La dirección de ENCE ha recibido el auto del Tribunal Supremo como una victoria. En realidad, lo han calificado de "importante", porque lo es. Se trata de la admisión a trámite del recurso de casación presentado por la compañía contra una de las tres sentencias de la Audiencia Nacional en las que ponía, no solo en entredicho sino que, directamente, declaraba ilegal la prórroga extraordinaria concedida por el último Gobierno presidido por Mariano Rajoy para que la factoría ubicada en plena ría de Pontevedra no tuviese que abandonar ese lugar. 

La decisión de la Audiencia se conoció en julio del año pasado y provocó la reacción airada por parte tanto de los responsables de ENCE, como por los trabajadores de la planta situada en el término municipal de la capital de las Rías Baixas. 

En un comunicado hecho público esta misma mañana después de conocer la decisión de admitir a trámite la impugnación, la dirección de la empresa "a la espera" de la resolución final del Supremo y de que se pronuncie sobre los otros dos recursos tacha de "importante para la compañía" este paso.

Curiosamente, el Alto Tribunal, para justificar su decisión, se apoyo o hace mención a una sentencia del mismo Supremo sobre una concesión de dominio público marítimo-terrestre, caso circunscrito a la región de Murcia. En este supuesto concreto, el TS da la razón a los recurrentes y determina la licitud de la prórroga concedida a los propietarios. No obstante, la diferencia que se da entre el ambos procedimientos es que en este segundo la resolución se centra en una vivienda individual, no a una factoría, como en el caso de la planta pontevedresa.

En el escrito enviado hoy a los medios, al margen de lo que suceda, en caso de finalmente el Supremo no dé la razón a ENCE, esta "agotará todas las vías judiciales en defensa de la legalidad de la prórroga extraordinaria de la concesión" de la fábrica situada en la ría de Pontevedra, eso sí, "siempre desde el absoluto respeto a las decisiones de la Justicia y a los cauces que esta establece".

Como viene siendo habitual cada vez que se conoce algo nuevo relacionado con este conflicto, este martes la papelera ha recordado que "cerca de 5.100 puestos de trabajo en toda Galicia dependen de la actividad de esta biofábrica". Sin embargo, esta cifra ha sido puesta en entredicho en más de una ocasión y las entidades, administraciones y colectivos que están en contra de la presencia de la planta la rebajan de manera más que notable. 

60 años desde su inauguración

El caso de la fábrica de pasta de papel de ENCE viene de lejos. En concreto, desde que el dictador Francisco Franco la inauguró en 1963. Su instalación no estuvo exenta de polémica debido a la contaminación de la ría, algo que quedó demostrado en vía judicial con sentencias condenatorias contra la empresa y sus dirigentes.

A pesar de las acciones llevadas a cabo en materia de medio ambiente, las organizaciones ecologistas siguen manteniendo que la factoría es altamente contaminante, tanto para las personas, como para la flora y la fauna del lugar, en particular la marítima propia de la ría pontevedresa.

El conflicto siempre se ha unido a las luchas políticas, con una partido, el PP, como firme defensor de la presencia de la fábrica en su ubicación actual. El propio Núñez Feijóo, todavía presidente de la Xunta y en breve máximo responsable 'popular' a nivel nacional, ha defendido esta postura aludiendo siempre a la pérdida de puestos de trabajo que conllevaría su cierre. 

El concello de Pontevedra ha sido la administración más activa contra la presencia de la fábrica de celulosa, hasta el punto de que, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy concedió la controvertida prórroga de varias décadas más, el Ayuntamiento de su ciudad, decidió declararlo persona non grata, alto que repitió con el consejero delegado de la compañía, Ignacio de Colmenares. 

Ahora, esta admisión a trámite, sorprendente en algunos ámbitos legales por apoyar su argumentación el Tribunal Supremo en un caso relativo a una vivienda que nada tiene que ver con las decenas de miles de metros cuadrados que ocupa la factoría pontevedresa. Al igual que la compañía, también las organizaciones y entidades que se oponen a la legalidad de la prórroga irán hasta donde permita la legalidad.