El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se enteró por la prensa de la citación ante el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la causa contra Begoña Gómez. Fuentes del departamento así lo resuelven en declaraciones a las que ha tenido acceso ElPlural.com: “Hemos tenido noticia, a través de los medios de comunicación de una posible citación como testigo al ministro. Estamos a la espera de recibirla y estudiar su contenido”. Asimismo, dejan claro que el responsable de Presidencia “responderá en su condición de testigo a cualquier cuestión que se le plantee”.
Bolaños deberá prestar declaración por la contratación de Cristina Álvarez, secretaria de la mujer de Pedro Sánchez. Se trata de una pieza separada, como se ha explicado en otras ocasiones, que se instruye, entre otros delitos, por apropiación indebida del software asociado a la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Bajo este escenario, el juez Peinado le tomará declaración como testigo, es decir, el se tendrá que desplazar hasta su despacho para interrogar al ministro. En concreto, Álvarez era la persona encargada de llevar la agenda y el día a día de la esposa del Jefe del Ejecutivo; por lo que Peinado da este paso para intentar conocer si fue Bolaños quien ordenó la contratación.
El magistrado obra tras imputar a la asesora de Moncloa
El magistrado obra de esta manera después de imputar, precisamente, a Álvarez. La persona que ejerce como mano derecha de Gómez ya acudió a declarar como testigo el pasado 20 de diciembre, confirmando por aquel momento haber enviado carios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de la investigada, explicando que se la nombró para ayudarla con temas tanto oficiales como privados.
Dos meses más tarde, el instructor la volvió a llamar en calidad de investigada el 26 de febrero. En ese momento, negó haber llevado a cabo gestiones con la universidad madrileña o con empresas patrocinadoras para beneficiar a la mujer de Sánchez antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020.
Por su parte, Álvarez ha recurrido su imputación afeando al magistrado que le tendiese “una trampa” al utilizar su declaración como testigo para cambiar su condición a la de investigada.
Sumario de la causa
En el sumario de la causa, en uno de los correos electrónicos en los que se menciona a la asesora, miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM se refieren a ella para proporcionarle información acerca de cómo registrar el dominio de la web de un máster de la Complutense.
El correo indicaba lo siguiente: “Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de 'contrato de cesión de derechos' a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación".
El mail fue enviado también a la propia Gómez y a la coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva, Blanca de Juan. En él, consta además un mensaje que data del 7 de septiembre en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Si bien en esta ocasión Álvarez aparece en copia con un email de una cuenta personal, en un hilo de correos electrónicos que figuran en el sumario de la causa aparece con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, en la que firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.
Y en otro correo, también recogido en el sumario, aparece reflejado que la asesora también trasladó a Reale el interés de la mujer del líder del Ejecutivo en que la empresa aseguradora continuara patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social competitiva que dirigía.
Últimas polémicas del juez Peinado
La última polémica del juez Peinado escapa a lo estrictamente político para centrarse también en lo mediático. En esa línea, el magistrado ha puesto sobre la mesa los nombres de Antonio Camacho -abogado de Gómez-, Marta Castro -representante de la defensa de Vox- y Javier María Pérez, defensa de Hazte Oír.
En los últimos días, Peinado ha pedido a RTVE que envíe “todas las grabaciones de los programas emitidos del día 18 de diciembre relacionadas con las actuaciones judiciales llevadas a cabo en sede judicial” de estas tres personas y que, de no cumplir con la solicitud, el ente público podría incurrir en un “delito de desobediencia a la autoridad judicial”.
Las imágenes que pide el juez se corresponden con declaraciones breves que los abogados hicieron a la prensa tras la declaración de Gómez, momento en que Peinado abrió una pieza separada por esta cuestión, obviando además las múltiples filtraciones que se han llevado a cabo en el transcurso de la investigación.
