Varapalo enorme y sin paliativos el que acaba de dar la Audiencia Nacional a la ENCE Energía y Celulosa SA  y, por extensión, al Partido Popular de Galicia. Su Sala de lo Contecioso-administrativo ha dado a conocer hoy mismo que estima los recursos presentados por Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra contra la prórroga concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy a la factoría que la compañía tiene en la ría de la capital pontevedresa.

Dicha extensión era por otros 60 años más y la Audiencia en su auto considera que la resolución del 20 de enero de 2016, de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts, por delegación del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, bajo la titularidad entonces de Isabel García Tejerina, “no justifica, como exige la Ley de Costas, que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación”.

En la sentencia la Sala da validez al allanamiento de la Abogacía del Estado formalizado en el año 2019.

Ahora la Justicia da la razón a los colectivos y al concello de Pontevedra que decidieron impugnar la decisión sobre un conflicto que viene de lejos. Señala la Audiencia Nacional que, en virtud del artículo 32.1 de la Ley de Costas, se debe justificar que las instalaciones cuya prorroga se acuerda por su naturaleza no puede tener otra ubicación.

En el caso concreto, el tribunal indica que de acuerdo con la prueba pericial practicada se desprende que el agua dulce, en un determinado volumen, es un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo de las plantas de pasta de papel con blanqueo, como la de ENCE Pontevedra, así como la proximidad a recursos hídricos (agua salada o dulce) para la evacuación del vertido, "pero no que dichas plantas por su naturaleza o configuración, tengan que ubicarse en el dominio público marítimo terrestre, que es lo que exige el artículo 32.1 de la Ley de Costas".

Curiosamente, debido a la proximidad de la sentencia que hoy se ha conocido, la compañía hizo público un comunicado el pasado viernes en el que afirmaba que “la ingeniería Idom” les había hecho entrega (a ENCE) de “un informe que evidencia que no es posible el traslado de la biofábrica de Pontevedra”.

En la resolución de la Audiencia Nacional se rompe el argumento del informe presentado por la compañía al señalar que sus instalaciones “pueden situarse en las proximidades, pero fuera de dicho demanio costero”. Argumenta que ya sucede con otros casos como las fábricas de celulosa BHK, como las Torraspapel S.A en Zaragoza y Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A., junto a ríos donde evacúan el efluente; incluso, menciona la otra fábrica de ENCE en Navia, que según los peritos es equiparable a la de Pontevedra y que, aunque próxima, no se encuentra en el llamado demanio costero.

Persona non grata

Cabe recordar que la factoría objetivo de disputa está situada en el corazón de la capital de las Rías Baixas, ocupa una superficie 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre, dentro del término municipal pontevedrés y muy próxima a núcleos urbanos y zonas de vivienda y de la localidad de Marín.

Esta sentencia de la Audiencia Nacional supone, en la práctica, la consideración de ilegal de la prórroga concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy hasta 2073. De este modo, vuelve a contar el tiempo que ya estaba en marcha de forma que la Celulosa de Pontevedra tiene como fecha límite para ocupar los terrenos actuales el año 2033.

La resolución judicial llega después de años de disputas, discusiones acaloradas, de movimientos políticos que llevaron, por ejemplo, a declarar a Mariano Rajoy persona non grata por parte del Ayuntamiento de su ciudad cuando concedió la prórroga a ENCE, o más recientemente manifestaciones (la última el pasado día 4) contra la presencia de la factoría en la ría o intentos de agresión denunciados por el alcalde de Pontevedra contra un grupo de supuestos trabajadores. Incluso el máximo responsable de la compañía, Ignacio de Colmenares, en un vídeo interno llegaba a hablar de un riesgo real para la población.

Ahora el PP gallego queda en una posición incómoda, porque fue durante su mandato en Madrid cuando se adoptó esta decisión ahora sentenciado como ilegal por la Audiencia Nacional. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo y equipo autonómico se han mostrado siempre partidarios del mantenimiento de la biofábrica en la ría pontevedresa, alegando que su salida supondría la pérdida de cientos de puestos de trabajo, un dato este sobre el que nadie se pone de acuerdo.