El Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó a dedo más de 458 millones de euros con fraccionamiento “indebido” de contratos para “eludir” la ley, según ha destapado la Intervención de la Junta de Andalucía, órgano de Hacienda que se ocupa del control interno de las cuentas públicas, y adelanta elDiario.es.
En concreto, como sucediera no hace mucho con la Comunidad de Madrid en materia de Educación, el organismo fiscalizador acusa al SAS de trocear documentos millonarios en cientos de contratos menores con el objetivo de “disminuir la cuantía” y justificar así la adjudicación a dedo a las misma compañía. Se trata de una práctica con la que el servicio público -y así lo deja patente la Intervención de la Junta- “infringe la ley”.
Fueron cuatro las provincias en las que el SAS habría actuado de esta manera, tal y como aparece en la información de la que se dispone en el momento de redacción de estas líneas. Así la cosas, el pasado mes de junio los auditores del Servicio en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén vertieron cuatro informes sobre fiscalización que resultaban “desfavorables. Sin embargo, el año al que se referían era el 2021, último que el órgano fiscalizador analizó y que hace alusión a las obras, bienes y servicios de aquella época. En cualquier caso, los informes no dejan lugar a dudas: se llevó a cabo un “uso abusivo” por parte de la autoridad competente y se utilizó un “contrato menor en fraude de ley”.
Contrato menor en fraude
En su análisis, la Intervención de la comunidad autónoma emite que la Junta prescindió “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de obras, bienes y servicios, fraccionando el objeto de los contratos” y rubricando “contratos menores con un plazo de ejecución superior a un año” en contra de lo que dispone la ley y eludiendo “informes y autorizaciones”.
Una cuarta parte de contratos menores
El número de contratos menores que se firmó entonces hizo saltar las alarmas. En concreto, en los 365 días los centros de los lugares mencionados plasmaron acuerdos por obras y servicios, así como por compra de bienes y suministros por 1.791,2 millones de euros.
Cerca del 27% de estos contratos (más de una cuarta parte) obedecen a contratos menores, aunque la fórmula fue especialmente escandalosa en Huelva, donde el porcentaje alcanza el 46,49%.
“Un mayor número e importancia de incumplimientos de legalidad respecto a la contratación menor de los centros periféricos” y “fraccionamiento masivo e indebido”. Este es el resumen que hace la entidad fiscalizadora del modus operandi por parte de la administración durante 2023 después de analizar una “muestra representativa de los expedientes de gasto”.
Supera con creces los 15.000 euros que marca la ley
La Ley de Contratación Pública es muy clara con este tema. Si bien las administraciones pueden saltarse los controles regulares de fiscalización y adjudicar a dedo de manera “excepcional” en supuestos “de urgencia”, los llamados contratos menores no pueden superar los 15.000, 30.000 o 40.000 en función del servicio que se preste. De manera más detallada, la primera cantidad obedece a operaciones relacionadas con los suministros y servicios, la segunda con prestaciones de asistencia sanitaria y la última con obras.
Lejos de esto, el SAS formalizó contratos menores de 5.000, 15.000 o 30.000 euros, según la prestación, con las mismas sociedades mercantiles y “concatenando” cientos de documentos de carácter menor para “alterar” de manera sistemática el objeto de los contratos con el fin de “evitar la aplicación de los umbrales de la contratación menor que establece la legislación”.
El órgano insiste en que tanto en los acuerdos alcanzados en Cádiz, como en Huelva, Córdoba y Jaén “se ha constatado la gran cantidad de contratos menores que se licitan con las mismas empresas, adquiriendo los mismos suministros con el mismo importe y por el mismo concepto, eludiendo publicar nuevas licitaciones públicas y vulnerando el principio de libre concurrencia”.
También desobedeció el SAS al artículo 29.8 de la Ley de Contratos Públicos, según la cual los conocidos como contratos menores no podrán tener una duración superior a un año “sin ser objeto de prórroga”; y es que en los documentos de las cuatro provincias no solo superan el plazo en meses e incluso años, sino que también fueron prorrogados “sin justificación”.
