El inicio del nuevo año político ha pillado al Gobierno a contrapié. Tras reafirmar su capacidad negociadora, cumplir con los plazos de Bruselas y fortalecer su agenda de socios habituales con la aprobación de las cuentas públicas en el Congreso de los Diputados, el segundo tramo de la legislatura ha arrancado con la agenda reformista del Ejecutivo siendo sometida a un gran escrutinio de los tribunales, contrarios a la nueva Ley de Vivienda, de la oposición, empeñada en fiscalizar desde todos los frentes el reparto de los fondos europeos, y de los socios de investidura, constantes en su exigencia de resultados más valientes tanto con la reforma laboral como con la limitación de precios de los alquileres.
Por el momento, desde Moncloa muestran tranquilidad y creen que finalmente se impondrá el sentido común y la altura de Estado en cada uno de los frentes más importantes de la agenda, pero son conocedores de que el calendario electoral puede derivar en un aumento de las fricciones contrario a la estabilidad requerida para consolidar el crecimiento económico. Enero ha empezado con una campaña palpable de acoso y derribo desde la oposición. Con las elecciones de Castilla y León a la vuelta de la esquina –serán el próximo 13 de febrero-, desde el PP dirigen su campaña en dos direcciones concretas: la defensa de la ganadería, aunque para ello sea necesario ir en contra de los postulados que defiende Europa e incluso alguno de sus ayuntamientos y gobiernos, y el reparto de los fondos europeos, del que desconfían al creer que Pedro Sánchez administra las concesiones de forma “arbitraria” para premiar a las autonomías socialistas.
A las labores de oposición que orquestan en Génova como hoja de ruta para ganar las próximas elecciones se suma el revés conjunto por el nuevo bono de ayudas al alquiler para jóvenes comprendidos entre los 18 y 35 años, el de los autónomos por los nuevos tramos ascendentes en el pago de la cuota mensual, el de los ciudadanos por el incremento de precios en el supermercado y la tarifa de la luz, el de los tribunales por los pormenores de la Ley de Vivienda y el de Europa por llegar a la primera gran votación del año, el que rija las reglas fiscales en la UE, sin apoyos conocidos y en situación de debilidad.
No es de extrañar que esta situación haya provocado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acostumbrado a un perfil más bajo cuando la situación es más tranquila, esté aprovechando cada una de las oportunidades que le brinda su agenda para insistir en un mensaje claro: España se la está jugando. El líder del Ejecutivo repite como un mantra las cuatro líneas básicas en las que toca mejorar con la llegada de los fondos Next Generation y la puesta en marcha de muchas de las medidas que siguen en el tintero de la coalición: la transición ecológica, la modernización digital del tejido productivo español, la cohesión territorial y la igualdad de género.
Cuatro aspectos pendientes que Sánchez circunscribe al apoyo del resto del arco parlamentario. Este mismo miércoles, presente en la presentación del Plan de apoyo a jóvenes para el acceso a la vivienda que ha hecho en en la sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en Alicante, Sánchez ha puesto en valor la necesidad de contar con los apoyos necesarios para blindar su reforma laboral y de seguir ampliando el Ingreso Mínimo Vital: "Un país digno no puede consentir ni la falta de empleo ni la precariedad laboral o también el retraso en la emancipación que sufren muchos jóvenes. Siempre hemos concebido las políticas para nuestros jóvenes como una política de Estado".
La judicialización de la política
Al revés jurídico del CGPJ, quien votó en contra de la nueva Ley de Vivienda que el Gobierno lleva retrasando más de un año y pretendía ser presentada este mismo martes en Consejo de Ministros, se suma el proceso de guerra jurídica que desde el Partido Popular prometen para sembrar de dudas la forma en que se reparte el dinero de los fondos europeos. Madrid fue la primera comunidad en hacerlo, presentando un recurso ante el Tribunal Supremo al apreciar “arbitrariedad” en la concesión de nueve millones a País Vasco, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Navarra. Le siguió la Galicia de Alberto Núñez Feijóo, mientras el resto de barones territoriales –Juan Manuel Moreno Bonilla, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras- siguen los casos de cerca para dar un paso adelante en caso de ser necesario.
