El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de planes colectivos de pensiones, en una primera lectura, tal y como ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior. De esta forma, el Gobierno cumple con varios compromisos, entre ellos con el Pacto de Toledo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El objetivo, según Escrivá es facilitar la entrada de empleados públicos a los planes colectivos de pensiones, que “no tenían acceso antes”. “Supone un salario diferido, ya que será un salario que se obtendrá más adelante”, ha avanzado el ministro, que asegura que se ha producido una “situación anómala” en cuanto al patrimonio de los planes de pensiones colectivos, “estabilizado” en las últimas décadas.
Para ello, ha anunciado tres palancas principales que trabajarán en la consecución de objetivos: la creación de un fondo de empleo de impulso público, el refuerzo de la negociación colectiva y una fiscalidad diferenciada para los planes de empleo colectivos.
En primer lugar, la creación de un fondo de empleo de impulso público ayudará a “muchísimos trabajadores de pequeñas y medianas empresas, trabajadores de Administraciones Públicas, por ejemplo, de ayuntamientos muy pequeños”, en palabras de Escrivá. Este fondo se otorgará a una gestora, mediante concurso público, tal y como ya había anunciado el Gobierno, para garantizar que "las comisiones sean muy bajas", y una vigilancia "muy estricta".
La segunda gran palanca, el refuerzo de la negociación colectiva, pasa por establecer y habilitar normativamente que esta negociación colectiva se abra a todas las empresas del sector. El ministro destaca que el proceso burocrático queda “simplificado de forma extraordinaria” pasando de siete a un solo paso, con una plataforma digital común y un modelo en el que “las comisiones y el producto sean asequibles y baratos, frente a los planes individuales”.
Fiscalidad "mucho más favorable que en los planes individuales"
El tercer punto pasa por dotar de una fiscalidad “diferenciada” a estos planes de empleo colectivos, “mucho más favorable que en los planes individuales”, en palabras de Escrivá.
Tres palancas que confluyen en cuatro objetivos principales, según el ministro de Seguridad Social: aumentar la población cubierta por los planes; dar seguridad, confianza y transparencia; ofrecer productos con menor costes, es decir, aumentar la eficiencia y, con todo ello, trasladar el beneficio fiscal hacia los participantes. El anteproyecto de ley pasará ahora a información y audiencia pública para tratar de cumplir con los plazos previstos, en la primera mitad de 2022.
Por otro lado, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha anunciado una nueva transferencia a las comunidades autónomas para avanzar en la transformación del sector turístico. “Serán las comunidades autónomas quienes nos comuniquen sus planes”, ha explicado.
El Consejo de Ministros también ha aprobado un nuevo plan de digitalización e investigación, con una dotación de 230 millones de euros para, no solo desplegar la tecnología 5G, sino “crear el sustituto: el 5G avanzado y el 6G”. “España aspira a ser más que un simple agente”, asegura la ministra portavoz, que ha avanzado que trabajará con institutos y entidades públicas.
El Gobierno ha extendido la vigencia de las ayudas económicas aprobadas por la irrupción de la pandemia más allá del 31 de diciembre, como son las líneas de avales ICO, las ayudas del SEPI o para la protección de empresas.
