El PP está dispuesto a judicializar en todos los frentes el reto de repartir los fondos europeos de forma ecuánime y ajustada a las necesidades poblacionales de las comunidades autónomas. Génova no ha dudado en aplaudir la decisión de Isabel Díaz Ayuso, su principal activo político contra Pedro Sánchez, y amenazar con extender el recurso presentado ante el Tribunal Supremo a instancias europeas, además de apretar, tal y como ha confirmado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, desde lo municipal.

Una guerra jurídica desde diferentes instancias con la que restar brillo al actual filón con el que cuenta el Gobierno nacional para afrontar estos dos años que restan de legislatura y llegar con holgura a la cita con las urnas: los fondos europeos. Los 140.000 millones aprobados en el plan Next Generation EU son una oportunidad histórica para reformar el actual tejido productivo, llevando al país a un modelo más vanguardista que respete el medioambiente, apueste por la digitalización de la economía, acabe con la brecha de género y reconstruya los puentes entre regiones actuando de forma decidida en pro de la maltrecha cohesión territorial.

Cuatro pilares fijados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cuentan con el aval de la Unión Europea y que dependerán, en buena medida, de la capacidad de diálogo entre los diferentes actores políticos con representación en el Congreso de los Diputados para alcanzar mayorías suficientes con las que impulsar la agenda reformista del Consejo de Ministros. No es de extrañar que, sabedor de las vicisitudes que se encontrará en el proceso, el propio Sánchez aprovechase este jueves la clausura del XII foro financiero internacional 'Spain Investors Day' para pedir altura de Estado a sus rivales y conseguir, juntos, aprovechar esta oportunidad “histórica” para afianzar la senda de la recuperación modernizando la economía española: “En su momento, los fondos sirvieron para ser referentes en infraestructuras como aeropuertos o redes de cercanías. Ahora servirán para impulsar la reindustrialización verde y digital, el cambio en el tejido productivo y en nuestro capital humano”, explicó el presidente, quien pormenorizó que nuestro país ya ha recibido 19.000 millones de los fondos europeos, recibirá 70.000 en el plazo 2022-2026 y los ampliará en 70.000 más con los préstamos que serán solicitados antes de 2023.

Sin embargo, desde el PP ya llevan tiempo advirtiendo que no comparten el triunfalismo con el que encara el Gobierno la tarea de invertir el dinero recibido, similar al que Europa ha concedido a España en los 34 años anteriores a la pandemia. Casado no ha escondido su desconfianza con el presidente y, aprovechando la judicialización que se ha llevado a cabo por la Comunidad de Madrid de nueve millones de euros concedidos por el Ministerio de Trabajo a cuatro comunidades autónomas –País Vasco, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana-, ha decidido reafirmar sus temores y convertir el dinero europeo en uno de los temas principales con los que atacar al Ejecutivo en la campaña electoral de Castilla y León.

Así lo ha explicado el líder del PP en un acto con periodistas en una explotación ganadera en Las Navas del Marqués (Ávila): “Pedimos transparencia y una gestión compartida. Y si no, iremos a la Justicia e iremos a Europa porque esto acabará en malas prácticas y esperamos que no acabe otra vez como con los ERE en corrupción", ha indicado, añadiendo que, al contrario del Gobierno, él sí cree que los diferentes recursos que presentará el PP desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos puedan tener recorrido en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

Lawfare desde los ayuntamientos

"Antes de que lo hiciera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Ayuntamiento de Zaragoza fuimos los primeros en hablar de un reparto injusto de los fondos europeos". Con estas palabras, el alcalde de Zaragoza, presidente del PP de Aragón y portavoz del partido en las reuniones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Jorge Azcón, ha abierto la campaña en contra del reparto, a sus ojos injustificado y partidista, de las ayudas europeas. “Lo hemos sufrido en carne propia”, ha asegurado, además de explicar que desde su consistorio fueron los primero en apreciar que "los fondos europeos se estaban repartiendo más con criterios políticos que técnicos”.

Azcón ha recordado que en la última convocatoria de Movilidad se repartieron 28 millones de euros para todo Aragón y "al Ayuntamiento de Zaragoza llegó cero" y lo mismo sucedió con la convocatoria de Turismo de 30 millones para toda la comunidad autónoma: "Yo no creo que el Ayuntamiento de Zaragoza tenga que poner encima de la mesa su peso poblacional, porque es verdad que somos la capital, somos más de la mitad de los habitantes de Aragón, y no vamos a reclamar que la mitad del dinero venga, pero que, por lo menos, alguna inversión se haga en nuestra ciudad, creo que es de justicia".

Una injusticia, a su juicio, que ya ha sido reclamada a través de un requerimiento de información a la Secretaria de Estado de Turismo para conocer el criterio “por el que se fijan los criterios de distribución, y reparto resultante, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entes locales en el marco de la convocatoria extraordinaria 2021 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos para Entes Locales".

“La ausencia de criterios técnicos significa que ese dinero se ha repartido con arbitrariedad y la arbitrariedad provoca indefensión en el Ayuntamiento de Zaragoza", ha dicho Azcón, sentenciando con que esperarán a obtener respuesta antes de materializar sus sospechas en un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo.

Los barones territoriales no descartan seguir el ejemplo de Ayuso

Los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia, Murcia y Andalucía también han puesto en duda el reparto de los fondos realizado por el Ejecutivo, señalando que seguirán pendientes de nuevos movimientos y no dudarán en acudir a los tribunales si aprecian cualquier movimiento que vaya en contra de los intereses de sus ciudadanos por fines políticos y arbitrarios.

Por el momento, tanto Alberto Núñez Feijóo como Alfonso Fernandez Mañueco, presidentes de Galicia y Castilla y León, respectivamente, permanecen a la espera de recibir una respuesta de Moncloa a los requerimientos que ya han realizado para conocer los pormenores del destino de los nueve millones de euros aprobados por Real Decreto en el Consejo de Ministros y que iban a parar a cuatro comunidades afines al PSOE. Ambos han advertido que si esta respuesta no llega o es negativa, seguirán los pasos de la Comunidad de Madrid y abrirán nuevos frentes judiciales.

Desde la Región de Murcia aseguran que llevarán a cabo "acciones legales y denuncias públicas" contra el reparto “a dedo” del Gobierno, añadiendo además que la Unión Europea ha mandatado que los fondos deben servir para la recuperación homógenea y equilibrada de todas las regiones del país. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, ha seguido la línea de sus compañeros amenazando con interponer otro recurso si hay algún “menoscabo” a los andaluces.