Pero la guerra no solo llegará desde las comunidades autónomas. En este proceso de lawfare popular, los ayuntamientos jugarán un papel preponderante. Como adelantó el alcalde de Zaragoza, presidente del PP de Aragón y portavoz del partido en las reuniones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Jorge Azcón, desde las alcaldías del partido se luchará fuertemente para contrarrestar un proceso que, según el primer edil de la capital aragonesa, ya le ha tocado sufrir “en carne propia”.
En lo nacional, el PP ha pedido la comparecencia de todos los ministros del Gobierno para explicar detalladamente a qué se deben las asignaciones puestas en tela de juicio, para qué servirán y cuáles son los criterios técnicos para su concesión. En lo referente a los tribunales, los de Casado dan un paso atrás en su decisión de elevar el tema a Bruselas después de que la propia Comisión Europea haya sentenciado que son los Estados miembros los encargados de disponer las reglas de reparto.
Este firme alegato de Bruselas hace confiar al Gobierno en que el Tribunal Supremo fallará en la misma dirección en los recursos que interponga el PP. Sin embargo, el miedo es lógico, máxime después de que otra de sus medidas estrella, la Ley de Vivienda, se haya retrasado por los postulados de un CGPJ de mayoría conservadora y pendiente de renovación. Ha sido desde Unidas Podemos desde donde más virulenta ha sido la crítica, exclamando que la justicia volvió a proteger con su decisión a los fondos buitres y los grandes rentistas frente a los ciudadanos más vulnerables.
El bono social y la reforma laboral encienden a los socios
Si la relación con la oposición sigue sin visos de prosperar y derivar en grandes pactos de Estado, los socios de investidura vuelven a mostrarse contrariados por las últimas medidas del Gobierno. Este mismo miércoles la reforma laboral ha copado las críticas en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha sido de los más contundentes: "Para que se le llame reforma a una reforma laboral, tiene que cambiar algo, y bajo nuestro punto de vista cambia pocas cosas", ha subrayado, planteando posteriormente las demandas de su formación al Gobierno: recuperar las indemnizaciones de 45 días por despido y los salarios de tramitación; potenciar la inspección de trabajo para cuestiones como eliminar la brecha salarial; luchar contra la parcialidad y la precariedad; que prevalezcan los convenios autonómicos, y recuperar mecanismos para parar ERTE "abusivos" de empresas que han cobrado dinero público.
"ERC no negocia ni vota proyectos personales, porque quizá esto es un proyecto personal de Yolanda Díaz. La pregunta es: ¿por qué no quieren negociar con nosotros, ni tocar comas o aspectos que para nosotros son nucleares? ¿Porque al final lo cerrarán con Ciudadanos?”, sentenciaba Rufián. Cabe recordar que el PNV, por el momento, también se mantiene en el ‘no’, así como EH-Bildu, por lo que el Gobierno no contaría con la mayoría necesaria para sacar adelante el proyecto estrella de la titular de Trabajo.
Pero si el miércoles ha sido complicado por la reforma laboral, las 24 horas previas lo fueron por el bono joven de ayudas al alquiler. El Consejo de la Juventud, los sindicatos de inquilinos de todo el país y los socios fueron claros: esta medida es insuficiente si no viene precedida de una regulación firme de los precios del alquiler, especialmente en aquellas ciudades zonas altamente tensionadas.
Preguntados por ElPlural.com, fuentes de EH-Bildu aclaran los motivos de discordia: “Creemos que sin regular los alquileres y poner tope a sus precios abusivos, va a acabar repercutiendo en una mayor subida de los alquileres por parte de los propietarios. Ese dinero más que para ayudar a los jóvenes, va a acabar en los bolsillos de los arrendadores”. “Tampoco compartimos las estrictas condiciones que han impuesto para poder percibir estas ayudas. Teniendo en cuenta que en el Estado español hay cerca de 3 millones de jóvenes menores de 35 años, el Gobierno calcula que la medida solo podrá 'beneficiar' a unos 60.000-70.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad”, prosiguen los abertzales.
Estas mismas fuentes considera que “se ha empezado la casa por el tejado y la secuencia debe producirse al revés”: “Regular primero los alquileres y después otorgar las ayudas para que los propietarios no puedan aprovecharse de la situación y realmente sea una ayuda para la emancipación de la juventud. Además ya tenemos un ejemplo pasado: Zapatero aplicó un bono similar y las consecuencias no fueron buenas”, sentencian.
