Resuelto el enigma catalán, la actualidad política se toma un respiro fugaz. Al menos hasta la vuelta a la rutina, que arrancará con un nuevo acertijo que el Gobierno deberá solucionar. El curso político cerró en España con un varapalo a Moncloa en forma de rechazo al techo de gasto. Los siete de Junts, antes de que certificase el pacto entre PSC y ERC en Cataluña, tumbaron las previsiones que presentó María Jesús Montero, añadiendo una equis más a la ecuación presupuestaria. Una operación que adquiere mayor dificultad tras la investidura de Salvador Illa, pues Junts amenaza con llevar al Ejecutivo por un terreno más escabroso todavía, sabedores de que sin ellos no hay margen para que la agenda legislativa avance y en el horizonte, además de las cuentas públicas, se visualiza el difícil encaje del sistema fiscal que emana del acuerdo que propició el cambio de ciclo político en la Generalitat.
El nuevo cóctel resultante del golpe de timón catalán arroja más dudas que certezas sobre una legislatura que tiene difícil hallar un punto de anclaje. Este equilibrio debería llegar con la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero Junts decidió en julio echar agua al guiso y tumbar el techo de gasto para frenar su tramitación. Ahora, toda vez consolidado el desembarco de Illa al Palau de la Generalitat, los neoconvergentes necesitan más gasolina para relanzar su papeleta y, por ende, revivir a las masas independentistas. Por ello, se han abierto a adelantar el congreso orgánico previsto para 2026 y deslizan sus dudas sobre la idoneidad del pacto suscrito con el PSOE para investir a Pedro Sánchez.
Un nuevo tablero
Junts argumenta un “cambio del marco mental”. La unción de Illa como president, pese al fugaz regreso de Carles Puigdemont a Cataluña, ha cambiado de golpe el tablero político en la región y, por tanto, en España. Los neoconvergentes se ven obligados, por tanto, a redefinir su hoja de ruta y sus posicionamientos en Madrid, así como cuestiones orgánicas, aunque la más importante pasa por la estrategia para influir en la gobernabilidad del Estado y los Presupuestos; la madre del cordero de la legislatura. La aritmética parlamentaria es lo único que no ha cambiado en este ciclo político y eso deja tan sólo una cosa clara: Moncloa necesita a Junts para avanzar en su agenda legislativa.
En la coalición son conscientes de ello, de ahí que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, recibiese el veto de Junts al techo de gasto como una “hostia para el Gobierno”. En Hacienda, departamento dirigido por María Jesús Montero, son también conscientes del papel crucial que tienen las cuentas públicas para apuntalar la legislatura. Sin embargo, no creen que el escenario, pese a todo, haya variado lo más mínimo. Sí, en cambio, se hubiese producido una alteración del paradigma si los postconvergentes hubieran complicado los acercamientos entre ERC y PSC y, por ende, hubieran forzado la repetición electoral en octubre. Justo en plena tramitación de las cuentas públicas.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, lo advirtió esta misma semana. En la comparecencia posterior a la Ejecutiva de la formación independentista, se sentaron las bases para el adelanto del cónclave a octubre de este mismo año, bajo el precepto de que todos los esfuerzos del partido pivotarán sobre la reorientación estratégica para “relanzar el independentismo”. Argumentó que “todas las decisiones en todos los ámbitos” descansarán sobre los acuerdos aprobados en el congreso neoconvergente y avisó de que no harán bajo ningún concepto será “decidir cosas en función de cómo queramos que vaya en Madrid”. No obstante, hay quien cree al mismo tiempo que el calendario de tramitación de las cuentas públicas podría cruzarse en el camino y forzar una decisión en el debate de enmiendas a la totalidad.
Aun con todo ello, los motivos del rechazo a la senda de estabilidad han crecido en este tiempo, sumando la baja ejecución presupuestaria del Estado en Cataluña el ejercicio pasado (2023) y otros “muchos más” para garantizar la aplicación de la amnistía. Entre ellos, Turull destacó que Moncloa debería actuar contra los jueces reticentes a través de la Fiscalía o la Abogacía del Estado, además de desmarcarse del “café para todos” o un “incremento de los agravios económicos que sufre Cataluña”.
La nueva financiación
Por aquí pasa el nuevo sistema de financiación, que fue la llave que abrió la cerradura para investir a Illa y que, a su vez, era condición sine qua non de ERC para desencallar la gobernabilidad catalana. Un acuerdo que causó especial malestar en el fuero interno de Junts, que vinculan la soberanía fiscal a la estabilidad del Gobierno en Madrid y no a un pacto de investidura autonómico. Con base a ello, hay cuadros en Junts que claman por hacer valer sus siete escaños en la Carrera de San Jerónimo para reclamar que sea Cataluña quien decida qué, cuánto y a quién le paga. Es decir, que el Govern de turno fije el cupo que reorientará al resto de territorios sin previo consenso con el Estado.
El propio Turull, en declaraciones a Catalunya Ràdio, lo clarificó: “Si tenemos un modelo propio y salimos de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, y es un modelo donde nosotros decidimos cuál es la cuota que damos al Estado, veremos. Pero son lo decide el Estado, porque volveremos a estar ahí mismo. Ya nos pronunciaremos”. En otras palabras, el voto favorable de sus siete diputados en Madrid dependerá de si el acuerdo en la Carrera de San Jerónimo permite a la Generalitat fijar su propio cupo. “Si es algo que tiene un nombre y luego es otra cosa, evidentemente no lo bendeciremos”, resaltó.
Pero los inputs que llegan del flamante Govern de Salvador Illa no orbitan en la dirección que anhela Junts. El Ejecutivo socialista se parapeta tras la cuota de solidaridad para defender que la soberanía fiscal catalana “no va en contra de nadie”, contrarrestando a su vez las críticas de otros barones territoriales del PSOE que se manifestaron en contra de una reestructuración que, según el acuerdo firmado entre el PSC y ERC, empezaría a aplicarse en el próximo ejercicio.
La portavoz del Ejecutivo catalán, la socialista Silvia Paneque, ensalzó la “cuota de solidaridad” que Cataluña deberá transferir al Estado. “La mejora de la financiación no puede ir en contra de cualquier otra comunidad autónoma”, expuso en la primera rueda de prensa. En paralelo, mandaba un mensaje a Junts, recordándole que el acuerdo con los republicanos “es claro” y lo seguirán “al pie de la letra”.
