El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la primera parte de la reforma de pensiones que plantea el Gobierno, cuyas principales medidas suponen derogar los elementos centrales diseñados por el Gobierno del Partido Popular en su reforma de 2013, con la vuelta al IPC para revalorizar las prestaciones y el fin del factor de sostenibilidad. 

La propuesta del Gobierno avalada por el Congreso supone aumentar 0,6 puntos las cotizaciones durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar la 'hucha' de las pensiones y enfrentar la jubilación de los 'baby boomers' .Este recurso, bautizado como mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), se ha incorporado en la tramitación en el Congreso de la reforma en una enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos con ERC y Bildu, tras el acuerdo alcanzado hace unas semanas por el Ejecutivo con los sindicatos CCOO y UGT, con el rechazo de la p atronal.

Sin ese mecanismo, la reforma llegó a las Cortes el pasado verano de la mano del acuerdo alcanzado en julio por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,  con los sindicatos y las patronales del diálogo social. No obstante, Partido Popular (PP) y Vox trataron de anular el proyecto a través de varias enmiendas a la totalidad. Para sacar adelante la norma, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos cuenta con los apoyos de ERC y PNV, que avalaron en Comisión la reforma, y la abstención de EH-Bildu.

Se trata de la primera parte de la reforma de pensiones. El Gobierno tiene previsto adoptar nuevas medidas como la adecuación de las carreras de cotización para evitar lagunas que afecten la pensión, el destope de las cotizaciones a nuevos tramos, la mejora de las pensiones mínimas, y la reforma de los planes de pensiones de empresa, cuyo anteproyecto acaba de impulsar en Consejo de Ministros.

Además de la derogación de los elementos centrales de la reforma del PP,  el Ejecutivo también contempla una batería incentivos y penalizaciones dirigida a retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal, entre otras medidas. 

Precisamente, a instancias de ERC y Bildu, la reforma obliga por ley al Gobierno a encargar una auditoría en el plazo de un mes para cuantificar, en base a todos sus ingresos por cotizaciones, qué factura ha venido asumiendo ajenos al gasto en pensiones contributivas, entre 1967 y 2019, engordando los 'números rojos' del sistema.

Más cambios en la reforma

Otros cambios incorporados en fase de ponencia es la ampliación en el acceso a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho y el reconocimiento de un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros. La mejora de las pensiones de las personas con largas carreras de cotización cuya jubilación precipitó la anterior crisis ha sido una reclamación constante de los colectivos de pensionistas. Por otro lado, a propuesta del PDeCAT, el Gobierno se encargará a evaluación de las medidas compensatorias aprobadas para analizar si deben llevarse más allá.

 Otra medida aprobada en la tramitación parlamentaria es la prolongación hasta los 72 años la jubilación forzosa de notarios y registradores, ambas medidas a propuesta del PDeCAT y otra de las cuestiones pendientes de la reforma es la mejora de las pensiones mínimas, una tarea que la propia reforma reconoce como tarea pendiente. 

Según la enmienda aprobada por el Congreso en la reforma, él mismo impulsará en el plazo máximo de un año las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de estas pensiones teniendo en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.