La Comisión de Venecia ha avalado por completo la existencia de la ley de amnistía y reconoce la existencia de leyes de amnistía en diferentes países europeos, después de haber recogido información en 54 Estados. El órgano del Consejo de Europa considera legítimos los objetivos de reconciliación social y política, con lo que le da un gran varapalo al PP, que sigue en sus trece de torpedear la norma e internacionalizarla, y al Tribunal Supremo, que finalmente ha abierto una causa por terrorismo contra el expresident catalán Carles Puigdemont en el caso Tsunami.

La Comisión ha afirmado que la reconciliación política es un objetivo político legítimo para las amnistías. Un objetivo expresamente citado no solo en la exposición de motivos de la norma española, sino incluso en su título (normalización institucional, política y social en Cataluña). De esta forma, ha establecido una serie de criterios para asegurar la legalidad de la amnistía, afirmando que cumple con todos ellos: respeto al derecho internacional, seguridad jurídica al definir claramente los actos amnistiados y las excepciones o una tramitación que permita debate y participación.

"Las amnistías deben perseguir un objetivo legítimo en interés de la comunidad; cuanto más radicales sean las amnistías, más legítimo debería ser el objetivo. La unidad nacional y la reconciliación social y política son objetivos legítimos de las amnistías. En opinión de la Comisión [de Venecia], la proporcionalidad requiere que, en cada caso dado, la amnistía propuesta sea un medio adecuado para lograr en última instancia la unidad y la reconciliación", han expuesto en el informe.

Y, además, la Comisión ha sentenciado que en ningún caso la amnistía afecta a la separación de poderes, ya que la norma deja en manos de los jueces la amnistía de los actos concretos conforme a la ley.

Respecto a las recomendaciones que formula la Comisión, todas se han cumplido ya en la tramitación parlamentaria. Estas son:

- La exclusión de los delitos de terrorismo de la amnistía ya no se hace depender de la existencia de sentencia firme

- Se ha reforzado la conexión entre la amnistía y el proceso independentista

- El Grupo Socialista ha declarado ya que los jueces no comparecerán ante las comisiones de investigación

- Tanto en el pleno del Congreso como en la Comisión de Justicia se ha dado un debate amplio a los grupos para fijar su posición

El informe, por último, subraya que la ley se ha tramitado con el procedimiento de urgencia, que acorta los plazos y alcance del debate, y también toma nota de la “división” que la medida de gracia ha provocado en la sociedad. Por eso, “anima a todas las autoridades españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de lealtad cooperación entre las instituciones estatales, así como entre Gobierno y oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política, y considerar la exploración de procedimientos de justicia restaurativa”.

Este órgano consultivo responde así a las cuestiones del Senado, con mayoría absoluta del PP, sobre una presunta vulneración del principio de separación de poderes con la ley de amnistía y sobre si una eventual cuestión de inconstitucionalidad debería paralizar la aplicación de la ley.

Ante esta resolución, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, lo ha celebrado en redes sociales: “Lo dijimos nosotros y ahora también la Comisión de Venecia: la amnistía es una herramienta para la reconciliación. Y además cumple con los estándares internacionales. Es impecable y es positiva. Seguimos avanzando”.

Varapalo al PP y al Supremo

El PP, en sus continuos intentos de internacionalizar la cuestión de la amnistía, buscó usar la Comisión de Venecia contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que recientemente eurodiputados del PP, Ciudadanos y Vox confiaban en que la Unión Europea paralizase la ley de amnistía pactada entre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes recalcando que, de no ser por las instituciones comunitarias “y su poder de frenar las leyes” esta norma “ya estaría aprobada en España”. Pero le han dado un varapalo.

Lo mismo ha ocurrido con el Tribunal Supremo, que ha abierto una causa por terrorismo contra el expresident catalán Carles Puigdemont en el caso Tsunami, en contra del criterio de la Fiscalía, que solo vio “meras conjeturas o sospechas” pero “no indicios” contra el expresident.

Los magistrados decidían así apoyar la petición del polémico juez Manuel García-Castellón en lugar del criterio de la Fiscalía General del Estado que solicitaba que la causa volviera a la Audiencia Nacional. Es más, afirmaban que la teniente fiscal del Supremo cuestionaba “uno a uno estos indicios con una subjetiva interpretación de los mismos”.

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