo saber este periódico, el conflicto encuentra su origen en “la necesaria conexión del sistema de saneamiento de dicha vivienda a la red municipal de saneamiento”, siempre según sentencia judicial. Del mismo modo, la Justicia dejó claro que la “única responsabilidad” de estos hechos recaía sobre el juez. “No es una mala construcción (por parte de la constructora), sino que la vivienda (…) carece de la necesaria conexión del sistema de saneamiento de dicha vivienda a la red municipal de saneamiento”, estimaba la sentencia judicial.
El magistrado intentó alegar en el juicio que la “planta sótano” del inmueble se encontraba “totalmente inundado, alcanzando las aguas una altura de unos 30 centímetros y habiéndose producido multitud de humedades en los parámetros de la fachada”, pero la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que el chalet no disponía “de la necesaria conexión del sistema de saneamiento de dicha vivienda a la red municipal”.
“Almacén” de 2.866 metros cuadrados en un entorno privilegiado
El chalet del juez que investiga a Begoña Gómez está inscrito en el Catastro como “almacén” a pesar de tratarse de una vivienda de cerca de 3.000 metros cuadrados. Asimismo, cuenta con dos plantas y piscina, mientras que el escenario que lo rodea está repleto de frondosa vegetación y alejado del ruido vecinal, tal y como pudo saber de primera mano ElPlural.com tras desplazarse a la localidad.
La Adrada (Ávila) es un pueblo que se encuentra a escasos minutos de Sotillo de La Adrada, el pueblo familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De igual forma, cabe destacar que la provincia siempre ha resultado de enorme importancia en la política nacional por nombres propios como quien fuera líder del PP antes que Alberto Núñez Feijóo, Pablo Casado; Ángel Acebes, ministro con José María Aznar, o Sebastián González Vázquez.
"Un mero trámite administrativo"
Juan José Tomás Esteban defiende que en 2016 era concejal y portavoz del grupo municipal USIA y que la votación a la que se refiere el artículo fue un "mero trámite administrativo", pues "las normas subsidiarias ya estaban aprobadas por la corporación municipal (2011-2015)".
"La situación irregular de la vivienda y de la piscina es responsabilidad de Roberto Aparicio Cuellar por no haber tomado medida alguna ante la situación de ilegalidad de la vivienda y la piscina, solo la denegacion de la licencia para la misma, sin actuar en consecuencia", señala. Asimismo, añade que "actualmente se está ejecutando un colector que está dentro del contrato suscrito con la empresa Aquialia, firmado por Roberto Aparicio como alcalde entre 2015 y 2023".
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