Momentos muy tensos los que se han vivido en las últimas horas en la sede del Ayuntamiento de Pontevedra. La presencia de un grupo de trabajadores de la Celulosa ubicada muy próxima a la ría, desembocó en amenazas, agresiones -según denuncian desde el concello- a miembros del Gobierno municipal y en la necesidad de que agentes de la Policía Local se vieran obligados a intervenir para proteger al alcalde de la capital de las Rías Baixas, Miguel Anxo Fernández Lores. Como telón de fondo, la situación que vive esta planta que pertenece a la, en tiempos pasados pública ENCE.
En realidad, la oposición del regidor nacionalista a la presencia de esta factoría no es nada nuevo. En los años en los que lleva al frente del Consistorio pontevedrés no ha dejado de defender esta postura. Incluso, desde sus primeras elecciones como aspirante a la alcaldía, siempre ha incorporado el asunto a sus programas electorales como candidato del BNG.
El conflicto no es nuevo. Lleva años enquistado a causa de la expiración próxima del tiempo concedido para su presencia en la ría y las posteriores prórrogas. La última, de otros 60 años más, precisamente, por el pontevedrés Mariano Rajoy durante su última estancia en La Moncloa. Esto le costó ser considerado persona non grata en su propia ciudad. El PSOE ahora no está por la labor de extender la presencia de la Celulosa en el lugar que ocupa.
Más protestas
Lo vivido ayer en el Ayuntamiento y el día anterior con el corte de las vías de comunicación que conectan Pontevedra y Marín con quema de neumáticos incluida, gira en torno a la pérdida de puestos de trabajo que el posible cierre de la planta provocaría.
Quienes se muestran contrarios a su continuidad invitan a la dirección de ENCE a que busque una nueva ubicación, también en la capital de la provincia o en sus alrededores. A modo de amenaza, los ejecutivos de la compañía de ahora y de antes, siempre han hablado de la inviabilidad de esta opción. Detrás, siempre intereses económicos.
Sin embargo, en las últimas semanas se ha producido una novedad que, si formaba parte de una estrategia, probablemente hubiese sido calificada con un suspenso en cualquier máster de comunicación corporativa por el fondo y la forma. El consejero delegado de la compañía, Ignacio de Colmenares, publicada un vídeo en el que hablaba de un posible riesgo para la población.
Esas manifestaciones están siendo investigadas por la Fiscalía provincial y ya han sido denunciadas por la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) y el PSdeG de Pontevedra.
El regidor Miguel Anxo Fernández Lores, al margen de todo esto y a la vista del cariz que están tomando los acontecimientos, mostró con rotundidad quienes, a su juicio, están detrás de los últimos episodios. “Estamos seguros de que si De Colmenares y el Partido Popular dan las órdenes pertinentes, este espectáculo bochornoso, que no se corresponde con esta ciudad, termina inmediatamente", aseguró.
Para que no quedara duda alguna de lo que estaba diciendo, añadió que la ocupación de ayer la protagonizaron “personas enviadas por la empresa, por el señor Colmenares, y también por el PP, porque un buen rato el señor Domínguez (portavoz ‘popular’ en el concello) estuvo presente en el hall” de la zona de alcaldía del Ayuntamiento pontevedrés, “arengando a esas personas".
De la misma manera que recalcó lo anterior, también quiso lanzar un mensaje diciendo a quienes protagonizaron los ataques que “profundamente equivocados, que su actitud lo que hace es reforzar nuestra posición y que vamos a seguir luchando para conseguir una Pontevedra cada vez más referente”. A modo de conclusión dijo que su ciudad es “tranquila”, “dinámica y referente a nivel internacional desde el punto de vista del medio ambiente", para agregar que, frente a esto, sin embargo presenta dos defectos. Por un lado, “la presencia de Ence en la ría” y, por otro, la implantación de la “violencia, el chantaje y absolutamente todo tipo de extorsiones y coacciones”, así como el uso de la violencia contra el concello de Pontevedra “alentada por el Partido Popular y Colmenares”.
La compañía ha negado “tajantemente las acusaciones” del alcalde y en un comunicado ha señalado su “disposición al diálogo con el Ayuntamiento”. Hoy mismo, un grupo de trabajadores ha trasladado su protesta a Madrid. Su lema: la planta no se cierra.
Sin saberse a ciencia cierta si esta intensificación de las acciones están impulsadas desde la dirección de ENCE, lo cierto es que el último paso antes de la decisión definitiva llegará de la mano de la resolución que tiene que dictar el Tribunal Supremo. Y parece que para ésta queda muy poco.
