España ha acogido el primer Congreso Internacional del Trabajo, con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, como anfitriona. Decenas de personalidades y representantes de gobiernos y diferentes organismos han acudido a la cita de la que ha emanado la Carta Global de Derechos Laborales, que pretende funcionar como marco de referencia que blinde los derechos de los trabajadores en todos los países del mundo. “Este documento aspira a convertirse en la carta magna de los sindicatos y personas trabajadoras en todo el mundo”, ha trasladado Díaz.
La también vicepresidenta segunda considera que lo construido durante estos días es la “primera piedra” de una “internacional laborista” para el siglo XXII. Varios países han querido estar presentes a través de sus representantes en la materia y también lo han hecho la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Esther Lynch, y el secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Luc Triangle.
El documento consta de 17 puntos que persiguen que el trabajo decente y con derechos sea la única forma de entender las relaciones laborales. Es decir, la presencia de un salario justo, garantías de no discriminación o coerción de la libertad sindical, blindajes de derechos tan importantes como la huelga y la certificación de unos niveles mínimos de protección social. “Los derechos laborales son derechos humanos”, ha resumido la ministra española. La siguiente y segunda cita tendrá lugar en Eslovenia, donde los firmantes analizarán como ha evolucionado el mercado de trabajo.
Entre los máximos planteados, los laboralistas apuestan por avanzar “hacia las 32 horas semanales”, baremos del que la mayoría de países están muy lejos. Ocho horas separan a España de este objetivo y el paso intermedio a las 37,5 horas, sin merma salaria, se antoja complejo. “Y para que la reducción de la jornada tenga efectos, debemos blindar el derecho a la desconexión. Porque desconectar no puede ser el privilegio de unos pocos”, ha insistido la titular del departamento de trabajo español.
Todos los compromisos reflejados en la carta
La que aspira a convertirse en la “carta magna de sindicatos y personas trabajadoras” pretende construir un “nuevo Contrato Social” basado en el trabajo decente, el empleo pleno y productivo, el diálogo social, el respeto de los estándares internacionales, la protección y la justicia social. Para ello, los Estados firmantes han adoptado una larga lista de compromisos:
- Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razones de género y por cualquier otra categoría discriminatoria en el trabajo; asegurar el derecho al cuidado; garantizar la protección laboral en situaciones de maternidad y paternidad; establecer medidas suficientes de conciliación de la vida personal, laboral y familiar; adoptar normas suficientes para combatir de manera eficaz la violencia y el acoso en el trabajo; y formular políticas que contribuyan al empoderamiento económico de las mujeres en un cambiante mundo del trabajo.
- Asegurar un tiempo de trabajo compatible con la vida, repartido de manera equitativa y ajustado a las necesidades sociales, colectivas y ambientales.
- Garantizar una remuneración justa, adecuada al valor del trabajo prestado, sin que sean admitidas diferencias salariales discriminatorias y un salario vital que proporcione un nivel de vida digno.
- Respetar la libertad sindical y el derecho de huelga; el derecho de los sindicatos a la participación en la gestión y en el gobierno de la empresa; el derecho de reunión y de asamblea en los lugares de trabajo y fuera de ellos; y el de información, consulta y participación, a través de los órganos de representación sindical.
- Asegurar la existencia de instituciones de participación democrática permanente en el ámbito de las relaciones laborales a través de la negociación colectiva y el diálogo social; y fomentar los acuerdos colectivos de carácter transnacional e internacional, con especial atención a los acuerdos marco internacionales.
- Garantizar normas efectivas para la erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso, con especial atención a los escenarios laborales situados en los extremos inferiores de las cadenas globales de valor de las empresas transnacionales.
- Asegurar el derecho de todas las personas trabajadoras, independientemente del sector y tipo de empresa, a la estabilidad en el trabajo y a trabajar en condiciones de trabajo dignas, claras, previsibles y transparentes. Adoptar normas laborales que prioricen el establecimiento de relaciones laborales con carácter indefinido y medidas eficaces para impulsar el tránsito del empleo informal al formal.
- Apoyar una transición digital justa para las personas trabajadoras; asegurar que el uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos por parte de las empresas respeta los derechos laborales, los datos personales y la intimidad. Garantizar la protección laboral en el sector de las plataformas digitales. Fortalecer el papel de los sindicatos y la negociación colectiva, en particular en lo relativo a los derechos de información y consulta, en los procesos de cambio tecnológico.
- Asegurar una transición ecológica con pleno respeto de los derechos laborales. Fomentar el empleo en las ocupaciones sostenibles y en aquellas orientadas a la lucha contra el cambio climático; impulsar la negociación colectiva verde, así como medidas de protección y adaptación en el trabajo ante condiciones climáticas adversas.
- Garantizar el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo y desarrollar políticas y sistemas de gestión eficaces que tengan en cuenta los nuevos riesgos en el trabajo y en particular los riesgos biológicos y químicos. Establecer regulaciones comprometidas con el objetivo de cero muertes y de prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, en particular aquellas vinculados a la salud mental. Prestar una protección especial atención a los tiempos de trabajo nocturno y de turnos de trabajo personas jóvenes.
- Asegurar el derecho a la formación profesional, el desarrollo de las competencias laborales y el aprendizaje permanente, con un enfoque centrado en las personas jóvenes para fomentar su empleo estable y de calidad. Asegurar políticas de reciclaje orientadas a garantizar el trabajo digno y productivo en los últimos años de las trayectorias laborales.
- Promover el acceso a servicios de empleo eficaces y adoptar políticas de apoyo activo para el empleo, con asistencia personalizada, especialmente a las personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad, para la incorporación al empleo y las transiciones profesionales.
- Fijar sistemas y niveles mínimos de protección social suficientes, que respondan a las cuestiones de género y sean sensibles a la diversidad, y amplíen progresivamente su cobertura a todas las personas a lo largo de toda la vida, incluyendo a las personas que trabajan en la economía informal.
- Garantizar los derechos laborales y de seguridad social de las personas migrantes, en cualquiera de las situaciones migratorias en las que se hallen.
- Apoyar una Inspección de Trabajo eficaz y suficiente; una jurisdicción social con estructura y dotación adecuada para hacer posible una tutela judicial eficaz, en un tiempo que sea apropiado y un sistema administrativo sancionatorio adecuado.
- Asegurar la responsabilidad de las empresas por las violaciones de derechos humanos o daños al ambiente cometidas a lo largo de sus cadenas globales de valor, estableciendo como mínimo medidas claras y suficientes de diligencia debida empresarial en derechos humanos y sostenibilidad.
- Promover medidas de impulso a la economía social y solidaria y de protección del trabajo autónomo.
