Nuevo batacazo parlamentario de Vox. El Congreso de los diputados ha tumbado este jueves el intento de la formación ultra de vetar el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual del Gobierno tras rechazar con amplia mayoría la enmienda a la totalidad presentada por los de Santiago Abascal. En concreto, solo han apoyado esta modificación los 51 representantes de Vox y los ocho de Ciudadanos, que se han abstenido. El resto de los grupos han votado en contra. Así, el pleno de la Cámara Baja ha impulsado la conocida como Ley del Cine, que contempla más ayudas en pro de la igualdad de género y la inclusión y que continuará con su trámite parlamentario ordinario ante las quejas de los de extrema derecha, que tildan la legislación de "mera herramienta de adoctrinamiento".
El Congreso salva el veto de Vox
Este jueves, el Congreso ha celebrado el primer examen del Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual presentado por el Ministerio de Cultura el pasado mes de diciembre con el debate de la enmienda a la totalidad, la única, presentada por Vox. Con esta regulación el Gobierno busca actualizar la normativa a los cambios que ha vivido el sector en los últimos años, especialmente con la evolución tecnológica que se ha desarrollado desde el 2007, cuando se aprobó la actual legislación. Pero también luchar contra la brecha de género y mejorar la inclusión con un paquete de ayudas e incentivos fiscales pensados sobre todo para las productoras independientes.
Así, el pleno ha dado un portazo al intento de veto de Vox, que tilda este proyecto de ley de "mera herramienta de adoctrinamiento" ideológico. José Ramírez del Río, portavoz ultra encargado de defender la enmienda a la totalidad, ha criticado desde el estrado que el Ejecutivo haya concedido subsidios "de miles de euros" a películas que -dice- no obtienen el respaldo del público en taquilla al tiempo que ha cuestionado la definición de "productora independiente" que se recoge en la ley. A su juicio, que la descripción de los que puedan recibir subvenciones subvenciones públicas sea distinta y "mas restrictiva" que la incluida en la normativa aprobada el año pasado genera "inseguridad jurídica". La Ley Audiovisual vigente hasta el momento englobaba a productoras internacionales, grandes plataformas o cadenas de televisión.
El intento de veto solo ha obtenido el tibio apoyo de Ciudadanos, que ha optado por la abstención. El portavoz naranja, Guillermo Díaz, se ha manifestado en línea con la formación liderada por Santiago Abascal y ha señalado que "algo se hace mal cuando las películas reciben más subvención que dinero en taquilla" para después criticar "las tesis provincianas que ponen cuotas con formatos y lenguas que no prosperarían si de los espectadores dependiera". Desde el Partido Popular, por su parte, han votado en contra de la enmienda aunque han tildado la propuesta del Ejecutivo de "poco innovadora, insuficiente y confusa". Su diputada Sol Cruz Guzmán ha anunciado que va a presentar la petición de comparecencia de representantes del sector durante la tramitación para que expongan su postura y visión al respecto de la norma.
El Gobierno defiende la norma
Por su parte, el titular de Cultura, Miquel Iceta, ha reivindicado una ley "demandada por el sector" y que actualiza la de 2007 a la luz de la evolución de la producción y distribución. Además, ha destacado su principal objetivo, el de apostar por la diversidad y la igualdad con la creación de un fondo con ayudas específicas para fomentar el uso de las lenguas oficiales distintas al castellano y una cuota mínima del 30% para destinar ayudas a proyectos dirigidos por mujeres. "No analizamos la ideología de las películas, el sistema de ayudas es un sistema por puntos objetivos basado en criterios como la solvencia y la trayectoria de los candidatos", ha especificado Iceta, que ha sostenido que "en los procesos se respeta la libertad creativa y autoral".
Y es que la motivación principal de esta iniciativa, tal y como se refleja en su exposición de motivos del texto, es el "fortalecimiento y apoyo de toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial", el "pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual" y "la adaptación a las nuevas tecnologías, formatos y hábitos de consumo", además de "la puesta en valor del patrimonio audiovisual". Por su parte, el socio minoritario de la coalición ha restado importancia a la enmienda de Vox, que ha calificado de "ajuste de cuentas con el cine español". Según Pedro Antonio Honrubia, de Unidas Podemos, los diputados ultras tienen "un trauma ideológico" ya que "entienden que mucha gente del cine es de izquierdas y progresista" y ha señalado las contradicciones en que incurre su enmienda. "No te lo puedes tomar en serio", ha sostenido durante su turno de intervención.
En la misma sesión asimismo se ha debatido otra enmienda a la totalidad registrada por Vox para otra iniciativa de este sector, concretamente para el proyecto de ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, que tampoco ha salido adelante tras el voto en contra de todo el pleno. Así, esta legislación -que ha sido aprobada por el Consejo de ministros el pasado mes de diciembre- también seguirá con su trámite parlamentario a pesar de los intentos ultras de tumbarla. Ambas pasarán ahora a la Comisión para continuar con el proceso de enmiendas parciales.
Las claves de la nueva 'Ley del Cine'
La conocida como Ley del Cine recoge varias novedades con respecto al anterior texto en lo que tiene que ver, especialmente, con la inclusión y el acceso a las convocatorias de subvenciones. Así, el proyecto -que establece 13 categorías de ayudas- recoge la posibilidad de optar a subsidios públicos para obras audiovisuales -tanto series como películas- destinadas a las plataformas o cualquier otro medio de difusión a la luz del cambio de consumo de estos productos en cadenas como Netflix o HBO. Para ello estas dichas aplicaciones estarán obligadas a comunicar al Ministerio sus cifras de visionados, tal y como tienen que hacer las salas de cine comunes.
Para compensar esta situación, la norma contempla la reducción del 25 al 20% la cuota obligatoria de programación de películas de la Unión Europea. Eso sí, en este porcentaje a partir de ahora se tendrán que incluir también películas iberoamericanas. Asimismo, el texto prevé la creación de un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual que deberá elaborar y publicar un plan estratégico cada cuatro años, con informes sobre sus resultados de forma anual.
