Al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le crecen los problemas. Si en las últimas semanas salía a la luz que su número 3, Ana Millán, estaba siendo investigada por cuatro delitos de corrupción, ahora aparece otro nombre propio: el de Silvia Cruz.
Exconcejal del PP en Alcorcón, municipio en el que estuvo hasta 2017, la política está en el centro de la polémica por haber recibido más de 75 millones de euros en adjudicaciones durante esta y la anterior legislatura ‘a dedo’ -sin concurso- a través de la empresa Ariete Seguridad, de la que es administradora única.
Más Madrid eleva este lunes la cuestión a la comisión de Vigilancia de las Contrataciones, según una información publicada por El Confidencial. El partido que en la Asamblea de Madrid capitanea Manuela Bergerot preguntará por la “elección del contratista de la licitación con número de expediente A/SER-003432/2023” sobre la vigilancia y la seguridad en edificios de Vicepresidencia y la Consejería de Educación y Universidades, formalizadas en noviembre del año pasado a través de la mencionada compañía.
El adjudicatario de los acuerdos es esta firma, de la que Cruz es administradora única, mientras que la presente cuestión ahonda en uno de los talones de Aquiles de la presidenta madrileña: la educación (el otro, sin duda, es la sanidad), que ha cobrado especial relevancia con el paso de los meses después de un verano que ha estado marcado por el fraccionamiento de contratos para la construcción de varios centros dentro de este ámbitos.
Ariete Seguridad se hizo con cuatro de los seis lotes del contrato para la vigilancia de universidades y otros lugares relacionados con el estudio en la Comunidad de Madrid y recibió 1.188.027,59 euros por prestar este servicio.
Más allá del ámbito legal y la posibilidad de que recaigan responsabilidades sobre la exconcejala, el cruce de reproches está servido, y es que mientras desde Más Madrid consideran que, lejos de ser un caso aislado, existe un flagrante y evidente trato de favor hacia Cruz, la Consejería de Educación desliza que todo se hizo acorde a la ley, respetando el “procedimiento abierto”, según “los requisitos de la Ley de Contratación del Sector Público” y los “criterios técnicos” correspondientes.
Más de 75 millones de euros y 155 adjudicaciones a dedo
La realidad es que Ariete Seguridad ha recibido en los últimos años un montante de 75.730.601,02 euros entre adjudicaciones directas, modificaciones y prórrogas de contrato, según refleja el portal de contratación de la Comunidad de Madrid y la información a la que ha tenido acceso ElPlural.com.
Se contabilizan 286 convenios con la compañía en los últimos años, de los cuales 155 fueron menores y se llevaron a cabo por el procedimiento de urgencia tanto en la pasada legislatura como en la presentes (es decir, más de la mitad).
En su escrito, Más Madrid destaca un total de 342 contratos menores por valor de 6.187.711.98 euros, adjudicados a 11 proveedores para las obras de ocho centros públicos durante la etapa de Enrique Ossorio, actual presidente de la Cámara, ejercía como responsable de Educación.
Por el momento, el ministerio público investiga las obras que se llevaron a cabo en el complejo educativo de Ciudad Escolar y en la Escuela de Arte de FP Alcalá de Henares, dos en las que se rubricaron contratos fraccionados. La propia consejería dirigida ahora por Emilio Viciana pidió a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigara las presuntas irregularidades en la contratación de estos trabajos, sobre los que hay algunos señalados -se depuraron responsabilidades con quien fuera subdirector de FP de entonces, Alfonso Mateos, pero es imposible que fuera el único responsable- y ante los que el PSOE también ha denunciado ya, habiendo sido su denuncia asimismo admitida a trámite.
Ariete Seguridad ha operado en varios centros educativos de la región, pero lo ha hecho también en otros sitios, como el hospital Isabel Zendal, uno de los proyectos faraónicos de la administración Ayuso. En este sentido destaca, por ejemplo, la convocatoria resuelta el pasado 29 de diciembre mediante la cual la compañía de seguridad logró en este caso imponerse a su único competidor -Bilbo Guardas Seguridad SL- por 0,38 puntos. La compañía de la ex edil de Alcorcón cerró el contrato por medio año por casi 120.000 euros la haber presentado la proposición “más ventajosa”.
