La número tres Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, está contra las cuerdas. Después de que el pasado martes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la imputara por cuatro delitos de corrupción, cada vez van saliendo más píldoras que podrían decantar la investigación.
La última, y que podría ser clave en el devenir de los hechos, es un correo electrónico que la ahora vicesecretaria de Organización y Electoral del PP madrileño envió a uno de los nombres propios cuyo rastro también persigue la Guardia Civil; el del empresario Francisco Roselló, a su vez adjudicatario habitual del Ayuntamiento de Arroyomolinos durante los casi 20 años que la política escaló puestos en el organigrama del consistorio hasta alcanzar la alcaldía.
En el mail, la persona de confianza de la presidenta muestra una excesiva “cercanía” con el destinatario -así lo reflejan las autoridades- y aborda con él el pago de las cuotas de una hipoteca y la comunidad de la vivienda. Asimismo, el asunto del texto es ‘Ático’.
El documento resulta a todas luces imprescindible para una decisión final sobre la ex alcaldesa a la que Ayuso aupó en poco tiempo y con la que la lideresa reconoce una amistad antes de llegar a la Puerta del Sol. Y el de estas líneas es un mensaje fundamental porque entre las cuestiones opacas que se analizan alrededor de Millán se encuentran pagos en forma de sueldos, ingresos en efectivo y transferencias que habrían recibido entre ella, su novio y su hermana, así como el pago de alrededor de 50.000 euros de una hipoteca y gastos de un ático en el centro del municipio.
A cambio, sostiene la investigación siempre preservando la presunción de inocencia, de unas adjudicaciones a favor del grupo de empresas de Roselló. En total, según los informe que posee el magistrado Francisco José de Goyena, son más de 600.000 euros repartidos en nueve casos, aunque la presunta trama sigue en manos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Destrucción de pruebas
En los pocos años que otros partidos capitanearon el ayuntamiento de la localidad madrileña se dieron cuenta, el mismo día que iban a tomar posesión de la concejalía en la que estuvo Millán (la de Juventud y Deporte), de que se estaban destruyendo pruebas. Solo pudieron salvar tres bolsas de basura, pero entre los papeles encontraron una copia escrita de este email, sobre el que Carlos Ruipérez -quien pasaría a ser alcalde por Ciudadanos- basó su denuncia.
“El alquiler era la letra de la hipoteca”
La número tres de la lideresa regional explicó durante una declaración en sede judicial que ella se había comprado otra vivienda en 2008 y que el empresario le ofreció alquilarle el ático con opción a compra, aunque no realizó la gestión de manera personal, sino a través de otra persona que administraba Neverland, una de sus sociedades.
Millán justificaba que el contrato del ático establecía que “el alquiler era la letra de la hipoteca y, como ya hacía uso de él como si fuera suyo, asumía todos los gastos de comunidad, contribución, seguro…”; mientras que el precio de una posible compra futura sería lo que restara de la hipoteca. Las partes firmaron el documento, cree recordar la antigua concejala, en un “bar del pueblo”.
“Diferencia de trato”
En el otro lado, un testigo que trabajaba con la número tres de Ayuso pone de manifiesto la “diferencia de trato otorgado por la ex concejal en la contratación y la forma de interactuar” con las sociedades de Roselló. Y añade: “Esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Millán resulta significativa, más si se tienen en cuenta” los supuestos retornos que tuvo.
Las agendas de Millán
La Guardia Civil también tiene en su poder una caja con agendas que el antiguo regidor de Ciudadanos entregó a las autoridades en 2015, tras encontrarla en el despacho de la política popular.
Se trata de 14 cuadernos que se antojan igualmente decisivos para el futuro de la presunta implicada. Las anotaciones que en ellos aparecen se corresponden con los años comprendidos entre 2004 y 2012, que coinciden precisamente con los presuntos contratos públicos y los pagos concedidos tanto a ella como a su pareja y su hermana.
El TSJM ya ha incorporado esta documentación a la causa, que incluye otras tres libretas, 13 archivos en formato CD y el mail entre Millán y Roselló encontrado hace nueve años por el equipo de gobierno que sustituyó al PP al frente del ayuntamiento.
Cronología curiosa de los hechos
La historia no deja de ser curiosa, y es que Gil Suárez relató a los agentes que fue una tormenta de verano y una inundación las que hicieron salir a la luz estos documentos (fue en julio cuando le ex del partido naranja entregó la caja a la Benemérita)
Concretamente, las agendas se encontraban en una caja de cartón en el garaje de su antiguo compañero Andrés Martínez Blanes, que fue también alcalde de Arroyomolinos por su mismo partido entre agosto de 2018 y junio de 2019. Este último se sumó al Gobierno local de la nueva regidora tras la ruptura del PP y Vox.
Las personas que han hablado cuentan que fue Blanes quien encontró la caja, pero Gil Suárez quien se prestó a llevarla a la Guardia Civil, ya que su excompañero tenía un viaje organizado a la costa de Alicante. Pero el baile de nombres continúa, dado que Gil Suárez aseguró ante las autoridades que la caja se había extraviado después de que el concejal Juan Carlos García González se la entregara al ex alcalde Marínez Blanes. Entretanto, García González se mantiene como concejal por una candidatura local que ahora gobierna el municipio junto a los ‘populares’.
De Navalcarnero al TSJM
Los tres nombres anteriores formaron parque del equipo de gobierno que sustituyeron al PP e 2015 en el Ayuntamiento y los tres presentaron la denuncia un año después. En un principio, consideraban que se trataba de un brazo del caso Púnica, pero resultó ser una causa personal contra la imputada.
El caso pasó primero por un juzgado de Navalcarnero, cuya jueza apuntó a la comisión de hasta cuatro posibles delitos de corrupción -tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la administración pública- derivados de la relación entre Millán y Roselló, una relación de contratos de un lado hacia otro por valor de 600.000 euros y de ingresos de 214.000 a los familiares de la política. Además, el empresario le pagaba el alquiler de un ático a la vicesecretaria de Organización y Electoral del PP de Madrid duplicando casi el precio de mercado.
