Tras el fracaso de la mesa de negociación por la reforma de las pensiones celebrada el lunes, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se verá de nuevo las caras con los agentes sociales en una segunda reunión emplazada para este jueves. La celeridad del ministro se explica porque el compromiso asumido con la Comisión Europea expirará el próximo 31 de diciembre, aún no hay acuerdo y el tiempo apremia.
La propuesta presentada por Escrivá al principio de la semana planteaba elevar cinco años más el cómputo para calcular nuevas pensiones pasando de los 25 a los 30 años, añadiendo la posibilidad que se descarten los dos peores años cotizados durante este periodo, pudiendo elegir 28 años.
Además, el ministro pretende aumentar los ingresos a la Seguridad Social haciendo que los empresarios paguen más por los trabajadores con mayores salarios aumentando las bases máximas de cotización. El primer planteamiento pasa por aumentar el 28,85% las bases máximas entre 2025 y 2050, a tenor de 1,154 puntos por año, además de lo que cada año suba la base máxima según el IPC.
También se pretende modificar el incremento de las pensiones máximas, que cada año suben según el IPC. La idea de Seguridad Social es que aumenten entre un 15 y un 25% las prestaciones máximas, además de lo que suba según la inflación cada año.
Sindicatos y ministerio de Trabajo no secundan la propuesta
Unas propuestas que los agentes sociales rechazaron el lunes. Los sindicatos ya se han posicionado en contra de la propuesta de Escrivá, relativa a aumentar el periodo de cómputo para calcular la pensión de los 25 a los 30 años.
“Rechazamos la propuesta del Gobierno. El ministro ha vuelto a equivocarse porque este es un debate que no es necesario abordar hoy. Todavía estamos en el último año de entrada en vigor de una parte del aumento que nos llevó de los 15 a los 25 años. No sabemos los efectos que tiene sobre el sistema, sí lo teóricos, pero no los prácticos. Este proceso de sesgar tema a tema el debate sobre la reforma de las pensiones no nos lleva a ningún sitio”, argumentaba el martes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez
No solo la parte sindical se ha mostrado descontenta con la propuesta del ministro. También la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cargó el martes contra Escrivá asegurando que “la ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir”.
Los cambios en la propuesta
A la luz de las críticas, la mesa de diálogo del jueves no se antoja tarea fácil para el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es por ello por lo que el departamento de Escrivá ha salido al paso asegurando que el objetivo es ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, pero a partir de 2027 y de forma progresiva, cinco meses por año, hasta 2038.
De esta manera, se confirma que la pretensión de Escrivá es esperar al despliegue total de la anterior subida de la edad aprobada, 25 años en 2027, para comenzar este nuevo incremento. Además, según el documento facilitado por el Ministerio a patronal y sindicatos, de los cinco meses que se ampliarán por año a partir de esa fecha, el trabajador podrá escoger los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.
Ante estos nuevos cambios, CCOO continúa mostrándose disconforme. El sindicato no está de acuerdo con la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones porque no lo ve necesario. “Más allá de las informaciones de algún medio o de filtraciones interesadas, el sindicato no es que no vaya a acordar, es que no va a negociar, ninguna medida que no vaya avalada por un consenso suficiente en materia de pensiones, como siempre ha ocurrido en esta materia.”, ha afirmado la cabeza visible del sindicato, Unai Sordo.
En declaraciones hechas desde las instalaciones de ENCE en Pontevedra, Sordo ha afirmado que la modificación del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión ni siquiera está entre las recomendaciones del pacto de Toledo.
Por tanto, el sindicato niega que esa ampliación se esté negociando a cambio de la extensión o prórroga del contrato de relevo. Esta extensión es una reivindicación sindical en esta mesa, al igual que la mejora de ingresos de la seguridad social a través del destope de bases máximas, la mejora de las pensiones mínimas o la mejor cobertura de las lagunas de cotización, por citar otras reivindicaciones de CCOO.
