PSOE y Junts han hecho oficial el acuerdo para el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Sendos grupos parlamentarios han registrado a primera hora de este martes en el Congreso de los Diputados la propuesta de la Ley Orgánica de Delegación de Competencias en materia de Inmigración, que concederá a los Mossos d’Esquadra que compartan el control de fronteras, por lo que, además, se incrementará el número de efectivos en 1.800, hasta alcanzar una cifra total de 26.800. Los agentes autonómicos también gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas en cooperación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El acuerdo entre socialistas e independentistas permite al Gobierno que dé respuesta a uno de los compromisos pendientes de la legislatura y, al mismo tiempo, allane el camino hacia los Presupuestos Generales del Estado. En resumen, el pacto concede a las instituciones catalanes “una posición determinante en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración”. De este modo, exponen en el texto registrado en el Congreso de los Diputados, se fomenta un “modelo propio y una política integral” en materia migratoria para Cataluña.
Los últimos flecos se pulieron en la tarde del lunes y han dado a luz a un documento de doce puntos que modifican la Ley Orgánica de Delegación de competencias en cuestiones migratorias. Dentro de esta se sitúan asuntos como la gestión de los permisos de residencia, las devoluciones de extranjeros, las políticas de integración social, laboral y lingüística, o la protección de las víctimas de trata y explotación de seres humanos. Así, para dar una respuesta completa a todos estos puntos, el PSOE se ha comprometido a aumentar en 1.800 efectivos la plantilla de los Mossos d’Esquadra, alcanzando una cifra total de 26.800 agentes, aunque en el documento no se fija un horizonte temporal para cumplir con ello.
Los Mossos, en las fronteras
El pacto con los neoconvergentes responde a una de las reivindicaciones ya clásicas de Junts, que pasaba por que los Mossos d’Esquadra tuvieran presencia en los puestos fronterizos que se encuentran dentro de Cataluña. Tendrán la potestad de actuar para cumplir con lo estipulado en esta nueva ley, aunque siempre bajo la “coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por lo tanto, se evita un control único por parte del cuerpo autonómico, tal y como exigían los juntaires pero que en la Moncloa ponían en cuarentena al considerar su encaje constitucional.
Por otro lado, los Mossos, además, asumirán la seguridad de los puertos, aeropuertos y otras zonas críticas, siendo la administración regional la que disponga de la potestad de para gestionar las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada a España. Así, la Generalitat resolverá y ejecutará casos en los que el regreso al lugar de origen se determine de forma automática. Por ahora, las expulsiones que necesiten de expediente se resolverán como hasta la fecha, pero a partir de la fecha que figura en la propuesta se hará “previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña”.
El Ejecutivo catalán, además, será el tutor de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En la actualidad, en Cataluña sólo existe uno de estos lugares, situado en la conocida Zona Franca de la Condal.
El acuerdo prevé además una Cataluña que se configure como “ventanilla única” en su territorio para concertar las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal o residencia temporal o larga duración. Esta tarea, hasta ahora, la despachaban desde las oficinas de extranjería que dependen del Gobierno central. Será la Generalitat la expida ahora los documentos de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado.
Serán Contrataciones en Origen quienes valorarán, junto a la empresa y sindicatos, qué perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros. El acuerdo se orienta también a la materia lingüística, pues se aplicar las previsiones de la legislación quienes ejerzan la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos. Las competencias en inmigración, exclusivas del Estado según la Constitución, se delegarán recurriendo al artículo 150.2 de la Ley Fundamental. Justifican que la delegación, a diferencia de una transferencia competencial, comporta que el Gobierno central tenga la última palabra, pudiendo incluso recuperar las competencias en caso de ser necesario.
