Esta semana, el diario El Mundo publicaba conversaciones privadas en WhatsApp del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el otrora Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. En ellas, ambos políticos hablaban de compañeros de aquel gabinete del Ejecutivo como Pablo Iglesias o Margarita Robles. El Gobierno ya ha trasladado, a través de Félix Bolaños, que denunciará estas filtraciones y que irá "hasta el final" para esclarecer este asunto, máxime si la Justicia no abre una investigación. Ante este panorama, surge una pregunta principal: ¿Qué delitos se podrían haber cometido en esta filtración de mensajes privados?
Difundir pantallazos de conversaciones de WhatsApp sin consentimiento puede incurrir en una infracción que puede acarrear una demanda civil. Existen diferentes agravantes, como no formar parte de la conversación difundida o dañar la reputación de las personas afectadas. En tal caso, la responsabilidad pasa a ser penal, y en concreto, los delitos que pueden cometerse por esta clase de filtraciones son de descubrimiento, revelación de secretos y vulneración de la intimidad, todos ellos recogidos en el Código Penal y que pueden ser sancionados.
En concreto, el artículo 197.1 del Código Penal contempla penas mayores si la persona no participa en la conversación, ya que incurriría también en divulgación de secretos, castigada con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. Por otra parte, si la persona que capturó o grabó la conversación fue parte de la misma, pero la difunde sin que la otra parte haya dado su autorización y menoscaba su intimidad personal, el artículo 197.7 del Código Penal decreta una pena de prisión de tres meses a un año, o multa de seis a doce meses.
Por otro lado, el Artículo 9 del RGPD restringe el tratamiento de datos personales considerados sensibles, como información sobre origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, salud, vida sexual, etc., requieren un nivel de protección adicional debido a su naturaleza sensible.
"Llegar hasta el final"
Volviendo a las intenciones del Gobierno, el líder de la cartera de Justicia considera que la publicación de mensajes personales del jefe del Ejecutivo "puede ser constitutivo de delito". "Se están publicando en un medio nacional mensajes privados”, ha señalado. Sin embargo, no ha revelado el margen que se da el Gobierno antes de acudir a los tribunales, porque desconocen si se publicarán más mensajes. "Vamos a esperar a que se abra una investigación y si no se hace en un transcurso razonable tomaremos acciones concretas", ha defendido Bolaños.
"Queremos llegar hasta el final. Queremos conocer todo de la filtración: quién y cómo ha sido y qué otros mensajes privados que no tienen nada que ver con la causa judicial (la relativa a Ábalos y Koldo) están en poder de personas capaces de cometer delitos", ha detallado, recordando que, aparte de privados, "son mensaje de los años 2020 y 2021"; es decir, de momentos en los que el caso Koldo estaba muy lejos de destaparse.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también ha valorado tras la publicación de estos mensajes que la revelación de conversaciones privadas "es un delito" y que quien los ha filtrado a la prensa quiere erosionar al Gobierno. "La revelación de conversaciones privadas es un delito, y por tanto, evidentemente, constituye un delito esta revelación", ha expresado el ministro socialista, que, no obstante, ha valorado que el contenido de los mensajes no le parece "especialmente significativo".
