Ariete Seguridad S.A. ha recibido en esta legislatura y la anterior más de 75 millones de euros, tal y como adelantaba en las últimas horas El Confidencial y ha podido comprobar ElPlural.com, que ha tenido acceso al conjunto de las entidades pagadoras y las cantidades otorgadas a la compañía beneficiaria.
En total, la firma, cuya administradora única es Silvia Cruz, quien fuera concejal del PP en Alcorcón entre 2011 y 2017, ha obtenido 75.730.601,02 de, al menos, 286 contratos. Las derivadas del dinero, tal y como explica Más Madrid -partido que ha elevado a principios de semana a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones- obedecen a adjudicaciones (41.256,793,24 euros), modificaciones (3.975.138,81 euros) y prórrogas (30.498.668,97 euros).
El primer convenio se rubricó en 2017, pero desde la última vez que Isabel Díaz Ayuso se sentó en la Puerta del Sol se han alcanzado otros tantos. En total, el documento -que se puede también rescatar del portal de contratación- proyecta más de 286, siendo el modus operandi que más veces se repite el conocido como a dedo, es decir sin sacar a concurso.
Acuerdos menores y por procedimiento sin publicidad
Un total de 155 acuerdos fueron menores, lo que se traduce en más de la mitad de los que aparecen en la documentación, de cerca de 20 páginas. Asimismo, 49 se ejecutaron por procedimientos sin publicidades y 82 por convocatorias anunciadas a licitación.
Prácticamente la totalidad -o casi- de las administraciones de Sol han firmado acuerdos con Ariete Seguridad. De esa manera queda claro en la engrosada lista emitida por el partido que en la Asamblea lidera Manuela Bergerot, donde aparece la Consejería de Educación, Sanidad, Deportes, Familia o Asuntos Sociales.
Aparecen muchos nombres y de carácter muy distinto, entre los que destacan hospitales como el hospital Clínico San Carlos, el Infanta Leonor, el Puerta de Hierro de Majadahonda, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Ramón y Cajal o el Hospital Universitario La Princesa.
Las acusaciones entre izquierda y derecha se han cruzado a raíz de estos hechos. Si desde la Consejería de Educación mantienen que todo se hizo acorde a la normativa, atendiendo “a los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público, y evaluada por criterios técnicos”, la formación de Mónica García ha preguntado por la “elección del contratista de la licitación con número de expediente A/SER – 0034432/2023”, acerca de la vigilancia y la seguridad en edificios de Vicepresidencia y la Consejería de Educación y Universidades, formalizada en noviembre del año pasado con la empresa mencionada.
De este modo, si bien la compañía ganó cuatro de los seis lotes del contrato -dividido por zonas de actuación- por valor de cerca de 1.200.000 euros, IVA incluido (1.188.027,59 euros), quedando por delante de otras compañías que sí presentaron oferta; los acuerdos controvertidos no se quedan aquí. De hecho, el partido verde evidencia que los acuerdos con la misma empresa se han sucedido en los últimos años con una asiduidad que no suele ser habitual, por lo que habla de un trato de favor hacia la que fuera persona de confianza del ahora concejal presidente de Hortaleza y exalcalde de Alcorcón, David Pérez.
Utilización de la vía de emergencia pese a no ser necesaria
La Comunidad de Madrid mantuvo el modus operandi de la vía de emergencia con Ariete aún en ocasiones en las que la urgencia ya no era tal. Un ejemplo palpable de esto recayó sobre el hospital Isabel Zendal, en el que el equipo de la presidenta madrileña ha puesto todos sus esfuerzos durante y después de la pandemia del Covid con el objetivo de venderlo como un proyecto exitoso, algo que las pruebas desmienten en ocasiones.
En el caso que compete, la firma de Cruz comenzó a cerrar acuerdos con el centro abierto para contener los efectos de la pandemia en noviembre de 2020, pero desde entonces -hasta fecha de agosto de 2023- le siguieron, al menos, seis renovaciones; todas ellas a dedo y sin sacar la oferta a concurso.
En concreto, a finales de 2022, cuando la gerencia del hospital La Paz asumía la gestión del Zendal -en consecuencia, depende de ésta qué hacer con la seguridad del lugar- y reduce el presupuesto por cada seis meses (lo baja a los 410.000 euros). Así las cosas, las renovaciones empezaron en enero de 2023, siguieron en julio y se extendieron hasta agosto del año pasado.
Y esta forma de proceder, queda claro en el documento, fue habitual a través de los fraccionamientos de contratos todavía en el presente año. De hecho, la propia Consejería de Sanidad ha rubricado varios contratos menores para el "servicio de vigilancia" y "seguridad" en 2024.
ElPlural.com se ha dirigido a las consejerías de Educación y de Sanidad por si quisieran dar su versión de los hechos o responder a las acusaciones de Más Madrid y, en el momento de publicación de estas líneas, no ha recibido respuesta.
