Y llegó el día. Mañana está previsto que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados contra las sentencias de la Audiencia Nacional en las que se determinaba la ilegalidad de la prórroga concedida por el último Gobierno de Mariano Rajoy a la papelera que Ence tiene en la ría de Pontevedra.

Esto significa que, de dar la razón a quienes desde hace años litigan contra la empresa, la factoría de pasta de papel tendría que irse de su actual ubicación.

Desde el Ejecutivo central, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán ha dicho estos días en Galicia que, ante una sentencia, no existe “un plan A o B”, lo que hay es una “obligación de ejecutar la sentencia en los términos en los que esté". Y esto supone que, tal y como ha señalado, el Gobierno de Pedro Sánchez cumplirá lo que determine el Supremo con respecto a la ubicación de Ence.

Uno de los caballos de batalla de quienes defienden la permanencia de la planta en plena ría pontevedresa es el empleo. El alto cargo estatal aseguró sobre esto que está garantizado el "apoyo" a los trabajadores.

Precisamente ese aspecto es el que ha provocado episodios de tensión entre la plantilla y, en este caso, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. El regidor llegó a acusar al PP de estar detrás de la instrumentalización del apartado laboral para posicionarse con la empresa desde el primer momento.

Cabe recordar que lo que mañana ha de resolver el Supremo son los recursos contra los fallos judiciales que declararon ilegal la prórroga concedida en tiempos de Rajoy y que establecían la salida de Ence de la ría a finales de este mismo año 2023. Esas sentencias fueron favorables a los denunciantes, es decir, el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación para a Defensa da Ría de Pontevedra y la asociación ecologista Greenpeace.

Lo cierto es que la presión durante todo este tiempo ha sido enorme a favor de la prórroga declarada ilegal por la Audiencia Nacional.

Un traje a medida de Ence

La Xunta de Galicia es, según los denunciantes, la principal defensora de la permanencia de la pastera. Incluso la nueva ley de ordenación del litoral ha sido definida como si de un traje a medida se tratara para salvaguardar los intereses de Ence.

Estos últimos días la patronal estatal y gallega también se han posicionado con la administración autonómica y con la compañía. Así, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quiso desde Santiago el viernes apoyar de manera “explícita” a Ence, mencionando hasta 5.000 empleos en peligro, entre directos e indirectos.

Curiosamente, en esto coincide la patronal con el sindicato UGT, cuyo secretario general, Pepe Álvarez, mostró también su "preocupación" por la decisión que pueda tomar el Supremo, esperando que el tribunal “sea consciente de la importancia que tiene el empleo en estos momentos".

El número de empleos que dependen de la factoría pontevedresa es uno de los argumentos utilizados por una y otra parte. Lo que parece evidente es que esos “5.000 empleos en peligro” serían muchos menos, con cifras que van de los 400 a los 700 puestos de trabajo.

La votación que mañana está previsto que acoja el TS, además de por la presión del Partido Popular, la Xunta, la patronal, la empresa y los sindicatos, llegará precedida por la admisión a trámite de los escritos de la denunciada, a pesar de que desde diferentes sectores judiciales no se comprende la argumentación para ello.

No obstante, si todo va como debe, mañana será un día histórico para Pontevedra y su ría, sea cual sea la decisión del Tribunal Supremo.