El Consejo de Ministros ha aprobado este martes su nuevo Plan de Vivienda 2022-2025, en el que se incluye un bono social de ayudas para el alquiler de 250 euros mensuales para jóvenes entre 18 y 35 años que cobren anualmente una cantidad inferior a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), lo que según la última revisión asciende a 24.319 euros. A falta de la Ley de Vivienda, prorrogada nuevamente por el crítico informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde Moncloa han presentado este martes otra de sus medidas estrella adoptada “con el fin de posibilitar el acceso de los jóvenes a la emancipación”.

Sin embargo, este bono de ayudas para el alquiler de pisos cuyo coste sea inferior a 600 euros -ampliables a 900 si así lo demandan las comunidades autónomas con un panorama más tensionado- no despierta el mismo triunfalismo entre los socios de investidura, los sindicatos de inquilinos, el Consejo de la Juventud en España, la oposición ni algunos sectores del propio Ejecutivo. Según la gran mayoría de los consultados, la receta debe pasar por el control de los precios de los alquileres y no por una ayuda que puede ocasionar una inflación de los precios y que sean los propietarios de las viviendas los que se beneficien de esta prestación.

“Desde el Consejo de la Juventud de España entendemos que es una medida paliativa que no resuelve el problema estructural. Además, los estudios que hay sobre este tipo de políticas alertan de la eficiencia limitada de la medida porque puede provocar un aumento en el precio de los alquileres, y supondría una transferencia de dinero público a los propietarios”, explica en declaraciones a ElPlural.com Margarita Guerrero Calderón, vicepresidenta del CJE, quien ejemplifica su temor aludiendo a la situación que atraviesan países como Reino Unido, Finlandia o Francia, donde se han tomado medidas parecidas para incentivar a la emancipación.

“El bono de alquiler joven en el mejor de los casos alcanzará a unas 50.000 personas aproximadamente de los casi tres millones de personas entre 16 y 34 años que viven emancipadas hoy en día. Esto supone un 1,7% de la población joven emancipada, por lo que se puede decir que deja fuera a gran parte de las personas jóvenes”, prosigue Guerrero, quien pide que esta medida se acompañe “de la regulación del precio del alquiler en el corto plazo, de movilizar la vivienda vacía para alquiler y aumentar el parque público de vivienda, que ahora mismo es uno de los más bajos de toda Europa”. 

En la misma línea se han pronunciado a lo largo de la jornada el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y su homólogo en Cataluña, el Sindicat de Llogaters. Ambos consideran que la ayuda será una transferencia del Estado a los arrendadores, e insisten en que la solución pasa por una regulación integral que limite los precios del alquiler de una forma ajustada a las necesidades poblacionales, especialmente en aquellas zonas tensionadas donde el sueldo medio de los jóvenes les lleva, en el mejor de los casos, a gastar un porcentaje demasiado elevado del mismo para vivir en pisos de menos de 30 metros cuadrados.

Comparten este análisis los socios habituales del Gobierno. El líder de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, lanza la siguiente reflexión en declaraciones a este medio: “Creemos sinceramente que estos 250 euros que irán a manos de los jóvenes solo servirán para que se produzca un alza generalizada de los precios de alquiler. No servirán, y nos gustaría equivocarnos, para que se regulen los precios del alquiler. Sin esta regulación, el acceso a la vivienda seguirá siendo una carrera de obstáculos para los jóvenes que quieren tener un proyecto de vida independiente”.

En la misma línea se han expresado a través de las redes sociales dirigentes como Íñigo Errejón, líder de Más País, o Gabriel Rufián, portavoz de ERC: “Un bono joven de alquiler sin control de precios es un bizum a los caseros”, indicaba el primero. “¿Que impedirá a un arrendador subir 250€ el alquiler a un o a una joven que cobre el bono de 250€ de ayuda al alquiler? Anunciar algo así sin regular el precio del alquiler es como anunciar un sorteo a expensas de la buena voluntad del casero”, reprochaba el segundo. Por su parte, tanto EH-Bildu como el PNV prefieren guardar silencio por el momento a las preguntas de este medio, aunque fuentes de los de Aitor Esteban reconocen que el tema de la vivienda les genera “reticencias”, ya que no es de competencia estatal.

