El Ayuntamiento de La Adrada (PP) estaría incumpliendo la Ley de Urbanismo en el expediente con el que el consistorio de la localidad de Ávila se abre a investigar el chalet “ilegal” -así lo define el exalcalde del PSOE Hilario Gabriel Ruda- del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado.
En el escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, se designa la gestión -recopilar y analizar la información procedente sobre la vivienda del magistrado- a un “arquitecto asesor municipal”, pero según la normativa esta función debe recaer sobre los funcionarios, que son quienes tienen competencia sobre ello.
Lo mencionado anteriormente es lo más importante, por encima de todo porque podría guardar relación con un conflicto de intereses, aunque hay varios aspectos a tener en cuenta a tenor del expediente. Lo primero es que la competencia y materia urbanística en Castilla y León se rige por la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo, si bien en este caso queda claro que se corresponde con una competencia municipal.
"Restauración de la legalidad"
Voces conocedoras de la legislación explican, diferentes artículos mediante, a ElPlural.com que la duración del procedimiento es de medio año con posibilidad a prórroga de otros tres meses. “Si expirado ese plazo no hay resolución, caduca el procedimiento. En caso de poder haber un delito se puede dar aviso al Ministerio Fiscal”, exponen.
Sin embargo, la caducidad no implica que el propietario de la vivienda no tenga consecuencias en caso de estar incumpliendo la norma. Para que esto sucediera “deberían transcurrir los plazos establecidos en el artículo 121.1 de la Ley de Urbanismo sobre prescripción que, en función de la gravedad -leve, grave o muy grave, tiene plazos distintos (10/8/4 años)-”. “Entiendo que la fecha de inicio para el cómputo del plazo de la prescripción se inicia desde el fin de las obras”, señalan.
En cualquier caso, las partes consultadas por este periódico inciden en que la instrucción del procedimiento no puede competer a un “asesor”, sino a los funcionarios: “Si esto no se respeta, el propio procedimiento y la posterior resolución podría adolecer de vicios de nulidad de pleno derecho (artículos 47.1 b y e), conllevando a la anulación de todo lo acordado previamente”.
Por un lado, parece evidente que el expediente, la manera en la que está formulado, carece de sentido, y las consecuencias que podría tener el chalet del juez, podrían haber prescrito dado que la construcción lleva firme desde hace 20 años, según indica el propia localidad. Por esto, el procedimiento solo puede conllevar a la declaración de que el edificio está fuera de la legislación de ordenación y se podría solicitar la “restauración de la legalidad”, si se atiende al artículo 118 de la Ley de Urbanismo de la comunidad castellanoleonesa.
Historia de una vivienda polémica
El verano pasado, ElPlural.com desveló en exclusiva que el juez Juan Carlos Peinado disfrutaba de un chalet en La Adrada era irregular. En este sentido, el que fuera regidor del municipio por el PSOE, mencionado unos párrafos más arriba, paralizó las obras de este al constatar que éste carecía de “licencia de obra, proyecto e incluso plano”. Este lujoso inmueble figuraba en el registro del Catastro Inmobiliario como un almacén-estacionamiento, un uso que se le da a aparcamientos o garajes, no a un bien de uso habitacional.
El terreno sobre el que se levanta el inmueble -de 2.866 metros cuadrados de superficie- era polémico desde 2007 entre los vecinos al rondar acerca de él dudas sobre su legalidad, si disponía de licencia, la posible ausencia de saneamiento y la presunta ilegalidad de su piscina. Con ello, el magistrado fue condenado a pagar más de 75.000 euros a una constructora por las obras que realizaron en la vivienda después de la sentencia al respecto de la Audiencia Provincial de Madrid. Tal y como contó este periódico en junio del año pasado, el magistrado tuvo que pagar 403.668,61 euros (IVA incluido); un precio que multiplica por más de 25 el valor que aparece en el Registro de la Propiedad.
Hay que destacar también que la finca de la casa está valorada en menos de 16.000 euros, aunque ocupe un terreno de más de 2.800 metros cuadrados, según figura en el Registro de la Propiedad, y la cual fue adquirida en 2007 por Peinado.
Respondiendo a un vecino, recientemente el Ayuntamiento ha respondido con el expediente que inicia estas líneas: “El Ayuntamiento ha iniciado la revisión del expediente urbanístico correspondiente a la finca mencionada, cuyos antecedentes datan del año 2004. Dada la antigüedad del expediente y el volumen de documentación a recabar y revisar, se está llevando a cabo un análisis detallado para verificar su contenido conforme a la normativa aplicable”.
