La decisión del Supremo dando la razón a la empresa papelera Ence sobre el contecioso para mantener la planta ubicada en plenas Rías Baixas, no deja de generar noticias. Es verdad que desde que se conociera la sentencia que daba la razón a la compañía, se había producido cierto silencio, pero este quedó roto en las últimas horas con la decisión que ha adoptado la organización ecologista que, junto a Ayuntamiento y colectivos locales como la Asociación para a Defensa da Ría, fue de las que acudió a la justicia contra la prórroga concedida por el último Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Greenpeace ha comunicado que parece “razonable” recurrir la decisión del Supremo en amparo ante el Tribunal Constitucional para, según han explicado desde la entidad, “seguir dando la batalla judicial y liberar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) de Lourizán, en la ría de Pontevedra” de la fábrica de pasta de papel propiedad de Ence y que permanece en ese lugar desde hace décadas.

Greenpeace Galicia, tras dedicar estas semanas posteriores, primero al conocimiento de la resolución del TS y, luego, al estudio íntegro de la sentencia tras su publicación, sus servicios jurídicos entienden que el Supremo plantea en su dictamen “una visión muy restrictiva” de la protección del dominio público marítimo terrestre. Esto, a juicio de los ecologistas, lleva al Alto Tribunal a “permitir concesiones centenarias” con la consiguiente ocupación industrial del citado dominio.

Precisamente, concluyen que en su sentencia “no protege la esencia del dominio público marítimo terrestre y la excepcionalidad de su ocupación”. Esta circunstancia, siempre según su criterio, le lleva a concluir, “de forma errónea” que no es aplicable el artículo 32.1 de la Ley de Costas, del que se desprende que “únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”.

Se da la circunstancia de que esta argumentación ha sido siempre la base de las denuncias de los colectivos e instituciones que se oponen a la presencia de Ence en la Ría de Pontevedra e, incluso, de las resoluciones en las que, en un primer momento, la Audiencia Nacional dio la razón a los demandantes y que, posteriormente, echó por tierra el Tribunal Supremo. Greepeace tiene claro que Ence con su fábrica pontevedresa “incumple” el mandato de que no pueda tener otra localización.

La Xunta, de parte de Ence

Además de lo anterior, también pone de manifesto la organización que el Alto Tribunal no aplica “esa excepcionalidad de ocupación”, a lo que se añade el hecho de que “desvincula la defensa del litoral y la protección ambiental”, dando en su decisión “exclusivamente” carta de naturaleza al informe ambiental de la Xunta de Galicia.

Este, para sus abogados, es uno de los errores de la sentencia ya que hace una “interpretación absolutamente restrictiva e incompleta”, ya que a su juicio “la defensa del litoral va mucho más allá de un informe”.

De este modo, menciona como importantes las consecuencias de la misma “ocupación física”, también lo que califica como “evidente destrucción de hábitats” y la “incompatibilidad con usos sostenibles del litoral”. En este sentido, también subraya que a causa de todo esto la conclusión será un “sistema transitorio de un siglo de duración, con el impacto potencialmente irreversible sobre estos ecosistemas tan delicados”, algo que, como señala Greenpeace, indica la magistrada Huet de Sande en su voto particular incluido en la resolución del Supremo.

En palabras de Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, es “anacrónico e indignante” que la concesión a Ence que se produjo en la época de Franco, “sea privilegiada de esta manera gracias a un traje a medida confeccionado por el ex-ministro Arias Cañete y su vergonzosa reforma de la Ley de Costas en 2013”.

Años de conflicto

Ante esto, continúa, “creemos que la interpretación del Tribunal Supremo no es acorde con la esencia de la protección del litoral, por lo que vamos a seguir luchando por la ría de Pontevedra”.

Por último, los ecologistas recalcan que no deja de resultar una “triste ironía” que esta sentencia entienda que “es admisible que una papelera ocupe una ría durante más de 100 años”, mientras que, por el contrario, haga oídos sordos a “los criterios de protección del litoral que consagra la Constitución”.

La fábrica de celulosa que ocupa la ría de Pontevedra desde hace más de 60 años siempre ha generado mucha polémica, incluso con sentencias en las que se condenaba a la compañía por contaminar la zona. La concesión de la prórroga por parte del Gobierno presidido por Mariano Rajoy le costó, a él, su declaración como persona non grata en su ciudad y a Pontevedra una controversia que ha estado latente en los últimos años, con situaciones desagradables a causa de amenazas e, incluso, denuncias de agresiones.

El responsable de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos, a raíz de la decisión tomada por el colectivo ecologista ha resumido, a modo de conclusión, lo que ocurre con esta fábrica. Según sus palabras, “todo lo que rodea el caso Ence ha olido siempre muy mal. Desde su privatización se han rebasado muchas líneas rojas, con cambios de normativas ad hoc, indignantes puertas giratorias protagonizadas por los más altos cargos de Medio Ambiente y Costas, informes ambientales muy discutibles, un incesante greenwashing e incluso el olvido de condenas por delito ecológico continuado. No podemos conformarnos con esta sentencia del Supremo”.