El Ministerio de Hacienda continúa con el diseño de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2025, pese a que el Congreso de los Diputados rechazó la senda de estabilidad que había presentado el Gobierno de España. Según el diario El País, desde la cartera que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se escudan en que el techo de gasto sí está aprobado el techo de gasto, ya que no depende de su convalidación en la Cámara Baja. Tal y como han indicado, el Gobierno de España confía en que tendrán margen suficiente para cumplir con el calendario legal y que las Cuentas Públicas entren en vigor el 1 de enero de 2025.
El Ministerio de Hacienda pretende presentar "en tiempo y forma" el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, antes del 1 de octubre. El Gobierno podría aprobar una nueva senda en el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el martes 30 de junio. Eso sí, si no fuese el caso y hubiese que esperar al final del verano, seguirían contando con plazo suficiente, ya que la ley da un mes de margen para aprobar esta. De igual forma, si se sobrepasa ese límite tampoco se prevé ninguna consecuencia en la normativa.
El Ejecutivo tiene prisa por aprobar estos nuevos presupuestos. Por una parte, porque los que están vigentes son una prórroga de los PGE del año 2023, ya que no se continuó con el proyecto para los del ejercicio de este 2024. De igual forma, serían los primeros aprobados con la vuelta de las normas fiscales europeas, que fueron suspendidas con la pandemia de Covid-19.
Junts y PP retrasan la elaboración de los Presupuestos
La odisea por tener los PGE listos comenzó hace un mes, cuando el Ministerio de Hacienda publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial correspondiente para comenzar con la elaboración de las cuentas. En el se determinan las prioridades que se deben seguir para diseñar las políticas y actuaciones durante el ejercicio del año 2025. De esta forma, esas líneas deben tenerlas en cuenta las distintas carteras y organismos públicos a la hora de comunicar a dicho departamento sus necesidades particulares. Hacienda analizada una por una cada una de estas y crea los programas de gasto e ingresos.
Eso sí, el Ejecutivo debe actualizar y seguir una serie de trámites distintos para que estos presupuestos se puedan elaborar correctamente. Por ejemplo, se deben actualizar las previsiones de crecimiento de las variables macroeconómicas, determinar la capacidad de gasto de ese ejercicio y fijar los objetivos de déficit y deuda pública para los tres años siguientes, la llamada senda de estabilidad. El objetivo de esta última es indicar cuánto corresponde a las distintas administraciones públicas. Es decir, al Estado central, a las autonomías, a los ayuntamientos y a la Seguridad Social. Así, lo que se busca es que se pueda garantizar la reducción de los desequilibrios en los presupuestos.
De los trámites indicados, solo la senda de estabilidad debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados, aunque el Gobierno tiene la obligación de informar a la Cámara de cual es el techo de gasto también, tal y como recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin embargo, los últimos intentos del Ejecutivo de aprobar esta han caído en saco roto al pasar por el Congreso. En el caso de este martes 23 de julio, la negativa de PP y Junts ha tumbado los objetivos que había establecido el Ejecutivo.
En el caso del partido independentista, las negociaciones han sido más tensas por las conversaciones que el PSC y ERC mantienen para que Salvador Illa sea investido presidente de la Generalitat. La formación anunció que sus siete diputados votarían en contra de la propuesta el mismo día del pleno, justo después de que Montero anunciase los objetivos en el estrado. Así, este ha sido el golpe de gracia contra la senda de estabilidad, junto con la negativa tanto del PP como de Vox.
En el caso de que este trámite no fuese aprobado de nuevo por la Cámara Baja, los presupuestos podrían seguir adelante. Eso sí, los objetivos a aplicar serían los de los PGE vigentes actualmente, es decir, los del año 2023 que se prorrogaron para el ejercicio de este 2024.
El Senado pierde su derecho a veto de los objetivos de déficit
Sin embargo, una victoria con la que ya cuenta el Ministerio de Hacienda es que el Congreso de los Diputados aprobó despojar al Senado de su derecho a veto de los objetivos de déficit y deuda. Esto se hizo a través de una enmienda en la ley de paridad que fue aprobada en ese mismo pleno. De esta forma, el Gobierno ha sorteado la posibilidad de que el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara de representación territorial, vete y retrase la elaboración de los presupuestos. Así lo hizo con los dos intentos anteriores de confeccionar la senda de estabilidad de los PGE para 2024, que finalmente no se terminaron.
