CCOO y UGT se han posicionado en contra de la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, relativa a aumentar el periodo de cómputo para calcular la pensión de los 25 a los 30 años. Después de un tiempo sin reunirse, la Seguridad Social convocó este lunes a los agentes sociales para exponerles su nuevo planteamiento e intentar tender puentes hacia un acuerdo. Sin embargo, el incremento del cálculo de la base reguladora no ha convencido a las organizaciones sindicales, que señalan una posible pérdida de poder adquisitivo que supondría el nuevo periodo, a pesar de que Escrivá plantee excluir los dos peores años de la ecuación.
“Rechazamos la propuesta del Gobierno. El ministro ha vuelto a equivocarse porque este es un debate que no es necesario abordar hoy. Todavía estamos en el último año de entrada en vigor de una parte del aumento que nos llevó de los 15 a los 25 años. No sabemos los efectos que tiene sobre el sistema, sí lo teóricos, pero no los prácticos. Este proceso de sesgar tema a tema el debate sobre la reforma de las pensiones no nos lleva a ningún sitio”, ha argumentado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en una entrevista concedida a RNE. "Si el cambio es neutro y la Seguridad Social ni gana ni pierde, que lo deje como está", ha añadido.
En la misma línea, Unai Sordo, máximo responsable de CCOO, se ha mostrado poco optimista de cara a que pueda alcanzarse un “acuerdo tripartito”, que incluya también a la patronal junto con el Gobierno y los sindicatos. Esto, asegura, se debe a que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) “no tiene mucha intención de acordar algunas medidas que ahora hay que actualizar”. Como ejemplo señala al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es un recargo en la cotización a la Seguridad Social del 0,6%, y el destope de las bases máximas, que supone un sobrecoste salarial para las empresas. Ambas medidas contempladas en la reforma propuesta por Escrivá.
El sistema público de pensiones es viable
"El tiempo ha demostrado que no era cierto que España tuviera un problema de viabilidad del sistema público de pensiones. Otra cosa es que hay que decidir cuánto nos queremos gastar en mantenerlo. Si vamos a pasar de 9 millones a 15 millones de pensionistas, esto no puede financiarse con un 10-11% del PIB, sino que hay que pagarlo con el entorno del 14-15%. No hay una maldición economicista que diga que esto no es viable, depende de cuánto dinero pongamos en común en la mesa”, ha apuntado Sordo.
Por otra parte, Álvarez ha pedido al Gobierno “hablar menos fuera y presentar más propuestas en la mesa de negociación”, ya que, según el secretario de UGT, la reforma tiene que ser “íntegra y hablar de otros aspectos que tienen que ver con los derechos frustrados de las personas”. “¿Qué ocurre con los trabajadores que tienen las carreras profesionales más largas? ¿Va a haber un elemento positivo para esos trabajadores?”, se ha preguntado.
Sobre esto, Sordo ha asegurado echar en falta algunas medidas “un poco más ambiciosas en materia de protección de las pensiones más bajas o de cubrir las lagunas de cotización de aquellas personas que algunos años no han podido trabajar”. Por el momento, aunque ambos sindicatos se muestran reticentes a aceptar la propuesta, siguen abiertos a negociar una reforma que el Ministerio se comprometió con Bruselas a tener acordada antes de finalizar el año.
Propuesta de Escrivá
El ministro de Seguridad Social se reunía este lunes con los agentes sociales para negociar un nuevo bloque de la reforma de las pensiones. El Gobierno ha planteado en la mesa elevar cinco años más el cómputo para calcular nuevas pensiones pasando de los 25 a los 30 años, añadiendo la posibilidad que se descarten los dos peores años cotizados durante este periodo. Es decir, pudiendo elegir 28 años. La exclusión de los peores 24 meses se produciría de manera automática y no tendría porque haberse desarrollado de forma consecutiva. Es decir, son seleccionados los peores periodos independientemente de el momento en el que se produzcan.
Con esta propuesta, Seguridad Social quiere beneficiar a aquellos trabajadores con carreras profesionales más discontinuas, en detrimento de aquellos con proyecciones más estables. Según ha explicado el ministerio, la elevación del periodo de cómputo se haría "de forma progresiva", aunque no han precisado los años que duraría este periodo de adaptación.
Se trata de la propuesta del Gobierno que se ampara en el marco de apuntalar la sostenibilidad del sistema de pensiones y que entre tanto dinero en la caja como el que entra. Según la proposición actual, si un trabajador se jubila hoy, la Seguridad Social cogerá los últimos 25 años que ha cotizado, realizará una media ponderada y de ahí sacará la cuantía total de la pensión que cobrará. Una situación que Escrivá quiere cambiar argumentando que dicho sistema perjudica a aquellos trabajadores que pierden el paso durante la recta final de su carrera profesional. Y es que con el actual sistema sale beneficiado aquel que haya tenido una trayectoria más estable y un mejor sueldo en los años finales.