Parte de situación

La situación de los jóvenes en España no se entiende sin las altas tasas de temporalidad, el desempleo y la incapacidad de forjar un rumbo propio ante los elevados precios que marca el mercado. Desde el Consejo de la Juventud de España alumbran el problema con cifras concretas: “La edad media de emancipación en España está en 29,5 años, siendo de las más altas de Europa. Respecto al total de personas emancipadas, en el primer semestre del 2021 se alcanzó la cifra más baja desde 1998, con un 14,9% de personas jóvenes fuera del hogar familiar”.

Un resultado que parte de un diagnóstico concreto sobre el que la vicepresidenta del CJE pone la lupa: “Esto se debe fundamentalmente a dos cuestiones, el elevado precio de los alquileres, ya que una persona joven de medio tendría que invertir un 81,9% de su salario neto en alquilar una vivienda individual en solitario, por lo que es prácticamente inviable, y una baja calidad en el empleo juvenil, con una tasa de temporalidad del 54,7% en el primer semestre del 2021”.

Esta situación se ha visto agravada por la pandemia. Según el informe de situación publicado este martes por la fundación Foessa, vinculada a Cáritas, más de un 15% de los jóvenes están en riesgo de exclusión social tras la pandemia –un 5% más que al inicio de la misma-. Dos crisis consecutivas, sumadas a la precarización del empleo y de sus condiciones laborales, que les han llevado a sufrir en sus carnes con una mayor asiduidad la dureza del despido.

Una situación que afecta a la vivienda. Según el informe, “el 20,6% de los hogares se ven afectados por alguna problemática en este ámbito”, entre las que son recurrentes el “deterioro de las condiciones de la vivienda y el hacinamiento”. “Hay un grupo de jóvenes que ha experimentado ya dos crisis muy importantes justo en una fase esencial de sus proyectos vitales en los que se plantea la transición al empleo, a la vida adulta, la emancipación o la construcción de nuevos hogares: a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años”, añade.

¿Cuál es la solución?

Desde el CJE proponen dos soluciones para afrontar esta diatriba: “Una vía coyuntural para solventar el problema a medio plazo que sería regular el precio de alquiler y liberar vivienda vacía para ampliar la oferta de vivienda a corto plazo y una solución estructural que podría solventar el problema a largo plazo. En este caso defendemos que el gobierno tiene que dirigir una mayor inversión en planes de vivienda pública”.

“Pedimos al gobierno valentía política para aprobar una ley de vivienda que nos permita a las personas jóvenes poder acceder a vivienda para construir nuestros proyectos vitales de forma autónoma”, sentencia su vicepresidenta.

¿En qué consiste la ayuda?

El bono del alquiler para jóvenes tiene una serie de requisitos que pasan por ser menor de 35 años y contar con unos ingresos máximos de tres veces el IPREM. La dotación será de 250 euros al mes durante dos años, como ya anunció el Gobierno, y puede complementarse con otras ayudas del plan, a las que podrían sumarse las comunidades autónomas.

En este caso, el inquilino podrá acogerse a una ayuda adicional del 40% del alquiler mensual, siempre que sea de 600 o 900 como máximo, según lo que decida la comisión de seguimiento entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Una cifra que cambia en el caso de ser alquiler por habitación, con el límite en los 300 o 450 euros por habitación.

Por el momento, se desconoce a partir de cuándo podrá pedirse, pero el propósito fijado por el Gobierno apunta a que su puesta en marcha podría producirse en marzo. Este retraso no afectará, ya que, si se cumple con los requisitos fijados por el Gobierno y la ayuda es aceptada, se cobrarán los meses anteriores con efecto retroactivo.