El Congreso de los Diputados se prepara para rechazar el conflicto de competencias presentado por el Senado la semana pasada respecto a la Ley de Amnistía. La Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, ha sido enfática al calificar la maniobra de la Cámara Alta como "improcedente", apoyándose en la firme opinión de los servicios jurídicos de la Cámara baja. Este martes, se espera que la Mesa apruebe una respuesta negativa a la solicitud del Senado, que con mayoría absoluta del Partido Popular (PP), había exigido la retirada de la ley.

Los letrados del Congreso han subrayado que la Cámara Baja ha actuado dentro de los límites constitucionales y reglamentarios, y ahora corresponde al Senado continuar el proceso legislativo según sus propias competencias. Sin embargo, el Senado, bajo la apariencia de defender sus atribuciones, parece intentar “subvertir” las funciones legítimas del Congreso, lo que los servicios jurídicos consideran un intento de suplantar la autoridad de la Cámara baja y evitar cumplir con sus obligaciones constitucionales.

El informe de los letrados del Congreso, que se apoya en sentencias previas del Tribunal Constitucional (TC), argumenta que las votaciones en el marco del procedimiento legislativo no son adecuadas para plantear un conflicto de competencias. Además, señala que si el Senado creía que sus competencias habían sido usurpadas cuando la Mesa del Congreso admitió a trámite la proposición de ley en noviembre, debería haber presentado el conflicto en ese momento, y no ahora, cuando ya se ha excedido el plazo de 30 días establecido por la Constitución para tales acciones.

Los letrados también reafirman su posición inicial de noviembre, que avaló la tramitación de la iniciativa legislativa, argumentando que las dudas sobre su constitucionalidad no eran tan evidentes como para vetarla, respetando así el derecho de los parlamentarios a discutirla. Declarar la inconstitucionalidad de una iniciativa, sostienen, es tarea del TC y no de las Mesas del Congreso o del Senado. "La función de controlar cómo ha aplicado su Reglamento el Congreso corresponde en su caso al TC, no pudiendo el Senado asumir funciones de fiscalización de otros órganos constitucionales", subrayan fuentes parlamentarias.

“Semejante pretensión, que de nuevo carecería de precedentes, implicaría reconocer una potestad exorbitante a la Mesa de la Cámara”, sostienen estas mismas fuentes. “El conflicto planteado es improcedente por referirse a decisiones que no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones sino, en su caso, de un recurso de inconstitucionalidad”, sentencian.

Con todo ello, y dada la mayoría con la que cuentan el PSOE y Sumar en el órgano de gobierno de la Cámara, la Mesa del Congreso se responderá negativamente a la petición de retirada del Senado y aconsejará a la Cámara Alta desistir del conflicto de atribuciones.

El PSOE recuerda el 23-F

Durante el debate de la semana pasada, el senador del PSOE por Lanzarote y secretario cuarto del Senado, Francisco Manuel Fajardo, comparó este conflicto institucional entre la Cámara Alta y el Congreso con el intento de golpe de Estado del 23F al afirmar que este choque es "casi un 'quieto todo el mundo'".

El senador socialista dijo al PP que este choque institucional inédito entre Senado y Congreso es "un auténtico disparate". "Es casi un 'quieto todo el mundo'", añadió Fajardo, refiriéndose a las palabras que profirió el coronel Antonio Tejero en el Congreso durante el intento de golpe de Estado del 23F.

A su vez, el parlamentario del PSOE acusó a los 'populares' de "agarrarse" a un párrafo del informe de los letrados del Senado en el que se habla del conflicto institucional entre el Senado y el Congreso para finalmente acabar planteándolo en la Cámara Alta.

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