El Partido Popular (PP) llamaba esta semana de la mano de Vox a declarar a Begoña Gómez a la comisión de investigación de la Asamblea sobre la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Asimismo, tanto la derecha como la ultraderecha dejaba la puerta abierta a que también acudiera a la Cámara regional el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La situación se corresponde con la enésima doble vara de medir de la que hace gala la formación de Isabel Díaz Ayuso que, mientras insiste en las explicaciones de la esposa del responsable de Moncloa, parece obviar que ha aprovechado su mayoría en el parlamento madrileño para evitar que la lideresa regional y su equipo den las suyas sobre asuntos de calado, siendo seguramente el más reseñable el caos en la gestión de las residencias.
El pasado mes de marzo, los populares se oponían nuevamente a que la Asamblea investigara el drama que vivieron los mayores en los centros de la tercera edad durante la pandemia. E iban ocho veces en cuestión de cuatro años, ya que la primera ocasión en la que la formación conservadora obró de esta manera fue en junio de 2021.
En todo este tiempo, ha dado exactamente igual que quien pidiera rendir cuentas fuera Más Madrid, el PSOE e incluso la formación de Rocío Monasterio; y es que la pasada legislatura (comprendida entre 2021 y 2023) el PP prohibió hasta en cuatro ocasiones abrir una comisión patrocinada por la izquierda (sin tener en cuenta peticiones de subsanación y negativas a reconsideraciones), y otra -en este caso de estudio- propuesta por el partido de Mónica García, y a otra similar de la extrema derecha, que el grupo terminó retirando por presión, principalmente porque necesitaba el respaldo de los progresistas en un momento en el que las elecciones autonómicas y municipales estaban muy cerca.
Hasta el momento, la única excepción tuvo lugar en la legislatura 2019-2021, cuando los populares dependían de un Ciudadanos entonces fuerte y de Vox, aunque nunca llegó a culminar debido al adelanto electoral.
Desde luego, motivos no le faltan a los populares para analizar lo ocurrido en estos centros. Más allá de los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de residencias a hospitales de miles de personas, la situación no es mucho más esperanzadora. Es más, en algunos lugares es peor que en 2020.
“Si mañana volviera a haber una pandemia, los 7.291 mayores se iban a duplicar”, vaticinaba a ElPlural.com Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE-M, cuando relataba la situación que los internos atravesaban en la residencia Peñuelas, epicentro de la polémica forma de hacer las cosas de la administración de Sol respecto de los centros de mayores.
"Y ahora, con una mano persigue a una mujer profesional como Begoña Gómez, en su enésimo intento de hacer daño al Presidente Sánchez, mientras con la otra mano ha tumbado ocho veces la comisión de investigación en residencias por sus protocolos de la muerte", incide ahora en nuevas declaraciones a este medio. "El utimo rechazo fue en la misma sesión de la mesa de la Asamblea, que usa a su antojo para sus intereses, en la que aprobó la comisión sobre la Complutense. Ayuso es una vergüenza para la democracia", acentúa.
Con una mano persigue a una mujer profesional y con la otra tumba comisiones de investigación por sus protocolos de la muerte
El portavoz del PSOE-M en la Asamblea, Juan Lobato, ha tachado asimismo la decisión de emprender una "comisión show" y ha lamentado que los 'populares' intensifiquen la "persecución" sobre la esposa del presidente. "Vox apunta, Ayuso dispara y Feijóo está a por uvas (...)", enumera.
Novio de Ayuso
En lo que respecta al caso del novio de Ayuso, Alberto González Amador, investigado por dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental; el modus operandi ha sido similar: veto tras veto, muchas excusas y acusaciones de persecución hacia el otro lado del tablero político.
En este caso, el PP también se sirvió de su más que holgada mayoría absoluta para cortar sistemáticamente cualquier intento de la oposición para poner luz sobre taquígrafos en el caso de su pareja desde la Cámara madrileña.
Frente a ello, no solo comisiones de investigación, sino que el departamento de Ayuso impidió la comparecencia de cualquier directivo o alto cargo, así como la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Un caso palpable de esta censura fue, por ejemplo, que mientras el portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, pedía una “fiscalización milimétrica” de la contratación de la Comunidad de Madrid a raíz del escándalo, la ‘número dos’ de la lideresa regional, Marta Bernardo, se topaba con el rechazo de la Mesa justificando que era una propuesta “inconcreta” a pesar de que el PSOE dejaba muy claro lo que pretendía con ella.
En un sentido más formal -por definirlo de una manera que se entienda la referencia-, Más Madrid había propuesto llevar a pleno una Proposición No de Ley (PNL) para emplazar al Ejecutivo a realizar una “auditoría exhaustiva de todas las actividades económicas de la Comunidad de Madrid en la que hayan estado implicados los distintos grupos empresariales partícipes de la colaboración público-privada en la sanidad de la región”.
Entre otros de los nombres propios que la Asamblea de Madrid ha impedido estudiar se encuentra el del jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, quien amenazó e insultó a periodistas precisamente por el caso de González Amador
Control de los órganos de la Asamblea
Desde la defenestración de Ciudadanos, el PP ha ido viento en popa hacia la mayoría absoluta, algo que no conseguía desde 2015. Al haberse desecho de la extrema derecha en 2023, los populares han conseguido ser capaces de gobernar sin necesidad de alcanzar acuerdos.
En la práctica, esto le ha servido a la derecha para dejar de depender de otros partidos a la hora de sacar adelante medidas y eludir la independencia de organismos como el Consejo de Transparencia o el Tribunal de Cuentas, cuyos miembros de elegían hasta el momento por mayoría reforzada.
El radicalismo ha podido incluso con Vox, cuya diputada Ana Cuartero dimitió como presidente de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones después de quejarse de que el actual presidente de la cámara, Enrique Ossorio, declaraba nulas todas las iniciativas d ellos grupos, independientemente de la cuestión que trataran.
