El exministro de Transportes José Luis Ábalos reconoció hace unos días que consintió la publicación de los mensajes privados entre él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte del diario El Mundo. En estos mensajes, el jefe del Ejecutivo y su entonces compañero en el Gobierno hablaban sobre otros ministros y barones socialistas, pronunciándose sobre ellos en diferentes términos. Ábalos, por su parte, aseguró que consintió estas filtraciones para "demostrar que no se le cesó por corrupción". No obstante, según ha publicado El País, estas filtraciones son una ramificación de una mayor trama de chantaje a Pedro Sánchez, al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, y a otros ministros no nombrados. Es algo que ya anunció ElPlural.com el pasado domingo: "La derecha activa la fase final de la ‘cacería’ contra Pedro Sánchez: 'Todo vale para acabar con este tipo'”.
Siempre según el citado medio, los responsables socialistas habrían sido chantajeados por implicados en el caso Koldo para que, si no se tomaban determinadas medidas, se filtrarían "grabaciones que podían tumbar al Gobierno y que afectaban al presidente Pedro Sánchez, a Santos Cerdán, a Ángel Víctor Torres y a dos exministros vinculados a eléctricas". El entorno de algunos implicados en la trama corrupta amenazó al Gobierno y al PSOE para que se hicieran cargo de gastos del procedimiento judicial, para que se archivase el expediente disciplinario abierto en Interior a un policía que fue alto cargo en Transportes con Ábalos y para readmitir a un trabajador de Correos. Si se cumplían esas demandas, aquellas grabaciones no se publicarían. Dicho material, según los citados, estaría almacenado en un disco duro que la Guardia Civil encontró en la vivienda alicantina de Koldo García.
Los socialistas, por su parte, no cedieron a las amenazas e hicieron caso omiso, explicando que no había nada delictivo en las actuaciones de los chantajeados y, por ende, no tenían nada que temer. Tres días después de estas presiones, El Mundo comenzaba a publicar los mensajes de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos. El consentimiento confirmado de Ábalos para su publicación mueve el tablero hacia una posición en la que el extitular de Transportes queda del lado del conservadurismo mediático y de las campañas de acoso y derribo al Ejecutivo.
La 'UCO patriótica'
Las recientes filtraciones de mensajes privados del presidente del Gobierno y que Ábalos reconozca que dio el 'ok' a su publicación suponen una línea que se entrecruza con el fichaje del capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El 31 de octubre de 2023, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso nombraba a este agente como persona titular de la Gerencia de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, un ente público que está adscrito a la Consejería de Sanidad.
Un puesto por el que recibe una retribución de 84.268,32 euros y al que llegó después de haber sido jefe de Fuentes de la UCO, uno de los primeros investigadores del fraude de los hidrocarburos que acabó derivando en la imputación de Koldo Garcia y José Luis Ábalos. Según fuentes consultadas, el ahora cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso habría "ocultado información crítica" en los sucesivos procedimientos que lograban incoar desde la Guardia Civil para beneficiar al Partido Popular. Así consta en una denuncia a la que ha tenido acceso ElPlural.com y que fue presentada en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5, acusando a Bonilla de instrumentalizar las causas en beneficio del Partido Popular. Según el denunciante, también hay una serie de Guardias Civiles que junto con Juan Vicente Bonilla estarían obteniendo información directamente de las bases de datos de la Guardia Civil, asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones para beneficiar, nuevamente, al Partido Popular. Paralelamente a esta denuncia, Diario Red hizo pública una cadena de WhatsApps de Juan Vicente Bonilla en la que se demuestra que el agente de la UCO presionó en 2019 a un confidente de la trama hidrocarburos para que consiguiese un empleo para su expareja.
A su vez, llaman también la atención las cada vez más frecuentes filtraciones a la prensa conservadora de datos personales o causas secretas, así como la evidente tendencia a realizar investigaciones con visos de inquisición prospectiva, pese a estar expresamente prohibido por la ley. Del mismo modo, Telemadrid, el pasado 16 de mayo, titulaba lo siguiente: "La UCO prepara un informe demoledor que vincularía a Santos Cerdán con el caso Koldo", otro de los amenazados, pese a no haber una investigación en curso contra su persona. Diferentes frentes abiertos que parecen remar hacia una misma dirección: debilitar a Pedro Sánchez y a su entorno para forzar su salida del Ejecutivo, mediante medios externos a la propia política.
