La polémica que se cierne desde hace décadas sobre la fábrica de pasta de papel que la compañía Ence tiene en la ría de Pontevedra puede estar llegando a su fin.

Según ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el proóximo 7 de febrero tendrá lugar en el Tribunal Supremo la votación y el correspondiente fallo de los recursos de casación interpuestos por la dirección de la factoría. Los mismos se plantearon en su momento contra las sentencias de la Audiencia Nacional en las que negaba legitimidad a la prórroga concedida por el último Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Ence ha señalado este miércoles a la CNMV que dicha comunicación le ha llegado a través de dos providencias del Supremo de hoy y ayer. En ellas informa, tal y como indica la compañía, de que el objetivo del Tribunal es analizar los procedimientos seguidos a instancias de Greenpeace España y el Ayuntamiento de Pontevedra.

En esos procesos se declaró la nulidad de la mencionada prórroga de la concesión de dominio público marítimo terrestre en la que se asienta Ence, en plena ría de Pontevedra.

Las previsiones apuntan a que la decisión definitiva de los magistrados que ha de resolver un conflicto que viene de lejos y que está precedido de resoluciones condenatorias contra la compañía por la contaminación provocada en esta zona de la capital de las Rías Baixas, se conocerá en las semanas siguientes a ese 7 de febrero.

Cabe recordar que la controversia alrededor de la fábrica de celulosa se remonta a cuando se instaló en su actual ubicación, en el año 1963 inaugurada por el dictador Francisco Franco.

Al margen de las condenas por contaminar la ría, la última prórroga concedida por Mariano Rajoy provocó numerosas críticas, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Pontevedra le declaró persona non grata. Precisamente, el Partido Popular se ha quedado solo en la defensa del mantenimiento de la ubicación actual de la planta de Ence.

Presión hasta el límite

En el último año, tras las sentencias en contra de la Audiencia Nacional, se ha incrementado la presión contra el Ayuntamiento pontevedrés, cuyo alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, siempre ha defendido la salida de la factoría de la ría. En ese juego de presiones ha participado de manera activa la plantilla, que no ha dudado, incluso, en torpedear actos públicos del regidor y de su equipo de Gobierno e, incluso, con intentos de entrada a la fuerza en dependencias municipales, con acusaciones de agresión.

El Gobierno de España defiende la salida de Ence de la ría de Pontevedra, algo que ha criticado al Xunta de Galicia y el PP. Se da la circunstancia de que hace solo unos días se dieron más detalles desde el Ejecutivo autonómico de su anteproyecto de ley de ordenación del litoral de la Comunidad Autónoma. En él, además de contemplarse el impulso que conduciría a la creación de una red de establecimientos turísticos "al servicio de un turismo de calidad, diversificado y desestacionalizado" que favorezca "el desarrollo sostenible del litoral", según sus palabras.

En dicho texto se asegura que los establecimientos de la red "proporcionarán servicio de alojamiento de forma temporal a las personas usuarias del litoral", explicando además que “se creará a partir de la recuperación o rehabilitación de edificaciones preexistentes, de especial valor arquitectónico, histórico o cultural, situadas en el área de mejora ambiental y paisajística del litoral".

Asimismo, el anteproyecto de ley del litoral habla de actuaciones estratégicas refiriéndose a aquellas que “en ejecución de una competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, tienen lugar en el litoral y resultan esenciales para su desarrollo sostenible".

Curiosamente, en el listado de posibles inmuebles no se incorporan referencias a usos industriales, lo que ya se ha visto como un nuevo gesto del Gobierno 'popular' a la fábrica de Ence de Pontevedra.

En palabras del diputado del BNG Luís Bará este anteproyecto que trata de regular el litoral es una "enmienda a la totalidad" a la postura de la Xunta sobre Ence, que calificó como "verdadero caballo de batalla del PP en los últimos años” en esta materia. Para los nacionalistas Galicia debe tener derecho a la competencia sobre su litoral, pero al Gobierno autonómico parece solo importarle de verdad la continuidad de la fábrica de celulosa en su localización pontevedresa.