La llamada ley 'Mbappé' sigue dando de qué hablar. Esta es una de las medidas del Gobierno de la Comunidad de Madrid que promete una rebaja fiscal para atraer a grandes rentas extranjeras para que se instalen en el territorio y puedan invertir. Sin embargo, la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, desveló este jueves 4 de julio nuevos detalles que aún no se sabían de la ley.
El texto del anteproyecto se había publicado en abril, tal y como adelantamos en este medio. Así, el proyecto de ley del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que fue aprobado a mediados de este junio por el Consejo de Gobierno, ahora debe pasar por la Asamblea de Madrid, donde el PP cuenta con mayoría absoluta a diferencia del anterior intento de aprobar la ley. Por entonces, Vox se negó a la medida en tanto favorecía a personas el extranjero en lugar de a los españoles. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta ley?
¿Qué es la ley 'Mbappé?
La medida busca aplicar una reducción fiscal en el IRPF autonómico que podrá alcanzar hasta el 20% de rebaja en las inversiones en quienes cumplan determinados requisitos. Así, la idea es atraer a los inversores para "la generación de empleo, la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las que ya operan". De esta forma la Comunidad de Madrid se vería reforzada como "centro de atracción de inversores, empresas y talento", según especifica el texto del anteproyecto.
Los beneficiarios de estas medidas serían aquellos nuevos residentes que no hayan tenido su residencia fiscal en España en los últimos cinco años, incluyendo a los españoles que lleguen de fuera del país, y que establezcan esta en la comunidad madrileña. Asimismo, estos tienen que invertir en entidades o activos financieros durante un mínimo de seis años, siempre y cuando no lo hagan en paraísos fiscales ni sean inversiones dirigidas a la vivienda. De igual forma, esas inversiones deben ir también a empresas familiares con un tope máximo del 40% del capital social. Y estas operaciones se deben registrar de manera adecuada para su posterior deducción.
Así, la reducción fiscal no solo permite que estos inversores obtengan una serie de beneficios fiscales por los que podrían mejorar su capital a costa de ingresos en las arcas públicas. También genera un impacto en el acceso a la vivienda con el establecimiento de estos grandes inversores en la comunidad.
Tal y como ha confirmado la consejera de Economía, esta deducción fiscal no se aplicará a la inversión inmobiliaria, donde el Gobierno de Madrid aplicará su propio paquete de medidas fiscales. Asimismo, esgrimía que el problema de la vivienda en Madrid no es un "problema de extranjeros o nacionales", sino que lo atribuye a la necesidad de crear un parque urbanístico más grande.
La letra pequeña de la ley
La medida por la que apuesta el Ejecutivo madrileño pretende atraer a los grandes inversores a la capital, pero no tienen por qué realizar esta actividad ni en Madrid ni en España. En cambio, el requisito indispensable que deben cumplir estos inversores es que la domiciliación fiscal esté en la capital. El motivo de este detalle, según han explicado desde la Consejería, reside en que se estaría incumpliendo la normativa europea sobre la libre circulación de capitales, en caso contrario.
Desde principios de los años 90, el tratado de Maastricht establece la libre circulación de capitales como una libertad inherente al tratado. Así, el artículo 63 de este texto prohíbe cualquier restricción a esta, tanto entre los Estados miembros, como entre estos y países terceros. De esta forma, esta puntualización en la medida del Gobierno de Madrid procura precisamente evitar esa vulneración al derecho comunitario.
