El Ministerio de Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, continúa negociando con los diferentes actores para sacar adelante la segunda y última parte de su reforma de las pensiones. El aumento de las bases de cotización máximas parece que será, finalmente, del 30%, a lo que habría que añadir la inflación, y se realizará de forma progresiva en un periodo de 30 años. Este puede ser el principio de acuerdo que ha alcanzado la cartera de Escrivá con Unidas Podemos y los sindicatos. Eso sí, a cambio, el destope también afectará a las pensiones máximas, que verán incrementado su valor en un porcentaje similar, aunque con un desfase temporal que permita sostener el sistema de pensiones en el momento de mayor tensionamiento (baby boom).
Actualmente, tanto las bases de cotización como las pensiones cuentan con un tope máximo que no puede superarse. Las cantidades ascienden hasta los 49.672 y los 39.468 euros anuales, respectivamente. El problema, que ahora quiere resolver la Seguridad Social, es que aquellos sueldos que superan los 50.000 euros anuales, independientemente de la cantidad que alcancen, no traen aparejado un pago de cotizaciones superior al de el máximo establecido, al no poder percibir tampoco una mayor pensión. En consecuencia, el montante que supere la cantidad máxima no está gravado, estando exento del 36% del pago de cotizaciones entre la empresa y el trabajador.
De implantarse esta reforma, un millón de trabajadores asalariados se verían afectados, los comprendidos por debajo del nueve tope planteado, 65.000 euros sin tener en cuenta la inflación. Para alcanzar esta cantidad, las bases se elevarán indexadas al Índice de Precios de Consumo (IPC), de igual manera que las pensiones, y contarán con un porcentaje extra, de entorno al 0,9%, de incremento. De esta manera, la recaudación por parte de la Seguridad Social se incrementará sustancialmente, pero también lo harán las pensiones en consecuencia.
Así, la pensión máxima, que roza los 40.000 euros, rondará en un futuro los 52.000 euros en términos reales (descontada inflación). No obstante, este incremento no se verá reflejado de forma simultánea al reflejado en las bases, ya que, esto coartaría la capacidad de la medida para combatir la pirámide demográfica invertida. Será años más tarde, superada la amplia generación del baby boom, cuando los contribuyentes con mayores pensiones, anteriormente con mayor salario y contribución, recibirán la mejora de sus pensiones. Los tiempos que contempla el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones para acometer este gasto se sitúan, aproximadamente, al inicio de la década de los 50.
¿Es sostenible el sistema?
El Ministerio asegura que sí. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es la herramienta definida por la Seguridad Social para combatir el aumento de la esperanza de vida y el desequilibrio de la generación del baby boom, garantizando la supervivencia del sistema y evitando sobrecargar a las “generaciones más jóvenes”. El ministro de Seguridad Social se muestra seguro del mantenimiento económico del sistema con la incursión de este nuevo mecanismo semiautomático, que Bruselas pide transformar en automático. Según está contemplado actualmente, deberá ser revisado en 2032.
Si bien, la preocupación es como hacer frente al aumento del 2,7% del gasto sobre el PIB que supone la indexación de las pensiones al IPC y al 0,8% añadido por la pérdida de la contención del incremento que contemplaba el anterior factor de sostenibilidad. Escrivá prevé dos aspectos para combatir este aumento del gasto del 3,5%: el aumento de la edad ya relatado y una cotización adicional del 0,6% destinada a un Fondo de Reserva. Además del destope de las bases de cotización.
La idea del Gobierno es, por lo tanto, crear un “colchón” que solvente el aumento de gasto que tendrá lugar en el futuro debido a la curva demográfica. El incremento adicional, de carácter finalista y temporal, será de 0,6 puntos e irá destinado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, no pudiendo ser usado hasta 2032. Desde el Ministerio aseguran que la subida será de en torno a 12 euros mensuales para una base reguladora media y de 6 euros mensuales para el salario de un mileurista, muy por debajo de la pérdida de poder adquisitivo que el antiguo factor de sostenibilidad supondría en el momento de cobrar la pensión. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona de 38 años pagará un suplemento de 12 euros mensuales durante diez años, pero dejará de perder 223 euros mensuales durante toda su jubilación, según datos de Seguridad Social.
Este elemento del MEI se estima que aumente el peso de las cotizaciones sobre el PIB en 0,2 puntos y permitirá acumular más de 40.000 millones de euros en 10 años, lo que Seguridad Social espera que compense el 2,3% del gasto. A partir de 2032, se podrá utilizar el Fondo para compensar a cotizantes y pensionistas o para la activación contingente de medidas. Para garantizar el buen funcionamiento de este mecanismo cada 3 años se compararán las últimas proyecciones disponibles.
