Las recientes filtraciones de mensajes privados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos han reavivado el debate sobre la posible existencia de una "policía patriótica" en España. Este término hace referencia a una supuesta facción dentro de las fuerzas de seguridad que, actuando al margen de la legalidad, buscaría influir en la vida política del país.
Los mensajes filtrados, publicados por el diario El Mundo, abarcan conversaciones personales entre Sánchez y Ábalos, algunas de las cuales datan de 2023. Aunque Ábalos admitió haber autorizado la publicación de ciertos mensajes que consideraba "positivos", negó ser el filtrador original. La preocupación del Gobierno se centra en cómo estos mensajes, que estaban almacenados en dispositivos incautados a Koldo García, exasesor de Ábalos, durante la investigación del caso Koldo, llegaron a manos de la prensa.
La sombra de la 'UCO patriótica'
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sido señalada en varias ocasiones como posible origen de las filtraciones. Aunque la UCO ha negado rotundamente su implicación, la coincidencia de estas filtraciones con investigaciones sensibles ha alimentado las sospechas sobre la existencia de una "UCO patriótica".
Un ejemplo que ha intensificado estas sospechas es el fichaje de Juan Vicente Bonilla, exjefe de la UCO, por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso. Bonilla fue nombrado gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, un cargo por el que percibe una retribución anual de más de 84.000 euros. Este nombramiento ha sido cuestionado debido a las acusaciones de que Bonilla habría "ocultado información crítica" en procedimientos judiciales para beneficiar al Partido Popular.
Errores y filtraciones selectivas
La Abogacía del Estado ha contabilizado hasta 37 errores en informes de la UCO relacionados con casos sensibles, lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad de estas investigaciones. Además, se ha observado una tendencia creciente a la filtración de datos personales y causas secretas a medios de comunicación conservadores, lo que refuerza la percepción de una posible instrumentalización de las fuerzas de seguridad con fines políticos.
El Gobierno ha expresado su preocupación por estas filtraciones, considerándolas una violación de la intimidad del presidente y ha anunciado que tomará medidas legales si no se inicia una investigación judicial. Por su parte, la oposición ha utilizado estas filtraciones para cuestionar la integridad del Ejecutivo y ha exigido la convocatoria de elecciones anticipadas.
Ante este escenario cargado de sospechas, contradicciones y silencios, la cuestión de fondo trasciende los hechos concretos: ¿estamos ante una utilización partidista de los cuerpos de seguridad del Estado o se trata de una mera instrumentalización política del relato? Para conocer la percepción ciudadana sobre este espinoso asunto, desde ElPlural.com lanzamos la siguiente encuesta:
