La reunión mantenida este lunes por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con todos los eslabones de la cadena alimentaria ha recuperado el debate en el seno del Gobierno sobre cómo abordar el encarecimiento desmedido de la cesta de la compra. Del encuentro no resultó ninguna medida concreta más allá de la petición de trasladar la reducción de los costes de producción a los precios de venta para los consumidores que el Ejecutivo presentó a todos los implicados en el proceso. La entrevista concedida por el ministro a Ondacero este martes, en la que ha trasladado su creencia de que los supermercado “no se están forrando”, ha terminado por reavivar el fuego.

La parte morada del Gobierno no ha tardado en reaccionar, manteniendo la defensa férrea de su propuesta de topar el precio de los alimentos básicos. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, lo ha hecho aludiendo a la ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996. En su artículo 13, referido a libertad de precios, la norma versa lo siguiente: “El Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa, en los casos siguientes”.

“Productos de primera necesidad o materias primas estratégicas” es el primer caso contemplado por la ley para justificar la intervención de los precios. “Cosa indispensable para el sostenimiento de la vida de las personas” es la definición que la Real Academia Española (RAE) recoge, haciendo alusión al Código Penal, sobre lo que se considera cosa de primera necesidad. No parece haber discrepancias sobre que los alimentos básicos que componen la dieta son bienes de primera necesidad; de hecho, desde el Gobierno se definieron como “alimentos de primera necesidad” aquellos afectados por la supresión del IVA aprobada en diciembre.

En consecuencia, el debate se sitúa ahora, o así lo pretende Díaz, en la viabilidad jurídica para establecer un precio máximo a determinados alimentos. La parte socialista ha señalado en más de una ocasión que asumir un tope atentaría contra la libre competencia y sería una medida rápidamente tumbada por los tribunales. La titular de Trabajo ha respondido este martes a golpe de Boletín Oficial del Estado (BOE) a su homólogo de Agricultura que, más allá de la viabilidad legal, no considera que esta sea la medida correcta “para un país de la Unión Europea”.

“Si se coloca un tope al final de la cadena alimentaria, lo que logras es que todos los eslabones, tanto la industria, pero sobre todo agricultores, ganaderos y pescadores, sean los que vayan a pagar el pato, pagarán esa reducción, por eso la ley de la Cadena Alimentaria es un paso adelante", ha asegurado Planas. No obstante, el ministro ha dejado la puerta abierta a que “una tienda o supermercado pueda establecer unas ofertas de cara al consumidor”, actuación que ha valorada como “más lógica, siempre que respete la ley”.

Belarra pide una bonificación

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha sido el otro peso pesado de la parte morada del Gobierno que ha respondido a las palabras de Planas. La secretaria general de Podemos parece haber renunciado ya al tope al precio de los alimentos, después de las múltiples negativas de los socialistas, y ha vuelto a recuperar la propuesta que realizó el pasado jueves: una bonificación del 14,4% sobre el precio de los alimentos que componen la cesta básica. La intención de la medida es reducir los precios hasta los niveles de hace un año, antes del comienzo de la guerra. “Tenemos que colocarnos al lado de las familias con una bonificación del 14% a la cesta básica”, ha trasladado Belarra.

Simultáneamente, el socio minoritario del Ejecutivo aboga por controlar semanalmente los precios fijados por las distribuidoras e implantar instrumentos sancionatorios que serían aplicados en caso de que estas empresas aprovechasen la bonificación para aumentar aún más sus márgenes de beneficio. Esta propuesta ya fue descartada por Hacienda y Economía la pasada semana y Agricultura lo ha reiterado este martes. “La competencia en España es muy fuerte y los ciudadanos igual que en las elecciones decidimos con una papeleta, aquí lo hace con un ticket de compra. El que no está contento que se vaya a otra tienda o supermercado", ha defendido Planas.

Estas palabras del titular de Agricultura, aludiendo a la lógica liberal de la competencia, no han gustado a Belarra. “La respuesta del Gobierno a la subida del precio de los alimentos no puede ser ‘váyase a otro supermercado’ porque todas las grandes distribuidoras se están aprovechando”, ha señalado la ministra de Derechos Sociales. Así, ha apuntado que la subida de los precios generalizada en todos los supermercados, en una actuación oligopólica, impide que la propia competencia entre las empresas ofrezca unos precios asumibles para los consumidores.