La situación límite en la que se encuentran muchas familias que no pueden hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra continúa enfrentando a los socios del Gobierno de coalición y a representantes del propio sector de la alimentación. Este martes, la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, volvió a defender establecer un tope al precio máximo de los alimentos que componen la cesta de la comprar básica y, para hacerlo, se apoyó en la ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996 para evidenciar la viabilidad de la medida. Este miércoles, los grandes supermercados, en palabras de una de sus grandes patronales (Asedas), han confirmado que esto se podría hacer, pero perjudicaría mucho al sector.

“Es la ley de 1996, no es una novedad, todo el mundo la conoce y ya se ha aplicado en algunas ocasiones, por ejemplo para fijar un precio único para las mascarillas”, ha señalado Ignacio García Margazo, directivo de la organización empresarial en la que se engloban cadenas como Mercadona, Lidl, Coviran o Dia, entre otros. No obstante, el representante empresarial ha añadido que la situación en el sector de la alimentación es diferente por la dificultad a la hora de establecer qué productos sería los que verían limitado su precio. “Desde el punto de vista práctico lo veo inaplicable”, ha trasladado.

Además, aunque pudiese realizarse sin suponer ningún problema de cara al diseño de la medida y a su parte técnica, García ha asegurado que el principal problema sería el que realizaría al conjunto del sector. “Lo que ha explicado el Gobierno”, se ha apoyado en las declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, “sería muy malo para el sector”. Somos de los primeros productores de alimentos del mundo y principales exportadores. Fijar unos límites de precios probablemente les condenaría a problemas de rentabilidad y abastecimiento no solo a los distribuidores sino también a los productores", ha justificado el líder patronal.

Más allá de descartar como solución al encarecimiento un tope al precio de los alimentos de primera necesidad, preguntado por la posibilidad de que los supermercados ofreciesen, motu proprio, una cesta de la compra básica asequible, el dirigente de Asedas ha preferido evitar responder. "Los precios de los alimentos subieron mucho más tarde que el IPC porque la competencia hizo que los márgenes de todas las cadenas soportasen un incremento de costes muy importante" y “la buena noticia es que esos factores que tensaban al alza los precios están bajando", ha apuntado en una entrevista concedida al canal 24h.

Prácticas oligopólicas

Al hilo de la competencia, García ha respondido también a las críticas recibidas por las empresas distribuidoras dentro del propio sector empresarial. Un ejemplo de ello son las declaraciones del presidente de la asociación de autónomos UPTA, Eduardo Abad, que ha acusado a las grandes distribuidoras de desarrollar prácticas oligopólicas y de ser las únicas beneficiadas de la rebaja del IVA, en perjuicio de los comerciantes humildes. Estas palabras no han sido compartidas por García, que ha defendido a ultranza la competencia existente entre las cadenas de supermercados, práctica en la que asegura que no se ve damnificado el pequeño comercio.

“El pequeño comercio de la alimentación tiene una cuota de mercado que duplica la de la mayoría de los países europeos. El sector está muy repartido y en ningún caso se puede hablar de oligopolios. La competencia es mucho mayor que en otros países europeos, gracias a que hay una menor concentración y más empresas entre las que elegir”, ha apuntado García. En ese momento, ha vuelto a apoyarse en declaraciones pronunciadas por el titular de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación este martes para fundamentar su argumento.

“La competencia en España es muy fuerte y los ciudadanos igual que en las elecciones decidimos con una papeleta, aquí lo hace con un ticket de compra. El que no esté contento que se vaya a otra tienda o supermercado", defendió Planas hace apenas 24 horas. “En España, tenemos cadenas regionales, que tienen un peso importante, de ámbito nacional e internacionales, y el 40% del comercio de productos frescos está en manos del comercio tradicional y mercados”, ha apuntalado García.

Las palabras del ministro fueron criticadas poco después de pronunciarse por otra de las ministras de la parte morada del Gobierno, Ione Belarra, titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, que aseguró que “la respuesta del Gobierno a la subida del precio de los alimentos no puede ser ‘váyase a otro supermercado’ porque todas las grandes distribuidoras se están aprovechando”. El directivo de Asedas descarta esta situación y asegura que las grandes cadenas hicieron un gran esfuerzo durante los peores momentos de la pandemia para evitar disparar los precios.