El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha respondido a las informaciones que le vinculan con el reparto a dedo de 458 millones de euros “en fraude de ley”. ElPlural.com ha contactado con la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía para conocer su versión de los hechos y el departamento ha reconocido las irregularidades -aunque habla de una ínfima parte-, así como un uso abusivo de contratos menores.
En las declaraciones remitidas a este medio, el Gobierno del responsable popular descarta que algún informe diga que Servicio Andaluz de Salud (SAS) “haya adjudicado” la mencionada cantidad “en fraude de ley”, sino que la cifra “se corresponde con la suma de todos los contratos menores en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021”. “En esas cuatro provincias se hicieron 295.914 contratos menores y los interventores han analizado solamente 573 contratos”, exponen las fuentes de la respuesta.
“Algunas salvedades”
La Consejería afea “extrapolar” lo que considera “algunas salvedades”, y acentúa que hacer esto a la “totalidad de los contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos están en fraude de ley es una absoluta falta de rigor”.
Asimismo, justifica que “el contrato menor es una figura legal válida para contratar” y que “en ningún caso se ha detectado desvío de fondos públicos”. De hecho, desde la administración aplauden que “esos contratos sirvieron para comprar medicamentos, prótesis o marcapasos que han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que ahora tienen un problema de salud resuelto”.
Fuera de la Ley de Contratación Pública
Sobre el margen legal, hay que explicar que la Ley de Contratación Pública permite que las administraciones se puedan saltar los controles reguladores de fiscalización y adjudicar a dedo de manera “excepcional” en supuestos “de urgencia” los llamados contratos menores que, eso sí, en ningún caso deberán superar los 15.000 euros -en caso de operaciones relacionadas con el suministro de servicios-, los 30.000 euros -cuando la actividad se corresponde con asistencia sanitaria- o los 40.000 cuando se refiere a obras.
No obstante, el SAS formalizó contratos menores de 5.000 euros, 15.000 y 30.000 según la prestación, siempre con las mismas sociedades mercantiles y “concatenando” cientos de documentos de carácter menor con el objetivo de “alterar” reiteradamente el objeto de los documentos y así “evitar la aplicación de los umbrales de la contratación menor que establece la legislación”.
A esto hay que añadirle que el Servicio Andaluz de Salud habría desobedecido también el artículo 29.8 de la Ley de Contratos Públicos a partir de la cual los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año “sin ser objeto de prórroga”, y es que en el presente caso los acuerdos no solo superaron el plazo en meses e incluso en años, sino que fueron también prorrogados “sin justificación”.
Reproches cruzados
El Ejecutivo de Moreno Bonilla tampoco ha escatimado en críticas al PSOE, dictando que fue el Gobierno andaluz “el que facilitó” a los socialistas “68 informes de auditoria en un ejercicio de transparencia sin precedentes en Andalucía” que el partido que a nivel nacional lidera Pedro Sánchez “está utilizando de forma tergiversada casualmente el día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores en el caso Faffe (un caso de 2011)”.
“El Ejecutivo andaluz lamenta que el PSOE promueva en sus redes sociales acciones de desinformación para tapar sus propios escándalos y emplaza a Juan Espadas a que reflexione y le dé al botón de STOP de la máquina del fango, con la que pretende embarrar el prestigio de la sanidad pública de Andalucía”, concluye la Consejería en las palabras remitidas a este periódico.
El PSOE había lamentado con anterioridad que la formación conservadora estuviera reproduciendo un hecho “obviamente denunciable” que “viene a confirmar el incumplimiento de las normativas de contratación pública, el abuso de la contratación de emergencia a dedo sin procedimiento a la sanidad privada, y ahora también la utilización de esta práctica fraudulenta”.
El secretario general del partido, Juan Espadas, calificaba lo sucedido como un nuevo “escándalo de abuso y derivación de recursos a la sanidad privada sin ningún tipo de control” y exigía depurar responsabilidades “de manera inmediata”.
Empresas beneficiadas
Las empresas que mejor salieron paradas de los acuerdos fueron Pfizer, Novartis, Roche, Janssen, Sanofi, Aventis y Bayer Hispania. También, aunque en menor medida, Grifols Movaco, Skyler o Diaverum.
ElDiario.es, medio que ha publicado las primeras informaciones, se ha dirigido a ellas obteniendo solo respuesta de Roche, Novartis y Sanofi. Ninguna de estas compañías valora los informes, asegurando que desconocen el documento.