Siempre las mismas empresas
El “reiterado” abuso con este procedimiento impidió que otras empresas que quisieran presentarse para prestar determinados servicios del ámbito de la salud no pudieran siquiera presentarse a concurso, mientras que las compañías que escogió la Junta obtuvieron numerosos beneficios.
Abuso reiterado
Laboratorios, constructoras, diferentes firmas de tecnología clínica o farmacéuticas -de las más beneficiadas-salieron ganando con el procedimiento de la administración pública andaluza. En ocasiones, se llegaron a dar dos contratos menores al día con la misma firma y el mismo concepto, multiplicando claramente la factura inicial.
Las empresas que mejor salieron paradas de los acuerdos fueron Pfizer, Novartis, Roche, Janssen, Sanofi, Aventis y Bayer Hispania. También, aunque en menor medida, Grifols Movaco, Skyler o Diaverum.
ElDiario.es se ha dirigido a ellas obteniendo solo respuesta de Roche, Novartis y Sanofi, que no valoran los informes, asegurando que desconocen el documento. ElPlural.com, por su parte, ha escrito al departamento de Sanidad de la región.
En las declaraciones remitidaso, el Gobierno de Moreno Bonilla descarta que algún informe diga que Servicio Andaluz de Salud (SAS) “haya adjudicado” la mencionada cantidad “en fraude de ley” y apunta que la cifra “se corresponde con la suma de todos los contratos menores en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021”. “En esas cuatro provincias se hicieron 295.914 contratos menores y los interventores han analizado solamente 573 contratos”, exponen.
La Consejería afea “extrapolar” lo que considera “algunas salvedades”, y acentúa que hacer esto a la “totalidad de los contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos están en fraude de ley es una absoluta falta de rigor”.
De la misma manera, defiende que “el contrato menor es una figura legal válida para contratar” y que “en ningún caso se ha detectado desvío de fondos públicos”. De hecho, desde la administración dictan que “esos contratos sirvieron para comprar medicamentos, prótesis o marcapasos que han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que ahora tienen un problema de salud resuelto”.
"Sin ningún tipo de control"
El PSOE de Andalucía (PSOE-A) ha pedido explicaciones "inmediatas" al Ejecutivo de Moreno Bonilla. El secretario general del partido, Juan Espadas, subraya que lo aquí expuesto obedece a otro "escándalo de abuso y derivación de recursos a la sanidad privada sin ningún tipo de control".
Los socialistas aseguran que llevan "más de un año" exigiendo que se depuren responsabilidades. "Es un hecho obviamente denunciable y viene a confirmar el incumplimiento de las normativas de contratación pública, el abuso de la contratación de emergencia, a dedo sin procedimiento a la sanidad privada y ahora también la utilización de esta práctica fraudulenta", apuntala la formacion que a nivel nacional capitanea Pedro Sánchez.
Versión de la Junta: "No adjudicamos 458 millones en fraude de ley"
La Junta de Andalucía señala a ElPlural.com que es "completamente falso", en contra de lo que se afirma en el titular y en el primer párrafo de la noticia, que la Junta de Andalucía adjudicara 458 millones de euros en fraude de ley.
"Los informes de la Intervención analizaron una muestra de solo el 0,19% de los contratos del SAS en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Cádiz en 2021, es decir, 573 de un total de 295.914 contratos menores tramitados (...)", emite. Y añade: "La Junta de Andalucía considera que es completamente falto de rigor tomar algunas salvedades sobre el 0,19% de los contratos y extrapolarlas al 100%, dando la falsa impresión de un fraude masivo que no existe".
"Además, la conclusión del informe de fiscalización de Córdoba es modificada con salvedades, por lo que es también falso que los cuatro informes fueran desfavorables, como recoge el tercer párrafo de la noticia", concluye.
