La factoría de pasta de celulosa que ENCE tiene en plena Ría de Pontevedra vuelve a estar de actualidad.

En realidad no ha abandonado ese papel mediático en los últimos dos años. Ha copado titulares radios, periódicos, digitales y televisiones locales y regionales. Sin embargo, las últimas decisiones judiciales que señalaron la ilegalidad de la prórroga concedida por el último Gobierno presidido por Mariano Rajoy a la compañía, ha elevado la tensión hasta el punto de que en estos meses atrás se han denunciado, incluso, agresiones y amenazas hacia el alcalde de Pontevedra, Miguel Axo Fernández Lores, y otros miembros de su Ejecutivo. El motivo, posicionarse contra la presencia de la planta en su enclave actual.

La política de presión puesta en práctica por la dirección de ENCE, junto a la de repetir el grave menoscabo que para la provincia tendrá el cierre de la fábrica (en términos laborales y económicos), incluye una guerra de comunicados en los que se ‘venden’ las virtudes de la instalación. Estos van desde los relativos a informes que indican la imposibilidad y la nula idoneidad del traslado de la factoría a otro punto, hasta otros en los que se detallan los supuestos beneficios ecológicos de la planta pontevedresa, sin olvidar aquellos que describen una situación apocalíptica post Ence en la provincia, en general, y en la capital de las Rías Baixas, particular.

No obstante, en medio de esta vorágine de información por parte de la dirección de la compañía, el último de los comunicados hecho público este martes, es de los más curiosos. En el mismo se afirma, aludiendo a lo publicado por “diversos medios de comunicación”, que la Autoridad Portuaria de Marín “organismo público dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se ha mostrado favorable a la adscripción de los terrenos” en los que se encuentra la fábrica.

Puerto del Marín depende del ¿Estado o la Xunta?

Sin duda se trata de “una buena noticia”, según describe la empresa que “agradece la iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia y los trabajadores para explotar esta posibilidad”.

No es al azar o con carácter meramente informativo la referencia al Ministerio del que depende el puerto de Marín. El objetivo es claro y pasa por involucrar, supuestamente, a una institución del Gobierno central en las intenciones de mantener la planta de fabricación de celulosa en su ubicación actual. Esto -continúa el comunicado- es fundamental para seguir con su actividad “a la que están vinculados cerca de 5.100 empleos”, una cifra que suele variar según el momento y quién la ofrezca.

A priori, este apoyo podría parecer prioritario, pero esconde un dato muy importante: el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín es un viejo conocido del Partido Popular: José Benito Suárez. No solo está en el puesto por su nombramiento por parte de la Xunta de Galicia, sino que es el marido de Ana Pastor, uno de los rostros ‘populares’ más conocidos a nivel nacional.

Además, está en la formación ocupando cargos públicos desde la época de Manuel Fraga (era el responsable de Protección Civl en el momento del desastre del Prestige) y goza de la amistad de muchos altos cargos del PP (era uno de los pocos que acompañaban a Rajoy por la zona del Salnés cuando era presidente del Gobierno en sus paseos en los momentos de asueto).

Una clara "triquiñuela"

Tras conocer este movimiento, calificado por muchos como “a la desesperada” por parte de la Xunta y Ence, Antón Masa, presidente de la Asociación Pola Defensa da Ría, APDR, en una reunión de la entidad aseguró la situación de la planta es “insalvable".

A su juicio, carece de validez esa adhesión de los terrenos donde se halla a la Autoridad Portuaria de Marín, puesto que ese tipo de movimientos dependen “unicamente del Estado” que “no lo admitirá”, tal y como señaló recordando la reunión que la APDR mantuvo con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente en el mes de septiembre.

Para la asociación naturalista, este paso no es más que una “triquiñuela” a través de la cual buscan “evitar el cumplimiento” del fallo de la Audiencia Nacional. Masa, además de volver a criticar el posicionamiento con la empresa del Partido Popular, tanto a nivel local, como regional y nacional, indicó con rotundidad que a la fábrica de Ence en Pontevedra le queda “un año y medio o dos”, justo hasta que la resolución sea firme.

Ahora mismo, desde la Asociación pola Defensa da Ría se muestran convencidos de que las instalaciones de la pastera tienen “los días contados” en el punto que ocupan hoy de la Ría de Pontevedra.