ElPlural.com ha desvelado en exclusiva el chalet “ilegal” de Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Este medio ha podido hablar con el antiguo alcalde de la localidad de La Adrada (Ávila), Hilario Gabriel Ruda (PSOE), que paralizó las obras en la vivienda del magistrado, dado que la casa no disponía, según cuenta a este periódico, de “licencia de obra, proyecto, plano, ni nada”. A continuación, ElPlural.com publica la conversación completa con el que fuera regidor del municipio, quien tomó la decisión de paralizar las obras en el chalet del juez Peinado.
Conversación de ElPlural.com con el alcalde que paralizó las obras de chalet “ilegal” del juez Peinado
Las siguientes líneas corresponden a la conversación entre el exalcalde de La Adrada, el socialista Hilario Gabriel Ruda, encargado de parar las obras de la vivienda “ilegal” del juez que ahora investiga a Begoña Gómez; y este medio de comunicación.
PREGUNTA (P): ¿Usted fue alcalde y paralizó las obras?
RESPUESTA (R): Sí. Soy yo.
P: Aunque han pasado muchos años, ¿se acuerda por qué se paralizaron las obras?
R: Porque estaba en plan de ejecución y no se podía construir la vivienda (…) Después hicieron el plan parcial en el 2016 (…) Se empezó a construir sin que estuviera hecho el plan parcial, sin permiso de obra.
P: Es decir, ¿que se comenzó a hacer sin licencia de obra ni nada?
R: Sin licencia de obra, ni proyecto, ni plano… Entonces el técnico lo paralizó y yo además lo tuve que hacer por decreto, porque siendo alcalde estaba más solo que la una…
P: ¿Recibió presiones para que no se paralizaran las obras?
R: No… se lo paré porque no estaba en condiciones de construcción y le envié una notificación de que si seguía así, el Ayuntamiento se vería obligado a tirárselo.
P: Sin embargo, el chalet continuó construyéndose.
R: Sí, sí, en 2016 se cambió el plan parcial con la nueva alcaldía (yo en 2016 ya no era alcalde y había dejado todo eso parado). El plan que había de ejecución lo pasaron a plan parcial y lo intentarían meter ahí… Pero bueno, cuando yo paré la obra lo hice porque no estaba en condiciones, no se podía construir.
P: Por lo tanto, se construyó de forma totalmente ilegal, sin licencia de obra…
R: Sí sí, la construcción que se empezó… Yo cuando dejo la alcaldía dejo paralizada la obra con la condición de que, si eso seguía adelante, el Ayuntamiento se vería obligado a tirársela.
P: ¿Y él presentó algún tipo de recurso o algo?
R: No, no. Eso lo hice yo todo por decreto, porque no tuve más remedio que hacerlo así.
P: Claro, porque si no hubiera actuado de forma tan contundente estaría cometiendo un delito…
R: Claro… Yo lo tuve que parar porque no estaba en condiciones de construirse. A mí no me presionaron, solo que él (el juez Peinado) me llamó diciéndome que había hecho mucho por el pueblo y que cómo no le daba permiso de obra. Y yo respondía que habría hecho todo lo que hubiera querido por el pueblo, pero que la ley es la ley.
P: ¿Y qué le decía que había hecho por el pueblo?
R: Ni le conocía de nada. Era una persona del pueblo como yo, pero no sé lo que habrá hecho por el pueblo.
P: Y a usted sí le dijo que cómo le paraba la obra con todo lo que había hecho por el pueblo.
R: Sí, que había hecho mucho por el pueblo y que cómo me portaba así. Esto fue verbalmente, por teléfono. Yo le expliqué que no se podía porque es que no se podía, claro... Cuando entré, cambié de técnico del Ayuntamiento porque no me gustaba y le dije que la vivienda no se podía construir.
P: Pero la casa ya se había empezado a construir.
R: Sí… estaba en salida de cimiento, y al Ayuntamiento se lo presentó sin permiso de obra, ni plano de ejecución. Llegó como con una propuesta al Consistorio, pero ya te digo, sin proyecto, ni pasó por el Colegio de Arquitectos… Y por eso tuvimos que pararlo.
Condenado a pagar más de 75.000 euros por realizar las obras
Tal y como contó en exclusiva este periódico, el magistrado fue condenado a abonar a una constructora de la provincia de Ávila la cantidad de 75.366,61 euros por realizar obras en la vivienda de la que disfruta en La Adrada. De esta manera se desprende en una sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Madrid en respuesta a un recurso de apelación ante la sentencia dictada con anterioridad por el Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid.
Según pudo conocer ElPlural.com, el conflicto encuentra su origen en “la necesaria conexión del sistema de saneamiento de dicha vivienda a la red municipal de saneamiento”, siempre según sentencia judicial. Asimismo, la Justicia evidenció que la “única responsabilidad” de los hechos recaía sobre Peinado.
Así las cosas, aunque en el juicio el magistrado alegó que la “planta sótano” de su chalet (que en la actualidad sigue apareciendo como Catastro Inmobiliario como un almacén) se encontraba “totalmente inundado, alcanzando las aguas una altura de unos 30 centímetros y habiéndose producido multitud de humedades en los parámetros de la fachada”; el órgano jurídico competente -la Audiencia Provincial de Madrid- sentenció que el inmueble no disponía “de la necesaria conexión del sistema de saneamiento de dicha vivienda a la red municipal”.
La sentencia judicial lo dejaba claro al estimar que “no es una mala construcción (por parte de la constructora), sino que la vivienda (…) carece de la necesaria conexión del sistema de saneamiento de dicha vivienda a la red municipal de saneamiento”.
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