El consejero delegado de ENCE, Ignacio de Colmenares, soltó la bomba hace unos días en un vídeo enviado a la plantilla de trabajadores de la fábrica de celulosa ubicada en plena Ría de Pontevedra. En él, en medio de la sempiterna polémica que rodea a esta factoría debido a las prórrogas, para muchos no legítimas, que han posibilitado su presencia en ese punto de las Rías Baixas, de Colmenares hizo una advertencia muy grave diciendo que la fábrica podría provocar “un susto medioambiental mayúsculo” que “puede afectar a las personas”. La gravedad de la afirmación tuvo que ser aclarada por la propia compañía papelera indicando que esa referencia de su máximo responsable aludía al supuesto de que no se produjesen inversiones por parte de las administraciones, en particular, por parte del Gobierno central.

Esas declaraciones, a pesar de que desde ENCE se han afanado en restar importancia, acumulan ya varias denuncias, empezando por la de la entidad local de Pontevedra, Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), que lleva muchos años peleando contra la presencia de la fábrica en el lugar que ocupa.

Uno de los movimientos más destacados lo ha dado la Fiscalía Provincial de Pontevedra que el pasado viernes decidió abrir de oficio diligencias previas para una posible investigación penal apoyadas en las afirmaciones de Ignacio de Colmenares.

Según informaron desde el Ministerio público a nivel regional, entre esas diligencias se encuentran las de solicitar “informes respecto al estado de la planta”, a través del Seprona de la Guardia Civil.

También el PSdeG ha decidido recurrir a la Fiscalía para denunciar a la papelera por presuntos delitos ambientales, contra la salud de las personas y por amenazas.

La respuesta frente por parte de ENCE ante la denuncia de los socialistas pontevedreses ha sido contundente. La han hecho pública este lunes a través de un comunicado en el que, para empezar, vuelven a utilizar el argumento de que las manifestaciones de De Colmenares no deben “descontextualizarse” porque “deben entenderse como parte de unas palabras dirigidas internamente, en lenguaje coloquial, al conjunto del equipo humano de la empresa”.

Desde que se dieron a conocer esas manifestaciones en algo insisten repetidamente desde la compañía, y así lo hacen de nuevo en el comunicado hecho público hoy: “El complejo de ENCE en Pontevedra es totalmente seguro”. Según indican, esta seguridad está avalada por las inspecciones periódicas, “con resultados satisfactorios” realizadas por organismo de control.

También recuerda las “constantes inversiones para modernizar y actualizar los equipos”, y es este el quid de la cuestión porque lo que pide la dirección de la factoría es una garantía de continuidad en el tiempo porque, según explican, esas inversiones “solo pueden amortizarse si se dispone de un horizonte temporal suficiente y 2033 no lo es”.

¿Qué consecuencias?

Nunca, o casi nunca, una intervención pública (o privada, según defienden desde la compañía) de un CEO podría causar un daño tan importante a una de las sociedades más importantes de España, que cotizó en el IBEX 35 hasta diciembre de 2020. Su palabras hablando del riesgo para las personas pueden tener unas consecuencias muy graves para, tal vez, la planta más importante propiedad de ENCE, en caso de prosperar las denuncias presentadas.

En este comunicado y desde que se conoció el contenido del vídeo con las declaraciones del consejero delegado, desde la compañía han tratado de restarle importancia. No obstante, curiosamente, también desde aquel momento el área de Comunicación de la empresa no ha dejado de emitir notas de prensa divididas, casi a partes iguales, entre las dedicadas a ensalzar sus virtudes medioambientales y laborales y lo segura que es para la población, sobre todo, Pontevedra capital y Marín, y el entorno natural.

En el plano político, tanto el Partido Popular de Galicia y de la provincia, desde siempre, y VOX ahora, apoyan a la dirección de ENCE. El argumento que utilizan es el laboral, es decir, el de los puestos de trabajo que se perderían en caso del cierre de la factoría, sobre los que, por cierto, también hay baile de cifras. Ese ha sido, precisamente, una de las bases más contundentes de la última prórroga concedida -sin que existiera posibilidad de hacerlo, tal y como han denunciado diferentes colectivos- por el último Gobierno de Mariano Rajoy.

Los tribunales fijarán posturas sobre una planta que, en los últimos años, no ha abandonado la controversia y que tiene en el alcalde de la capital pontevedresa, Miguel Anxo Fernández Lores, al principal detractor, no en vano, desde que está al frente del Ayuntamiento de la capital de las Rías Baixas no ha dejado de mostrarse totalmente contrario a la permanencia de la factoría en su ubicación actual.

La Celulosa de Pontevedra fue inaugurada por el dictador Francisco Franco a principios de los años 60. Desde entonces siempre ha estado salpicada por polémica debido a su responsabilidad por la contaminación de las aguas de las que apenas están separadas sus instalaciones unos metros y que se saldó en 2002 con la condena de seis ex directivos a seis meses de prisión y al pago de poco más de 430.000 euros por delito ecológico continuado hasta 1994.