El tiempo corre en contra del sistema de pensiones español que ve como las décadas de los 30 y los 40 se acercan, trayendo consigo a los baby boomers. Ante esto, el reto de la Seguridad Social, liderada por José Luis Escrivá, titular de la cartera, es garantizar la supervivencia y la solvencia de las prestaciones para esta generación, pero también para la siguiente. Además, este Ejecutivo añade una prioridad no contemplada en anteriores reformas: que los pensionistas y sus prestaciones no pierdan capacidad adquisitiva.
Este reto es a medio-largo plazo y la solución que ha encontrado Escrivá responde a este marco temporal. Uno de los pilares es aumentar progresivamente la edad de jubilación, dos meses al año, hasta alcanzar los 67 en 2027 con el objetivo final de acercar la jubilación real a la jubilación legal. Además, el Ministerio quiere fomentar y premiar la jubilación demorada, que prolongaría la cotización de aquellos que se acojan y retrasaría el inicio del pago de sus pensiones, y penalizar la jubilación anticipada, combatiendo el distanciamiento de la edad de jubilación real y la legal y el aumento del tiempo de cobro de prestación unido al aumento de la esperanza de vida.
A nivel de poder adquisitivo, se garantiza la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo, un 8,5% de cara al año que aumentará en 2,7 puntos el gasto sobre el PIB y, según ha comunicado el ministro, se busca mantener el periodo de cálculo en los 25 años, en contra de lo que quiere Bruselas, buscando salvaguardar el valor de las pensiones más bajas, las más afectadas por el aumento del periodo de conteo. Para beneficiar a estas últimas, se contemplan también realizar el cálculo excluyendo algunas lagunas temporales y los peores años de cotización, aunque estas medias, por el momento, se están debatiendo y aún no se contemplan.
Edad de jubilación año a año
De esta manera, la edad de jubilación de cara al año 2023 se establecerá en los 66 años y cuatro meses y, al haberse eliminado el factor de sostenibilidad anterior, se revalorizarán indexadas al IPC y no la IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) que contemplaba un aumento del 0,25%. En 2024 (66 años y seis meses), 2025 (66 años y ocho meses), 2026 (66 años y diez meses) y 2027 (67 años) la revalorización también se producirá, según contempla la reforma, conforme a la inflación.
No obstante, según ha confirmado Escrivá, queda descartado que la edad de jubilación pueda elevarse más allá de los 67 años. Eso sí, aquellas personas que quieran jubilarse de forma anticipada perderán un porcentaje de su pensión, de igual manera que ya se contemplaba con anterioridad. Sin embargo, aquellas personas con una vida laboral muy extensa si podrán jubilarse con su pensión íntegra antes de alcanzar la edad legal. Así, de cara a 2023, las personas con 65 años que cuenten con más de 37 años y nueve meses trabajados podrán retirarse con la prestación integra. La suma de años cotizados también crecerá dos meses cada año de forma simultánea con la edad legal de jubilación, hasta alcanzar los 38 años y seis meses.
¿Es sostenible el sistema?
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es la herramienta definida por la Seguridad Social para combatir el aumento de la esperanza de vida y el desequilibrio de la generación del baby boom, garantizando la supervivencia del sistema y evitando sobrecargar a las “generaciones más jóvenes”. El ministro de Seguridad Social se muestra seguro del mantenimiento económico del sistema con la incursión de este nuevo mecanismo semiautomático, que Bruselas pide transformar en automático. Según esta contemplado actualmente, deberá ser revisado en 2032.
Si bien, la preocupación es como hacer frente al aumento del 2,7% del gasto sobre el PIB que supone la indexación de las pensiones al IPC y al 0,8% añadido por la pérdida de la contención del incremento que contemplaba el anterior factor de sostenibilidad. Escrivá prevé dos aspectos para combatir este aumento del gasto del 3,5%: el aumento de la edad ya relatado y una cotización adicional del 0,6% destinada a un Fondo de Reserva.
La idea del Gobierno es, por lo tanto, crear un “colchón” que solvente el aumento de gasto que tendrá lugar en el futuro debido a la curva demográfica. El incremento adicional, de carácter finalista y temporal, será de 0,6 puntos e irá destinado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, no pudiendo ser usado hasta 2032. Desde el Ministerio aseguran que la subida será de en torno a 12 euros mensuales para una base reguladora media y de 6 euros mensuales para el salario de un mileurista, muy por debajo de la pérdida de poder adquisitivo que el antiguo factor de sostenibilidad supondría en el momento de cobrar la pensión. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona de 38 años pagará un suplemento de 12 euros mensuales durante diez años, pero dejará de perder 223 euros mensuales durante toda su jubilación, según datos de Seguridad Social.
Este elemento del MEI se estima que aumente el peso de las cotizaciones sobre el PIB en 0,2 puntos y permitirá acumular más de 40.000 millones de euros en 10 años, lo que Seguridad Social espera que compense el 2,3% del gasto. A partir de 2032, se podrá utilizar el Fondo para compensar a cotizantes y pensionistas o para la activación contingente de medidas. Para garantizar el buen funcionamiento de este mecanismo cada 3 años se compararán las últimas proyecciones disponibles.
