Como era de esperar, el Senado ha retrasado lo máximo posible la aprobación definitiva de la ley de amnistía agotando los plazos y votando en contra de la herramienta de gracia pactada por el Gobierno y los socios de investidura de Pedro Sánchez. Con el 'no' de la Cámara Alta, la medida vuelve al Congreso de los Diputados, donde será aprobada definitivamente con la misma aritmética variable con la que se le dio luz verde el 14 de marzo, hace exactamente dos meses.
La ley de amnistía -bautizada como Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña- supera de esta forma un nuevo trámite, el del bloqueo impuesto por el Partido Popular, y queda pendiente de ser ratificada en un pleno que deberá ser agendado por la Mesa del Congreso de los Diputados, presidida por Francina Armengol. A la espera de fijar una fecha concreta, el Gobierno mira al horizonte más inmediato con la sensación de que es la ley correcta. Y lo hace, principalmente, por dos razones: su constitucionalidad queda acreditada con el informe favorable de la Comisión de Venecia y sus frutos políticos han quedado acreditados en las elecciones celebradas en Cataluña este domingo 12 de mayo.
Con el independentismo fuera de combate en las elecciones regionales, la herramienta de gracia servirá también a los socialistas como moneda de cambio de cara a las negociaciones poselectorales.
Choque entre Congreso y Senado
Desde que dio comienzo la tramitación misma de la norma, su dilatación entre ambas Cámaras del Parlamento nacional se ha dilatado por el arduo debate entre los grupos y el retraso que ha protagonizado el mando de los populares en el Senado.
Cabe recordar en este sentido que la Cámara Alta aprobó el choque institucional, de características inéditas, con el Congreso por el que se solicitó de manera formal a la presidenta de la Mesa, Armengol, a retirar la proposición de la ley al entender que era una reforma encubierta de la Constitución. Un movimiento que la Cámara Baja entendió entonces como “improcedente”. De esta manera, el Congreso respondió que no iba a retirar la ley.
Acto seguido, a modo de réplica, el PP se planteó elevar el conflicto parlamentario de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC). Una decisión sobre la que han decidido dar marcha atrás. Finalmente, los de Alberto Núñez Feijóo han dejado sin efecto el conflicto de competencias entre ambas Cámaras descartando elevarlo finalmente al Tribunal Constitucional (TC) alegando que ha habido un "incumplimiento procesal" por parte de la institución al entender que la Mesa del Congreso "no tiene la competencia" para contestar a este requerimiento, sino que esta potestad corresponde al Pleno. Sin embargo, los populares sí que han vuelto a hacer empleo de su mayoría absoluta para convocar un Pleno en el Senado este jueves, que no estaba previsto, con el objetivo de aprobar este escrito que deja sin efecto el choque institucional con la Cámara Baja.
Visión favorable de la Comisión de Venecia y presidentes autonómicos
Cabe remarcar que este proceso parlamentario al que se ha sometido la normativa ha contado con informes y puntos de vista favorables en todo su recorrido pese al intento de tumbarla. Por un lado, el informe de la Comisión de Venecia no percibió conflicto de separación de poderes si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficarán a los amparados por la ley. Sin embargo, sí que consideró que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta, criticando a la par que el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley en el Congreso. En su informe, el organismo que forma parte del Consejo de Europa, no entró a valorar si la ley es o no constitucional al considerar que la última palabra al respecto debe radicar en el Tribunal Constitucional. Tampoco se pronuncia sobre si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea, y lo deja en manos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
De la misma manera, por parte de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, impulsó un informe sobre el contenido autonómico integrado en la normativa y que propició un debate de este foro con varios presidentes autonómicos del PP y el presidente catalán, Pere Aragonès, sobre esta norma.
En cuanto al informe del CGPJ, no hay pronunciación definitiva. Por el momento, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado en dos ocasiones realizar informes sobre esta norma.
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