Se esperaba que la delegación de las competencias migratorias cayera con premio en el Congreso de los Diputados. Todos los ojos se posaban sobre el Partido Popular, subido en el vagón de la sobreactuación desde el arranque de la legislatura. Sin embargo, el acuerdo del Partido Socialista y de Junts, firmantes de la iniciativa para modificar la Ley Orgánica, vuelve a caer como una bomba en el bloque de la investidura. La acogida del texto, sumado a las ambiciones de los de Carles Puigdemont para impulsar un articulado en Cataluña que blinde la inmigración, provoca fracturas entre los pilares del Gobierno de coalición. Mientras los soberanistas se ponen de perfil y apuestan por estar vigilantes a la letra pequeña del acuerdo, Compromís saca la cabeza en el Grupo Plurinacional para verbalizar un rechazo que también comparten los cinco diputados de Podemos.
Socialistas y juntaires certificaron el martes el principio de acuerdo para la modificación de la Ley Orgánica y hacer efectiva la delegación de competencias migratorias a Cataluña. Uno de los compromisos de la investidura de Pedro Sánchez que los de Puigdemont se cobran ahora, tras meses de presiones, votaciones condicionadas y unos Presupuestos aún en el aire y que este acuerdo no desbloqueará. Lo que sí provocará es que Junts comience a mover ficha en el Parlament de Catalunya y así lo dejaron caer desde la formación independentista tras registrar la iniciativa en la Carrera de San Jerónimo.
El siguiente paso de la fuerza independentista no será a nivel estatal, sino en clave exclusivamente catalana. Al margen de los recordatorios clásicos para mantener el foco sobre ellos y su posición de contrapeso al Estado español, los neoconvergentes ya han comenzado el diseño del blindaje de una ley que está lejos de ser aprobada en el Congreso. Aun así, en Junts han sentado las bases de una “legislación migratoria” autonómica para próximas sesiones en el Parlament. Un arma de doble filo para imponer al president de la Generalitat que certifique el catalán como “requisito” indispensable para la nacionalidad, comprando el marco identitario del partido de Puigdemont; pero también el blindaje de tal cesión competencial ante el más que presumible recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. A pesar del movimiento que ya anuncian desde Génova, Junts confía en la presencia de Cándido Conde-Pumpido en la Corte de Garantías para quebrar las intenciones populares.
Fractura entre los socios
El problema -para Junts- radica en que la proposición conjunta con los socialistas no recaba los apoyos necesarios. Al menos, no en este preciso momento. El texto registrado ha provocado reacciones diversas entre los pilares que sustentan al Ejecutivo. El soberanismo vasco-catalán opta por la prudencia. EH Bildu, BNG y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) optan por esperar a ver la “letra pequeña” del articulado, aunque la melodía les sonaba bien de primeras. De hecho, no sin su habitual picardía, el portavoz del Grupo Republicano, Gabriel Rufián, deseó que tal delegación “se utilice bien”, poniendo el foco en el giro retórico de los neoconvergentes para contener a la xenófoba Aliança Catalana de Silvia Orriols. En resumen, que “recuerden la Cataluña de todos”.
En el espectro progresista se ha recabado mayor contundencia. Podemos marcó la línea con un rechazo frontal a una ley pactada con un partido abiertamente “antiinmigración como Junts. “No se hará con nuestros votos”, expuso la líder de los morados y portavoz en la Cámara Baja, Ione Belarra. Exigen desde la formación izquierdista que es “más urgente” que el Congreso examine y apruebe la “Iniciativa Legislativa Popular de regularización de personas migrantes que lleva un año esperando”.
El Grupo Plurinacional, englobado en Sumar, también expresó sus reservas, aunque no con la contundencia verbalizada por Podemos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y cabeza visible de los magentas, Yolanda Díaz, fue algo más tibia al pronunciarse en primer término al no haber accedido al contenido íntegro de la proposición. Tras su registro, otras voces de la formación capitalizaron la respuesta negativa al pacto PSOE-Junts, como Manuela Bergerot o Elizabeth Duval. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid coincide con su homóloga orgánica de Sumar en que el “problema principal” del articulado está en una exposición de motivos que asume el marco discursivo de Aliança Catalana. “Es nativista y coloca a la inmigración como “una amenaza” y un “peligro demográfico”.
Otra de las patas que componen el Grupo Plurinacional, Compromís, fue claro y conciso: “Aviva el racismo”. Así lo verbalizó en público el diputado de la fuerza regionalista Alberto Ibáñez, quien concluye que la ley empeorará la “percepción sobre la inmigración”. Por su parte, Izquierda Unida también despliega toda su preocupación ante el acuerdo firmado, sugiriendo que estarán vigilantes a la “letra pequeña” del acuerdo, definiéndola como “racista”. Algo más suave fue la portavoz de los Comunes, Aina Vidal, quien en un principio bendijo el pacto al entender que ensanchaba el autogobierno de Cataluña. Sin embargo, la dirigente magenta abunda en que Junts “hace mucho que compite” con la formación xenófoba de Orriols.
En este lanzamiento, la moneda sale cruz para los intereses de PSOE y Junts. Estos últimos, no obstante, trabajan en paralelo en el Parlamento para arrastrar a los socialistas a esta huida hacia adelante en el campo de la inmigración para amarrar los votos neoconvergentes aunque, a su vez, no sean garantía de absolutamente nada de cara al futuro.
