La Comunidad de Madrid ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contra el Gobierno central al apreciar que se está premiando de forma arbitraria a comunidades autónomas afines en el reparto de los fondos europeos. Tras la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este mismo miércoles en la Puerta del Sol, ha sido Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el encargado de anunciar la decisión de llevar a los tribunales las asignaciones vía Real Decreto que fueron concedidas en Consejo de Ministros a Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura.
Concretamente, el recurso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llega por la concesión de nueve millones asignada a estas cuatro regiones mediante el Real Decreto 902/2021 de 19 de octubre. Según ha detallado Lasquetty, en agosto el Ministerio de Trabajo distribuyó conforme a lo pactado en la conferencia sectorial pertinente unas cantidades que se ingresaron en agosto. Dos meses después, el Consejo de Ministros repartió un nuevo remanente sin que exista "ninguna razón que explique por qué la reciben más allá del cauce" establecido. Se utilizaron para ello recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Según la Comunidad de Madrid, su Ejecutivo envió una carta a Trabajo para conocer cuáles eran las particularidades de esta asignación, pero, por el momento, no ha obtenido respuesta alguna que justifique el pago. Además, desde Madrid creen que las cuatro autonomías premiadas no guardan ninguna similitud entre ellas que pueda servir de excusa para la concesión recurrida ante el Alto Tribunal: “Carece de cualquier motivación o justificación acerca del carácter nacional o supraautonómico de las actuaciones que financia: son proyectos concretos y específicos de cuatro regiones que no guardan ninguna relación funcional entre sí".
"Los proyectos están vinculados a competencias autonómicas -fomento del empleo-, y los fondos destinados a los mismos deben estar gestionados por las administraciones regionales salvo excepciones, como sería, por ejemplo, en el caso de tratarse de acciones de ámbito nacional o que requieran de algún tipo de coordinación", añade el escrito.
Esta judicialización del reparto de los fondos europeos no sorprende en exceso, máxime después de los continuos avisos de la oposición, con especial mención a la cúpula nacional de Génova, 13, de fiscalizar cada movimiento realizado al considerar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es de fiar y podría emplear el dinero recibido por Europa para paliar las consecuencias derivadas de la covid-19 a regar de dinero a los gobiernos afines para llegar con mejores aspiraciones electorales a las urnas.
Un movimiento más en plena campaña electoral
Este recurso añade picante a la campaña electoral de cara a los comicios en Castilla y León el próximo 13 de febrero. El Partido Popular cuenta con el respaldo de las encuestas y cree que puede ampliar su poder en la región, e incluso conseguir la mayoría absoluta restando recorrido a Ciudadanos, y no piensa pisar el freno en sus aspiraciones. El movimiento de la Comunidad de Madrid se suma así a la campaña en contra de Alberto Garzón por sus palabras sobre la ganadería y la pasividad de Pedro Sánchez, a quien acusan de impasible y de no tener la valentía necesaria para cesar al titular de Consumo.
Esta guerra, la de las macrogranjas, está abriendo una brecha difícilmente salvable en la coalición del Gobierno central. Mientras desde Unidas Podemos se niegan a rectificar y creen que las palabras de Garzón son de sentido común y van en la línea de los decretos del Gobierno y sus planes a futuro, reconocibles en la Agenda 2030, desde el PSOE creen que este debate no tocaba en estos momentos. Los diferentes barones socialistas, al igual que los ministros, se limitan a decir que apoyan a los ganaderos, que la carne que exporta España es de buena calidad y que las palabras de Garzón son a título personal y no representan el sentir del Ejecutivo.
Entre tanto, la oposición aprieta y se lanza en la campaña de desprestigiar a Garzón y poner en jaque a un Pedro Sánchez que, pese a la oposición frontal demostrada en los últimos días a las palabras de Garzón en las sucesivas entrevistas que ha realizado, defendía exactamente lo mismo que lo expuesto por el ministro de Unidas Podemos hace apenas dos años. El PP, sabedor del problema que está ocasionando este asunto, se rearma de cara a unos comicios reunificando a sus filas, firmando la paz y remando de forma unánime aprovechando la bandera blanca que se han prometido, por el momento, Isabel Díaz Ayuso y Teodoro García Egea.
