La legislatura no da un respiro. El estrecho margen de la mayoría parlamentaria hay que trabajárselo. Ya lo dijo el presidente del Gobierno cuando PP, Junts y Vox aunaron sus votos para tumbar el decreto social el 22 de enero: “Buscaré los votos hasta debajo de las piedras”. Un eslogan que, por otro lado, ha sonado en más ocasiones y que podría ser el que defina al cuatrienio en cuestión; dado que, tras reconducir las relaciones con los juntaires, el campo de batalla se juega ahora en un escenario tan sensible como lo es la inmigración. Los de Carles Puigdemont insisten en el traspaso de competencias desde prácticamente el primer pleno post investidura y no termina de concretar, ante la complejidad de un asunto que precisa de un cuidado constitucional milimétrico.
Hay quien se atreve a deslizar que las conversaciones “están muy avanzadas”. Fuentes de Moncloa, de hecho, insinúan que por ahí van los tiros. De hecho, admiten que sobre la mesa se habían puesto unos plazos. Sin embargo, los de Carles Puigdemont no están muy la labor de guiarse por un calendario, argumentando que son “relaciones humanas” y, por lo tanto, no hay un imperativo para fijar una fecha. Pero lo mollar de esta historia es que la melodía suena ya más afinada que de costumbre, habida cuenta de que hubo un tiempo en que ni siquiera se percibía e incluso se le daba esquinazo. Lógico, por otra parte, al tratarse de una materia de extrema sensibilidad para el Ejecutivo, quien al mismo tiempo mantiene una cruzada con el Partido Popular para sacar adelante la Ley de Extranjería y así desoxigenar la situación de los centros de menores en Canarias. Una transacción que también se le ha presentado a los neoconvergentes.
En cualquier caso, a pesar de la notable mejoría en las relaciones bilaterales, no hay un acuerdo cercano y los independentistas, ahora, meten cloroformo mientras en el horizonte asoman los Presupuestos Generales del Estado. Aunque dicha transacción competencial, a su vez, podría allanar el camino para cumplir con la promesa adquirida en diciembre de presentar un proyecto presupuestario en el primer tercio de 2025. Algo a lo que el Gobierno había renunciado durante esas semanas de máxima tensión con Junts per Catalunya. Un estrés que, por otra parte, se ha suavizado a tenor del acuerdo para la aprobación del escudo social.
Optimismo y secretismo
La distensión que supuso el pacto in extremis del pasado martes ha acelerado y acercado las posturas de las partes en materia de inmigración. Pese a todo, el Gobierno asume el mismo papel que en tiempos de la amnistía: “Todo lo que se haga se hará bajo el paraguas de la Constitución”. Tanto en público como en privado, altos cargos del gabinete del Presidente se esmeran por aclarar que no habrá una sola iniciativa que dé la espalda a la Ley Fundamental; al igual que con la medida de gracia. También abonan el ya clásico “prudencia y transparencia en los acuerdos” que cimenta toda esta legislatura, con le objetivo de evitar filtraciones que conduzcan al fracaso del diálogo bilateral.
La demanda surgió de un pacto -también en el minuto 93- para salvar los tres primeros decretos de la legislatura. En un pleno no apto para cardiacos a principios de 2024, la fontanería de Ferraz y de Moncloa focalizó todos sus esfuerzos en seducir a los juntaires en una votación que sería -contra todo pronóstico muchos- el pan nuestro de cada día. Un deja vu de lo que sucedió el pasado 22 de enero, pero con un final feliz que acabó con el ‘sí’ neoconvergente a las medidas anticrisis, el subsidio del desempleo y la reforma de la administración de la Justicia. A cambio, los de Puigdemont rascaron la supresión del artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM), que amenazaba la amnistía según su visión, la bajada del IVA del aceite y la madre del cordero: competencias en inmigración para Cataluña.
Una transacción que en su momento le salió cara al Ejecutivo, aunque el suflé fue rebajándose a medida que avanzaba el año. Básicamente porque se encontraba en stand by y no registraba avance alguno. De vez en cuando, los juntaires afeaban a los socialistas el incumplimiento de los acuerdos -en general- y aquí paz y después gloria. Hasta ahora, que ambos han retomado la lectura en un ambiente muy distinto al de entonces.
En cualquier caso, Junts vendió en aquel momento aquella concesión como un triunfo al deslizar que el Gobierno se comprometió a la reformulación del artículo 150.2 de la Constitución Española, mediante una ley orgánica específica para Cataluña. Sostenían que la delegación de tal competencia iría acompasada por “recursos necesarios”, permitiendo al Ejecutivo regional -entonces en manos de ERC- implantar una política integral para que “tanto el Govern como el Parlament” fueran los actores que determinasen “una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país”.
Los máximos de Junts
Los inputs que llegaban desde Waterloo esclarecían que el objetivo de tal acuerdo era brindar a la Generalitat, que ahora está en manos del PSC, la oportunidad de expulsar a aquellos inmigrantes que cometan delitos, pero también la de controlar los flujos migratorios o gestionar los permisos de residencia. Ante el relato proveniente del centro de Europa, Moncloa echó el resto en suavizar las interioridades del acuerdo con Junts, limitándolo a un análisis de la flexibilidad de la delegación competencial.
Aun a día de hoy, la pretensión de los neoconvergentes es la misma que entonces. Desde el entorno del Gobierno se airea que sus interlocutores han demandado, entre otras cosas, la delegación de competencias en el control de fronteras para Cataluña. En otras palabras, que sea la policía autonómica (los Mossos d’Esquadra), y no la Guardia Civil o la Policía Nacional, quienes custodien las entradas y salidas de puntos tan estratégicos como sensibles como el aeropuerto del Prat.
Por otro lado, presionan a Moncloa con el control de la tramitación del NIE (Número de identificación de extranjeros) o los propios procesos de expulsión de migrantes. El Ejecutivo no está dispuesto a ceder en tales solicitudes, especialmente porque en el caso de esta segunda, es una competencia exclusiva del Ministerio del Interior que tan sólo puede ejecutarse a través de una sentencia judicial. Por no hablar de que chocaría con la política migratoria de la Unión Europea, que señala como únicos custodios de las competencias en dicha materia a los Estados miembros.
Así las cosas, el Ejecutivo, en cambio, habría puesto sobre la mesa la opción de que los Mossos participen en todas las tareas demandadas por los independentistas, pero no en exclusividad, sino en colaboración y “bajo el mando” de las autoridades estatales. Una contrapartida insuficiente a ojos de los juntaires, pues su objetivo es cerrar un punto intermedio que dé por satisfecha a las partes y se inserte en el marco de la Constitución.
