El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al fundador de Telegram, Pável Dúrov, después de que haya lanzado un comunicado masivo a los usuarios de su red social acusándolo de "regulaciones peligrosas que amenazan la libertad en internet", en referencia a la medida anunciada por el Gobierno de prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales. Sánchez, con un escueto comentario, ha respondido tajantemente al CEO de Telegram.
"Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", ha expresado Sánchez a través de un comentario difundido en las redes sociales.
Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2026
Dúrov, un día después de que el Gobierno anunciara su intención de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, siguiendo las políticas que ya se aplican en Francia o Australia, ha lanzado un comunicado a todos los usuarios de su red en el que ha puesto en advertencia de lo que considera “amenazas peligrosas” por parte del Ejecutivo español en la regulación del uso de la plataforma.
“El Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet. (…) Estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de ‘protección”, ha señalado.
En cuatro puntos explicativos, el fundador de Telegram ha expresado que la prohibición del Ejecutivo central “no se trata solo de los niños, requiere que las plataformas usen controles estrictos, como exigir el DNI o biometría”, lo que considera un “peligro” al establecer un precedente para "rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos”, entendiendo así que, lo que empieza con menores de edad, “podría extenderse a todos”.
Después, ha situado la “responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de plataformas si no se elimina rápidamente contenido ilegal, odioso o perjudicial”, lo que, según percibe el fundador de Telegram, “forzará la sobrecensura” y “se borrará cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas”.
Ha proseguido con la “criminalización de la amplificación algorítmica” al considerar que serán los gobiernos los que “dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco”. Por último, ha aludido al seguimiento de “la huella de odio y polarización”, punto clave de la medida que Dúrov entiende como “definiciones vagas de odio que podrían etiquetar críticas al Gobierno” y podría traducirse como “una herramienta para suprimir a la oposición”.
Con este telón de fondo, el dueño de Telegram ha considerado que la medida del Gobierno de Sánchez viene a ejercer “el control total” de las redes sociales, por lo que ha pedido a los usuarios que se mantengan “vigilantes” y que exijan “transparencia”.
El anuncio de Sánchez sobre las redes sociales
Fue en el World Govemments Summit en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde Pedro Sánchez anunció un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias que tienen como objetivo “hacer frente a los bulos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales”.
El líder del Ejecutivo puso el foco en la gobernanza digital como una cuestión central en la era actual, considerando que debe ser abordada de forma global frente al estado fallido en el que ha devenido el ecosistema de las redes sociales donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”.
Así, analizó el desgobierno en el control de contenidos y la impunidad ante su incumplimiento con la legalidad, la expansión de la desinformación y los discursos de odio y la desprotección de datos y materiales personales como graves peligros que desafían la protección de derechos y libertados, además de distorsionar.
De la misma forma, Sánchez anunció que mediante una reforma de la ley busca poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracción que se cometan en sus plataformas si no se retira el contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio.
